Se cayó el financiamiento internacional
La informatización de la Justicia avanza, pero con complicaciones
La provincia perdió el año pasado el crédito aprobado por el Banco Mundial para completar el proceso, y debería volver a iniciar el trámite para intentar obtenerlo de nuevo.
De la primera etapa del programa previsto, sólo se completó el 70%.
Foto: Archivo/El Litoral
De la redacción de El Litoral
El proceso de informatización del Poder Judicial de la provincia, que tiene su primera etapa con un alto grado de ejecución y demandó hasta el momento una inversión de 5,4 millones de dólares, se enfrenta con serias dificultades de financiamiento para completarse, luego de que se tomara noticia del vencimiento del plazo para hacer uso del crédito habilitado por el Banco Mundial.
Aunque nunca llegó a trascender públicamente, la caída del crédito del Banco Mundial, notificado en marzo de este año por el Ministerio de Interior de la Nación, y la necesidad de contar de manera imperiosa con los fondos necesarios para no malograr los avances realizados en el proceso de informatización, fueron el principal motivo por el cual la Corte solicitó al gobernador Hermes Binner la audiencia que, finalmente, se concretó el 27 de junio pasado.
La notificación del Ministerio de Interior, en el sentido de que la fecha límite para la firma de contrataciones era el 31 de marzo de este año -y, por ende, los pliegos licitatorios respectivos debían haber sido publicados como máximo en diciembre de 2010- puso el broche a una larga secuencia de postergaciones, reuniones y comunicaciones cruzadas entre los distintos actores involucrados en la informatización total del Poder Judicial santafesino y habilitó una nueva etapa, de resultado incierto.
El documento ratificaba que el dinero del Banco Mundial con el que se contaba para completar el proceso ya no estaba disponible. Sobre esa base, en marzo de este año la Corte dictó una acordada reclamando al Poder Ejecutivo que se tomen los recaudos necesarios “para garantizar la continuidad y finalización del proyecto”. Ante la falta de respuesta, comenzó a reclamar la audiencia, a la que asistieron todos los ministros de la Corte y el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti.
¿Volver a empezar?
Según la información oficial del gobierno de la provincia, en la reunión se acordó que “se conformará un equipo técnico de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial para realizar gestiones ante el gobierno nacional y el Banco Mundial, organismo al que se le habían solicitado créditos para la informatización, a fin de obtener el financiamiento necesario que permita completar este proceso”.
La viabilidad de la renovación del crédito había sido anticipada a las autoridades judiciales por funcionarios del Banco Mundial, que llevaron a cabo una visita por esos días y consideraron satisfactorios los avances realizados.
Pero la promesa de formar equipos para empezar de nuevo todas las gestiones para acceder al préstamo era mucho menos de lo que esperaba la Corte, considerando que la inversión requerida para terminar está en el orden de los 2.250.000 dólares.
Esto significa unos 10 millones de pesos; cifra nada desdeñable, pero tampoco demasiado impactante en comparación con otras inversiones y aportes oficiales a instituciones santafesinas. Y que permitiría sacar provecho de la suma utilizada para la construcción de juzgados prototipo en cada fuero -que ahora deben ser replicados en todos los demás-, que representó más del doble de esa cantidad.
Una trama enrevesada
La informatización total del Poder Judicial se dividió en tres etapas, cada una de ellas con su correspondiente licitación internacional. La primera consistió en la construcción de un sistema de gestión para cada fuero y la puesta en marcha de juzgados “piloto” en cada uno de ellos, a lo que luego debe añadirse la adquisición del equipamiento para replicarlos en toda la provincia. La segunda etapa apunta a generar un sistema de documentación que permita a todos los magistrados acceder a una base de jurisprudencia, legislación y doctrina; y la tercera a un sistema de administración para todo el Poder Judicial.
La primera etapa es la única que ya fue adjudicada, en el año 2007. Su nivel de ejecución se encuentra cerca del 70 % y los fondos necesarios para completar la adquisición de los servidores de memoria para el resto de los juzgados son esos 10 millones de pesos que, según se suponía, iban a ser provistos por el Banco Mundial y que ahora la Corte reclama al gobierno provincial.
Señales de alarma
El proceso que llevó a la comprobación de que había caído la línea de financiamiento también fue complejo. La tramitación de créditos internacionales se monta sobre una compleja estructura de eslabones encadenados: el Poder Judicial, la Unidad Ejecutora Provincial, la Unidad Ejecutora Nacional, el Ministerio de Interior y el Birf (brazo del Banco Mundial).
Precisamente, luego de varios meses sin que hubiese novedades acerca de los llamados a licitación previstos, el Ministerio de Interior de la Nación respondió una consulta de la Corte, apuntando algunas deficiencias en la tramitación de una ampliación del crédito del Banco Mundial; luego de señalar que la misma tampoco era necesaria, por cuanto el monto dispuesto originalmente debía ser suficiente. Pero sobre todo que, más allá de todo eso, los plazos para acceder a la financiación ya estaban vencidos.
La nota está citada en la acordada Nº 12 de la Corte, del 15 de marzo de este año; la misma en la que reclaman al gobierno que garantice la finalización del proyecto y que, tras dos meses y medio, obtuvo como respuesta el compromiso de “formar un equipo técnico” para volver a empezar las gestiones crediticias.
