EDITORIAL

La plata y el poder

Santa Fe cerrará el año con un déficit que el peronismo provincial calcula en el orden de los $ 1.200 millones. Y la provincia le reclama a la Nación una cifra similar que la Casa Rosada debería mandarle a Santa Fe para cubrir el déficit previsional provincial, cifra que se acumuló desde 2007 porque la Nación no cumple con su obligación desde entonces.

El justicialismo acusa con registrada evidencia a la gestión socialista, por haber pasado del superávit al déficit; pero no todas las cuentas resisten una lógica partidaria. En los 90 el gobierno federal se hizo cargo de las cajas de jubilación de provincias con déficit y estableció un mecanismo de compensación para otros distritos -como Santa Fe o Córdoba- que se quedaron con sus propios sistemas jubilatorios; eso es lo que la Nación no cumple.

Pero además, Santa Fe, en un reclamo sin distinciones partidarias, pidió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le devuelva al menos parte del 15 % de su coparticipación federal. Por convenio, las provincias cedieron esa porción de sus recursos para financiar el déficit que se generaba por la creación del sistema de las AFJP; hoy el sistema privado no existe, la Anses tiene superávit y aquél acuerdo se venció, pero la Nación prorrogó unilateralmente el descuento.

El máximo tribunal posterga su decisión con prudencia menos jurídica que institucional o política. El gobierno nacional se jacta del desendeudamiento externo pero financia parte de su déficit primario y financiero -que tiene y no admite- con recursos de la Anses, a su vez financiada con plata de las provincias.

Resultado: los jubilados le prestan la plata a la Casa Rosada a tasa negativa (el gobierno devolverá, si lo hace, menos de lo que tomó como consecuencia de la inflación); Santa Fe debe cubrir con sus propios recursos lo que la Nación no le manda y el país obtiene una fuente de financiamiento que no compromete su soberanía y aporta al éxito del pragmático modelo, al menos en su inmediata contabilidad.

La razón legal le asiste a provincia. Pero también hay a favor de la Casa Rosada un fundamento macroeconómico que no tendrá legalidad pero sí una cierta legitimidad si se evalúa que, con sus pasos irregulares, el país evitó mayores costos financieros y preservó inversiones sociales, financiándose en parte con recursos los recursos de los jubilados y de las provincias.

Sin embargo no puede la ilegalidad justificar los fines, por muchos votos que se cuenten. La manera de equilibrar las cosas es la discusión en el Congreso de estas cuestiones, para que todos los bienes a preservar -el derecho santafesino, la soberanía nacional, las jubilaciones- se ordenen menos por las miserias partidarias o las discreciones de turno, que por la ley sancionada y administrada en orden a un valor superior.