Santa Rita II: la provincia no dice dónde reubicará a los ocupantes
El municipio abre el paraguas ante trascendidos de que serían trasladadas a terrenos de su propiedad: “Nuestra prioridad es la gente que hace las cosas bien”, dijo la secretaria de Gobierno. La directora provincial de Vivienda no se expresó “por una decisión del gobierno de bajarle el perfil al tema”.
De la Redacción de El Litoral
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El martes ocurrió en el norte de la ciudad lo que muchos vecinos temían y, al mismo tiempo, advertían: un plan de 180 viviendas del Plan Federal I, que empezó a construirse en 2006 pero no se terminó, fue tomado por la fuerza por miembros de la Corriente Clasista y Combativa. De esta organización, las familias que ocuparon viviendas fueron 90. Las otras -también 90- pertenecen a distintos barrios de la ciudad que aprovecharon el derribamiento del tejido perimetral y la ausencia de la policía para tomar una casa. Con ello, se produjo en la ciudad una usurpación de viviendas que no registraba antecedentes.
Cabe señalar que los vecinos de Santa Rita II reclamaron en varias oportunidades por la culminación del plan y, sobre todo, por la adjudicación de las unidades habitacionales a familias que bregan por un techo propio. También denunciaron el frecuente desmantelamiento de techos y el robo de aberturas y sanitarios.
La obra se frenó en 2007 por una combinación de situaciones: primero, los problemas con la empresa encargada de la obra, con la cual se logró la rescisión del contrato recién el año pasado; segundo, porque se requerían varias obras externas para una correcta urbanización. Es decir que el plan no cuenta con ningún tipo de servicio. Las familias que lo ocuparon, por las noches se iluminan con velas, buscan agua en bidones en los alrededores del barrio y cocinan a leña.
Esta mañana, El Litoral quiso entrevistar a la directora provincial de Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino, para conocer detalles del acuerdo rubricado ayer al mediodía con miembros de la CCC, como por ejemplo en qué terrenos se concretará la reubicación . Pero ello no fue posible, según explicó la vocera de prensa de la funcionaria, por “una decisión del gobierno provincial de bajarle el perfil a ese tema”. El arreglo para que el plan sea desalojado contempla el traslado progresivo de las familias a un terreno que les cederá la provincia para que, con materiales también aportados por el Estado, construyan sus propias viviendas.
Desde el municipio
Por otro lado, ante trascendidos que llegaron a oídos de funcionarios municipales vinculados a que los terrenos que estaría ofreciendo la provincia serían de su propiedad, la secretaria de Gobierno municipal, Adriana Molina, remarcó que “vamos a acompañar a gente que hace las cosas bien, es decir que siguen los pasos formales para acceder a una vivienda”.
“Nosotros nos enteramos de que estarían ofreciendo terrenos que son de nuestra propiedad a través de los medios. En ningún momento se nos convocó a la reunión de ayer. En la ciudad de Santa Fe hay más de 4.000 personas que no tienen vivienda y ni siquiera una porción de tierra para hacer una autoconstrucción, que son con quienes nosotros estamos trabajando hace años. Legitimamos la existencia de un registro de personas anotadas para los planes de vivienda”, dijo la funcionaria. Y agregó: “Si la provincia nos convoca, nos sentaremos y veremos qué podemos hacer. Pero nuestra prioridad es la gente que hace las cosas bien”.
Obra sin fondos
En la Cuenca Roca, en el norte de la ciudad, están emplazadas alrededor de 15.000 viviendas que no tienen infraestructura hídrica. Dentro de ese número están las 180 viviendas del plan construido en Santa Rita II.
Al respecto, el diputado provincial Héctor Acuña (PJ) trajo al presente una obra licitada en noviembre de 2010 y adjudicada en junio de 2011 por la provincia a la firma Ponce Construcciones que a la fecha todavía no comenzó.
Concretamente, se trata de la “Obra Infraestructura de Nexo Pluvial callejón Aguirre, avenida Peñaloza, callejón El Sable, avenida Aristóbulo del Valle y callejón Roca”. Los trabajos fueron adjudicados por una suma de 25.930.975,21 pesos y por un plazo de ejecución de 18 meses. A la licitación pública se presentaron 9 empresas. Al respecto, El Litoral pudo saber que la obra no comenzó por falta de fondos económicos.