Contratistas en alerta
“La situación de muchas empresas es terminal”
Lo aseguraron miembros de la CAC local. Calcularon que la deuda de la provincia es cercana a los 250 millones de pesos y que “no es una solución” para el sector la emisión de cheques de pago diferido.
De la redacción de El Litoral
La Cámara Argentina de la Construcción, delegación Ciudad de Santa Fe, respondió el anuncio del ofrecimiento que le efectuó al gobierno a los contratistas de obras públicas, para cancelar parte de la deuda mediante la emisión de cheques de pago diferido. En diálogo con este diario, el presidente de la institución, Adrián Dip, acompañado por los miembros de comisión, Norberto Allaio, Roberto Pilatti, Antonio Palumbo, Roberto Eizmendi y Lucio Franzoni, aclaró varios temas y alertó que el panorama para las empresas “es insostenible” a corto plazo.
—El gobierno provincial anunció la cancelación de parte de las deudas con contratistas con cheques de pago diferido. ¿Cómo sería la operatoria?
—En la última reunión con el gabinete de Infraestructura nos comunicaron una propuesta de pago: a partir de enero la provincia venía abonando hasta 30 millones de pesos mensuales con cheques corrientes y lo seguirá haciendo hasta junio, inclusive. A partir de julio seguiría pagando 30 millones mensuales hasta noviembre; en total 180 millones, con la siguiente modalidad: las obras financiadas por Rentas Generales mediante la emisión de cheques de pago diferido por un total de 107 millones, divididos en 5 cuotas, y las obras financiadas con fondos específicos como por ejemplo el Fondo Soja, con el excedente de los 30 millones mensuales.
—¿A cuánto asciende la deuda correspondiente a ese lapso?
—Está cerca de los $ 250 millones. Ocurre que el gobierno no incluye como deuda a las redeterminaciones de precios (mayor valor de las obras por encarecimiento de insumos y mano de obra) que si bien están pactadas por contrato tardan mucho en pagarlas, algunas hasta casi dos años. Tampoco estarían incluidos los trabajos ejecutados entre abril y junio, inclusive, aunque las empresas trabajaron a un ritmo menor en algunos casos.
—¿La entrega de los cheques es la solución para las empresas?
—Según la propuesta de la provincia, estamos seguros de que no. Actualmente, la provincia debe parcialmente certificados de obra ejecutados en noviembre y diciembre de 2011, y hasta marzo/2012. Proponen cancelar esta deuda hasta el mes de marzo con cheques de pago diferido o pagos en cuotas con vencimientos a partir de julio hasta noviembre inclusive. Todo esto con precios históricos, es decir sin actualizaciones de costos (redeterminaciones) y sin intereses. Con una inflación anual de entre el 25/30% y sin acceso al crédito bancario que a la par de escaso es muy caro, la situación de muchas de las empresas es terminal. De hecho muchos de los asociados de esta Cámara nos reclaman que como dirigentes hagamos urgentes gestiones tendientes a solucionar este grave problema, aunque por causa de su delicadísima situación económico-financiera, se vean compelidas a aceptar, al menos por el momento, las propuestas de pago del gobierno.
—¿Qué ocurrirá con los trabajos ejecutados de abril en adelante?
—No tenemos certeza de cuándo lo pagarían; creemos que sería a partir de diciembre, después de que entre el último cheque emitido, o tal vez en enero, con más cheques de pago diferido y luego de que paguen sueldos y aguinaldos y, nuevamente, sin redeterminaciones ni intereses. Esto es inviable para los tiempos que corren porque, a todo esto además, nosotros debemos sumarle que tendremos que afrontar en breve, una nueva negociación con los sindicatos cuyas mejoras va a rondar el 28% de aumento retroactivo al mes de abril y que lo tenemos que pagar ahora.
—¿Cómo definiría la actual situación?
—Nuestra situación a corto plazo es insostenible, por eso no entendemos la postura del gobierno de no querer reconocer este tipo de situaciones, que son muy claras y están llevando a las empresas a la bancarrota.
—La Legislatura autorizó emitir algo más de 550 millones de pesos. ¿Por qué no emiten las letras?
—Manifiestan que hay ciertas dificultades para la emisión, y como el tiempo sigue pasando, se acorta el límite para devolverlas. Además creo que piensan que el mercado financiero hoy requeriría tasas superiores a las que estimaban un par de meses atrás. Por otro lado los 180 millones para contratistas, con el esquema que plantea el gobierno, tiene un gasto financiero nulo para la provincia, aunque muy oneroso para las empresas. Le trasladan por segunda vez consecutiva al sector empresarial el riesgo y pago de los mismos. Recordemos que las empresas en primera instancia tuvieron que ceder los certificados a los bancos a tasas altísimas para poder seguir trabajando y ahora en segunda instancia, vamos a tener que volver a pagar intereses vendiendo los cheques para hacernos de efectivo. A nuestros obreros no les podemos pagar con cheque de pago diferido. Todo esto se traduce en una pérdida de capital de trabajo, que pone en riesgo la existencia de las empresas. Hoy por hoy, los únicos beneficiados con esta propuesta son la provincia y el sector financiero, quedando una vez más el sector productivo relegado a un segundo plano y al borde del quebranto. Recordemos que cuando se discutía la ley de las Letras, ante manifestaciones de legisladores opositores que querían saber el destino del endeudamiento, el gobernador Bonfatti declaró públicamente que será para el pago a proveedores y contratistas. Hoy ni siquiera nos estarían liquidando la deuda completa.
Adrián Dip, presidente de la CAC, delegación Ciudad de Santa Fe.
Foto: Mauricio Garín
“Discriminación K”
El senador provincial Lisandro Enrico (UCR-Gral. López)
dijo que el gobierno nacional “no deja de lado las prácticas discriminatorias, porque sólo recibieron aportes públicos las comunas vinculadas con el Frente para la Victoria”.
Enrico destacó que el vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Agricultura Norberto Yauhar repartieron en Casilda (Caseros), el 20 de junio, aportes públicos por $ 4 millones para departamentos del sur santafesino.
“El gobierno nacional ha discriminado a las comunas y municipios no vinculadas con el Frente para la Victoria, porque repartieron el dinero, aportes públicos y cheques, sólo en las comunas y municipios gobernados por el Partido Justicialista”.
“En el caso del departamento General López, sólo 12 pueblos y ciudades recibieron aportes: Amenábar, Murphy, La Chispa, Chovet, Diego de Alvear, María Teresa, Venado Tuerto, San Eduardo, Caferatta, Rufino, San Gregorio y Carreras. En todos, gobierna el peronismo”, subrayó.
“El dinero de los argentinos se sigue manejando discrecionalmente”, lamentó el senador radical.
Escenario futuro
—¿Es válido el Fondo Sojero?
—Las partidas llegan diariamente. Del total se coparticipa a municipios el 30%, quedando el 70% para la ejecución de obras provinciales, principalmente de salud, educación y viales. Hasta fin de mayo, Santa Fe recibió cerca de 300 millones. Si le restamos el 30%, le quedaron al gobierno 210 millones para financiar obras, y la proyección para el año es de recibir de la Nación 700 millones, aproximadamente. Es una muy buena fuente de financiación para la ejecución de obras.
—¿Qué panorama visualizan?
—Hemos solicitado audiencia con el gobernador. Necesitamos hablar con él. En estos días, reiteramos por tercera vez el pedido porque creemos que esto se soluciona no sólo con ingeniería financiera sino también con compromisos políticos. Creo que en estas épocas de crisis se deben tomar decisiones firmes y claras que cuiden tanto a las empresas locales, que pagamos nuestros tributos y reinvertimos aquí, como a los recursos provinciales. Y si el plan de obras no se puede llevar adelante por falta de recursos, que esto no arrastre a las empresas porque, junto con ellas, arrastran no sólo a los miles de obreros sino a cientos de profesionales, administrativos y proveedores.
