Editorial

Ampliación de la prisión preventiva

La Cámara de Senadores de Santa Fe acaba de dar media sanción a un proyecto que amplía la prisión preventiva para los acusados reincidentes. Si la norma se convirtiera en ley, los jueces no podrían otorgar el beneficio de la libertad a un imputado mientras se tramita su causa, si éste se encontrara investigado en otro juicio por un delito cuya pena mínima sea de cuatro años de prisión.

La norma viene generando lógicas discusiones. De hecho, la experiencia demuestra que difícilmente el endurecimiento de las penas o de las condiciones del proceso penal ayude a reducir los índices de delito. Incluso, algunos advierten que, de convertirse en ley, este proyecto estaría violando pactos internacionales de rango constitucional vinculados con la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, también es comprensible la posición de aquellos que consideran que, por lo menos, resulta arriesgado que un presunto reincidente goce de libertad mientras se tramita una causa penal.

El debate de este proyecto de ley en la provincia de Santa Fe se produce en un contexto particular. En primer término, por el escándalo que acaba de generarse a nivel nacional a raíz de la salida de la cárcel de internos que participan de actos organizados por una organización kirchnerista denominada “Vatayón Militante”. El caso más relevante fue el del exbaterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, quien a poco de ser condenado por el homicidio de su esposa pudo gozar de este privilegio gracias a sus vínculos con dicha agrupación política.

Por otro lado, hace años que en la provincia de Santa Fe existen fuertes reclamos hacia un sector importante de los integrantes del Poder Judicial, a quienes se les reprocha falta de contracción al trabajo. De hecho, el Colegio de Abogados local lo ha planteado en diversas oportunidades. Incluso, un reciente documentos del organismo expresa que magistrados suelen abandonar sus lugares de trabajo para dedicar ese tiempo a la docencia universitaria.

Tan manifiestos son los planteos en este sentido, que las críticas contra un importante sector de la magistratura se filtraron en el debate legislativo generado en la Cámara de Senadores.

Si la resolución de los procesos judiciales no demorara tanto tiempo, se reducirían las posibilidades de que un imputado de delito aparezca como sospechoso de un nuevo caso. Y si así ocurriera, seguramente no sería necesario discutir proyectos de ley como el que acaba de ser aprobado en la Cámara alta.

De todos modos, resultaría injusto volcar sobre los magistrados todas las responsabilidades por las demoras en los procesos. Si bien no todos muestran una verdadero apego a sus obligaciones, también es cierto que muchas veces no se trabaja en condiciones adecuadas para brindar un servicio eficiente. A las carencias humanas, se suman las falencias de infraestructura. Y las chicanas de abogados que estira los procesos hasta el agobio.

Se puede estar a favor o en contra del proyecto aprobado en el Senado, pero no se podrá evitar que estas discusiones sigan presentes.