EDITORIAL

Falta control sobre la telefonía móvil

Hace años que en la Argentina existen más líneas de telefonía celular, que de teléfonos fijos. Más aún, desde hace tiempo el número de celulares superó la cantidad de habitantes en el país y todo indica que el fenómeno continuará profundizándose.

Los avances tecnológicos, los cambios culturales y la instalación de nuevas redes de comunicación, se multiplican de manera exponencial. Sin embargo, no se observa el mismo nivel de desarrollo en materia de protección a los usuarios quienes, en muchas oportunidades, se sienten absolutamente desamparados ante la falta de control y los abusos cometidos por quienes lucran con este negocio.

Un informe recientemente dado a conocer por la Dirección General de Comercio Interior de la Provincia, revela que el 20 por ciento de las 3.407 denuncias recibidas en lo que va del año están vinculadas con la telefonía móvil. Les siguen las quejas por problemas con la compra de artículos del hogar, con los servicios bancarios y con las empresas que ofrecen telefonía fija.

Los abusos cometidos por las compañías de telefonía móvil también se reflejan en la tipificación de las denuncias recibidas por otros organismos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo de Santa Fe o las ONG dedicadas a defender a los consumidores.

Entre tantas irregularidades, durante los últimos tiempos comenzaron a surgir en la ciudad de Santa Fe casos que dejan al desnudo la escasez de controles que se instrumentan al momento de vender nuevas líneas de telefonía móvil. Todo indica que, en algunas ocasiones, ni siquiera se solicita un documento que acredite la identidad del comprador, por lo que resulta absolutamente sencillo obtener una línea bajo un nombre falso.

La Defensoría del Pueblo local recibió en los últimos tiempos distintas denuncias con estas características, mientras que la Oficina Judicial de Causas con Imputados No Individualizados de Santa Fe -conocida como Oficina NN y que funciona en los Tribunales- trabaja en la investigación de hechos similares.

En la ciudad se han dado casos de personas que tienen a su nombre hasta una veintena de líneas de telefonía celular que jamás adquirieron y que fueron compradas en otros puntos del país por individuos que falsearon su identidad.

El problema no es menor. Más allá de la evidente estafa, las víctimas de este robo de identidad corren el riesgo de verse involucradas en situaciones realmente embarazosas. Por ejemplo, ¿qué sucedería si la línea adquirida mediante nombre falso termina en manos de un delincuente y es utilizada para cometer un crimen?

La indefensión de las víctimas de estas estafas es prácticamente total, mientras las empresas de telefonía celular no tomen los recaudos mínimos al vender nuevas líneas. Aunque parezca descabellado, en algunos comercios o kioscos hoy es tan fácil comprar un chip de telefonía móvil, como un caramelo.

Mientras tanto, el Estado demuestra una llamativa incapacidad para controlar la situación y evitar que el problema continúe propagándose.