Agencia DPA

Las protestas que desde hace dos semanas sacuden la caribeña ciudad de Colón, 80 kilómetros al norte de Ciudad de Panamá, provocaron hoy el cierre de puertos internacionales y embotellamientos en distintos puntos del país, cuya capital amaneció bloqueada.

Los enfrentamientos entre manifestantes opuestos al plan del gobierno de vender terrenos estatales y agentes policiales afectaron al movimiento comercial en la Zona Libre de Colón (ZLC), en la caribeña ciudad del mismo nombre, y el transporte de contenedores por vía férrea, señaló la directora de Aduanas, Gloria Moreno.

Cifras preliminares de la Autoridad Nacional de Aduanas revelan que hay más de 200 contenedores retenidos en la ZLC, que tienen como destino Centroamérica, lo que afecta el comercio mundial. Los incidentes causaron el cierre de los puertos de Manzanillo y Colon Container Terminal, en Colón.

Durante varios días, las compañías portuarias no han podido recibir, almacenar y distribuir a países de Latinoamérica y el Caribe los contenedores a bordo de buques, ante la inseguridad imperante en Colón, escenario de tiroteos y quema de neumáticos.

El eje del problema

Los manifestantes rechazan la ley 72, firmada por el presidente Ricardo Martinelli, para la venta de tierras en la zona franca, que desde 1948 opera como una institución autónoma que arrienda los terrenos a comerciantes importadores y reexportadores de mercancía a Latinoamérica y el Caribe.

Tras los disturbios y el fracaso de un primer intento de diálogo, el gobierno envió este miércoles a sus negociadores a Colón, en espera de una salida al conflicto que alcanza a otras provincias, en medio de la escasez de alimentos y gas licuado destinado a cocinas. La capital panameña amaneció paralizada por los embotellamientos.

La iniciativa oficial de diálogo fue entorpecida por la muerte de tres personas el martes, en Colón, dos de ellas heridas de bala. En esa ciudad y en barriadas marginales, los habitantes han colocado barricadas y pancartas con lemas antigubernamentales, y exigen que sea abolida la ley 72 para sentarse a negociar.

El gobierno pareció dar un giro de timón la noche del martes, cuando la Presidencia oficializó una declaración de Martinelli, quien se encuentra en Japón. El comunicado señaló que “las tierras de la Zona Libre de Colón no serán vendidas”.

La declaración fue divulgada luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, dijera haber recibido instrucciones del mandatario en el sentido de aumentar de 35 al 100 por ciento el beneficio a Colón en el fideicomiso que será creado con la venta de las tierras de la ZLC.

Sin embargo, la Cámara de Comercio y el Frente Amplio de Colón, que encabezan las acciones de protesta, mantienen el paro iniciado el lunes. Los usuarios de la zona franca que pagan alquileres al gobierno no quieren que sean cambiadas las reglas de juego, porque temen quedar fuera del negocio.

Apoyo gremial

La ZLC alberga a más de 3.000 empresas y en 2011 facturó unos 29.000 millones de dólares en importación y reexportación de diversos productos, entre ellos electrodomésticos, medicamentos, relojes, licores, maquinarias y textiles. Hoy afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) bloquearon la capital panameña en respaldo a los manifestantes en Colón, un día después de que los estudiantes del Instituto Nacional se enfrentaran con piedras a la policía. Las carreteras están cerradas. Gremios y sindicatos en todas las provincias de Panamá anunciaron acciones para exigir la derogación de la ley 72, que interpretan como un artificio del gobierno para entregar bienes del Estado a manos extranjeras, como parte del inicio de un plan de privatización antinacional.