Más allá de los temas sobre seguridad

Benas con la mirada del oficialismo sobre ambos proyectos.

Foto: El Litoral

 

Mario Cáffaro

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En el último mes de sesiones ordinarias y más allá de los temas vinculados a la crisis en la seguridad tras la detención del ex jefe de Policía, Hugo Tognoli, en las comisiones de la Cámara de Diputados avanzó durante todo octubre la consulta a sectores implicados por proyectos y ahora llega la etapa de definiciones políticas, pulido de textos, como paso previo a la llegada al recinto para su tratamiento.

Dos de los temas que lograron fuerte consenso en el proceso de discusión en comisiones y podrían ser aprobados el jueves refieren a la expropiación temporal de la planta de Productora Alimentaria, ubicada en nuestra ciudad, para cederla en uso temporal a la Cooperativa de Trabajadores de Naranpol y la reforma al artículo 30 de la ley 6.427 que regula el Servicio Provincial de Enseñanza Privada y que apunta a quitar el subsidio a los empleadores que despidan docentes sin causa justa.

Avelino Lago (Producción y Trabajo) presentó en mayo el proyecto para ceder a una cooperativa de trabajadores la planta donde producía Naranpol. Desde ese entonces, la planta siguió cerrada pese a anuncios de reapertura con un nuevo titular y días atrás la justicia dictó la quiebra. La Comisión de Asuntos Laborales escuchó a Carlos de los Santos, a abogados de la empresa, a los trabajadores y a dirigentes gremiales. Verónica Benas (Pares) se ocupó de juntar la documentación obrante en el ministerio de Trabajo donde quedaron expuestas las maniobras de traspaso de activos y los diversos incumplimientos patronales. La última reunión fue con Marcelo Bleckmann, Osvaldo Giolongo, Javier Márquez y Cristian Farieri, integrantes de la Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada S.A. (en formación) los que explicaron el plan de negocio para la reapertura de la unidad productiva de Santa Fe. El miércoles pasado, Benas, Marcelo Picardi y Federico Reutemann (Producción y Trabajo); Demetrio Alvarez y Germán Mastrocola (Unión Pro Federal); Oscar Daniele (Encuentro), Bernardo Vega (100 por Ciento Santafesino) y el kirchnerista Leandro Busatto firmaron el dictamen favorable. Sólo el radical Darío Boscarol no puso su firma en el despacho que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso temporal del inmueble con sus maquinarias e instalaciones ubicado en la ciudad de Santa Fe, propiedad de la empresa Productora Alimentaria S.A. y se lo adjudica a la Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada.

Lago pidió preferencia para el jueves y para llevarlo al recinto deberá tener el dictamen correspondiente de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.

Subsidios a privadas

También en mayo, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, había ingresado un proyecto para sancionar a las escuelas privadas que reciben subsidios del Estado y así evitar que puedan despedir a los trabajadores docentes sin invocación de causa. La iniciativa contó con un fuerte apoyo de Sadop, tanto de Rosario como de Santa Fe, el gremio que agrupa a la docencia privada. La iniciativa apunta a modificar los artículos 30 y 31 de la Ley 6.427 sobre el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. “Desde nuestra concepción todo despido sin invocación de causa es arbitrario puesto que, más allá de la reparación que intenta lograr la indemnización, priva al trabajador de conocer cuáles son las causas por las que queda sin trabajo” explicó entonces Rubeo.

La Comisión de Educación escuchó apoyos y críticas a la iniciativa. Estas últimas llegaron de numerosos representantes de institutos ligados a la Iglesia Católica. Finalmente el expediente fue dictaminado el miércoles por Educación con la firma de Benas, Joaquín Blanco (Partido Socialista); Patricia Gazcué (Corriente Federal) y Aliza Damiani (bloque Kirchnerista). Por distintas razones, la presidenta de la comisión, Rosario Cristiani (Santa Fe para Todos), Adriana Panella (Encuentro) y Juan Carlos Millet (UCR) no estamparon sus firmas.

El expediente debe atravesar dos comisiones para llegar al recinto el jueves donde tiene preferencia. Los que apoyan el proyecto y la dirigencia de Sadop pretenden que los cambios sean sancionados antes de fin de año, época en la que se producen los despidos en los colegios privados.

El texto dispone que ante todo despido sin causa se aplicarán las disposiciones vigentes para los casos de “despidos sin expresión de causa” establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo y en estos casos el Director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada dispondrá la quita del aporte estatal para el cargo que ocupaba el docente despedido. Establece además que durante la vigencia de la quita del aporte estatal, “en ningún caso podrá incrementarse el porcentaje, ni el monto total del aporte estatal, conforme a la autorización e incorporación vigentes al momento del despido incausado, con excepción de aquellos en los que se produjera crecimiento de cursos/grados por promoción o por avance”.

Por último, se determina que en los casos de cambio de planes de estudio o supresión de cursos, grados, divisiones o especialidades, aprobados por resolución del Director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, la relación laboral se regirá de acuerdo a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Ambos proyectos tienen tratamiento preferencial para la próxima sesión. Hubo sustanciales avances en el tratamiento de ambas iniciativas en comisiones.

Avisos oficiales y trabajo decente

La Comisión de Asuntos Laborales de Diputados también avaló con su dictamen el proyecto de ley de Verónica Benas (Pares) que promueve que el gobierno de la provincia sólo paute avisos de publicidad en los medios que cumplan con la legislación laboral. La iniciativa hace operativo el artículo 64 del Estatuto del Periodista y había sido presentado originalmente por Antonio Riestra y este año reingresado por Benas.

El proyecto podría llegar al recinto el 22 de noviembre.

El artículo 64 del Estatuto del Periodista Profesional establece que “las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido previamente las disposiciones de esta ley, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y todo la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”.

Para que esta cláusula cobre vigencia es necesario una adhesión de los gobiernos provinciales. “Buscamos poner en manos de los trabajadores de prensa y el Estado una herramienta jurídica que sirva para promover una mejora en las condiciones laborales en los medios de comunicación, ya que en este ámbito el trabajo decente se traduce en más y mejor información para el conjunto de la sociedad”, aseguró Benas.

Avelino Lago es el firmante del proyecto sobre el futuro de una planta de Naranpol.

Foto: El Litoral