Más allá de las denuncias de Lanata
Más allá de las denuncias de Lanata
La macrocorrupción
Sergio Serrichio
A casi diez años de gestión kirchnerista, la acumulación de indicios y evidencias de corrupción es tan abrumadora como la escasa disposición de la Justicia a investigarla y la férrea determinación oficial a negar, ocultar e intentar evadir las consecuencias de un accionar que ya alcanzó dimensiones macroeconómicas.
La sola enumeración de escándalos de corrupción es espantosa.
Desde las dádivas que recibió, los lujos inexplicables que se dio y los multimillonarios subsidios que manejó durante cinco años el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hasta la bolsa de dinero en el baño ministerial de Felisa Miceli. Todo mientras la infraestructura del transporte se deterioraba hasta la decadencia, como mostró trágicamente la masacre ferroviaria de Once.
Desde la valija cargada de dólares del valijero venezolano Guido Antonini Wilson, hasta los negociados en el comercio bilateral con Venezuela que denunció el ex embajador Eduardo Sadous.
Desde la transformación de un organismo de Derechos Humanos (la Asociación Madres de Plaza de Mayo) en una constructora mediante la cual una Fundación de objetivos loables (la Misión Sueños Compartidos, para la construcción de viviendas sociales) recibió fondos por 765 millones de pesos y créditos presupuestarios por más de 1.200 millones, que nadie controló y de los que nadie se hace responsable, hasta los aportes financieros a la campaña presidencial 2007 de Cristina Fernández de Kirchner de droguerías investigadas por vender medicamentos truchos.
Desde la venta del 25 % de YPF promovida por Néstor Kirchner y realizada por Repsol a la familia Eskenazi (dueña de los bancos de Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos, en todos los casos por operaciones hechas al calor del kirchnerismo) a través de una compañía radicada ¡¡¡en Australia!!! y mediante un contrato que permitió (entre 2008 y 2011) distribuir 142 % de las utilidades de la compañía, hasta el Boudougate, en el que el vicepresidente de la Nación fogoneó el “rescate” de Ciccone, la empresa que imprime la moneda argentina, por parte de un inverosímil monotributista, y cuando el negociado salió a la luz, el gobierno resolvió, igual que en el caso YPF, reestatizar la compañía y “recuperar” soberanía.
El gran vehículo
Ninguno de los ejemplos anteriores alcanza, sin embargo, la dimensión del gran vehículo de corrupción del último decenio: los sobreprecios en la Obra Pública. El gráfico adjunto, elaborado por el economista Federico Muñoz, muestra la evolución de dos variables “macroeconómicas”,
De un lado, la del valor presupuestario de la obra pública a precios constantes (esto es, despejada la inflación), que elabora la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio de Vido. Y del otro, la de la obra pública medida en términos físicos. Esto es, una suerte de síntesis de cuántos puentes y kilómetros de rutas se construyeron, cuántos de tendido eléctrico, de gasoductos, etc., que surge de promediar dos rubros del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) que publica el Indec: Obras Viales y Obras de Infraestructura.
Evolución comparativa
Para comparar la evolución de ambas variables, Muñoz tomó como punto de partida , o “base”, el año 1993. El gráfico resultante muestra que hasta 2004 ambos indicadores fueron más o menos en sintonía. Ambos reflejan, por ejemplo, la recesión del fin de la convertibilidad. A partir de 2003 ambos índices van para arriba. Es lógico, diría el relato: se hizo mucha obra pública. Pero mientras ésta se duplica en términos físicos, en términos presupuestarios (excluida la inflación) se cuadruplica. La inmensa brecha que se abre entre ambas curvas resulta de que, en promedio, en los últimos diez años el costo medio de la obra pública por unidad física se duplicó.
No hay que ser muy perspicaz para intuir que la principal razón de esa brecha son los sobreprecios. Un fenómeno sobre el que hubo muchas denuncias e indicios (caso Skanska, construcción de cárceles, reparaciones ferroviarias, tendido eléctrico, planes de vivienda) pero que sólo el impacto del programa de TV de Jorge Lanata, al mostrar la desfachatez de un Leonardo Fariña o el enriquecimiento de un Lázaro Báez, convirtió en tema diario de conversación. Que ese canal de corrupción se refleje en las variables “macro” es inédito. Ni el menemismo lo había logrado. Son sumas de dinero asombrosas. En 2012, por caso, la inversión pública en la Argentina fue del 4,5 % del PBI, unos 90.000 millones de pesos. Cualquier porcentaje de “mordida” son miles y miles de millones.
Malas noticias, peores compañías
Son casos en los que las coimas fueron reconocidas en sede judicial, pero ni la justicia ni el ejecutivo de la Argentina se dieron por enterados.
No es casual que en la era kirchnerista la Argentina haya seguido descendiendo en los rankings internacionales de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, una ONG con sede en Berlín. Ni es halagador que otra ONG -100 reporters, que investiga la corrupción en todo el mundo-, haya puesto a nuestra presidenta en su “kleptowatch list” (esto es, en su observatorio de cleptócratas), junto a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; Guinea Ecuatorial, Teorodo Obiang; Zimbawe, Robert Mugabe; Nigeria, Goodluck Jonathan, y Kazakstán, Nursultan Nazarbayeb.
Juan Manuel Abal Medina y Julio De Vido.
foto: DYN