Una decisión política que genera dudas sobre sus efectos jurídicos

Macri firmó un decreto que busca proteger a la prensa

 

Sorpresivo decreto de necesidad y urgencia del jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Una reacción ante el avance del kirchnerismo contra los medios de comunicación.

De la redacción de El Litoral

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El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), cuyo fin es poner a la jurisdicción que gobierna como escudo protector de los embates del gobierno nacional sobre la prensa.

Macri invitó a los gobernadores de las provincias argentinas a adoptar legislaciones similares, y acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de tener “la clara intención de que no haya prensa libre”. A sus “colegas” les indicó: “La Constitución es muy clara y nos obliga a actuar en defensa de la libertad de prensa y de nuestra democracia”.

El DNU -que irá a la Legislatura porteña- se anunció en medio de versiones periodísticas sobre la posibilidad de que la Nación decida intervenir (por vía de la legislación sobre el mercado de capitales) al grupo Clarín.

El titular del gobierno porteño anunció que se creará un fuero especial que proteja a “periodistas y medios de comunicación” y que hasta entonces esas funciones serán asumidas por la Corte de esa ciudad.

“El Tribunal Superior de Justicia deberá decidir qué es de mayor envergadura: la libertad de expresión o una ley del mercado de capitales”, planteó Macri y agregó que ese organismo actuará “caso por caso” para definir “medidas de protección”.

Macri expresó su repudio al proyecto del kirchnerismo para tomar el control de Papel Prensa y a la eventual intervención del Grupo Clarín, por lo que luego llamó a los gobernadores a “actuar en defensa de la libertad de prensa”.

“En términos prácticos, este decreto afirma la autonomía de la ciudad en este tema y enmarca una protección para los periodistas y los medios de comunicación en nuestro territorio”, explicó el mandatario.

El DNU que firmó Macri establece que “corresponde a la ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y servicios de difusión orales, gráficos, electrónicos o de cualquier otro tipo, de los medios de comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren en la ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad”. “Ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación con domicilio en la ciudad”, agrega el texto.

Democracia o autoritarismo

En conferencia de prensa, el jefe comunal denunció que “nuestra presidenta (Cristina Fernández) tiene la clara intención de que no haya prensa libre y de que todos los medios sean del gobierno” y alertó que “eso daña nuestra democracia”.

“Hay quienes creen que en democracia el que gana la elección hace lo que quiere y tiene derecho a quedarse con todo el poder, pero ése no es el espíritu de la democracia, es el espíritu del autoritarismo”, afirmó.

Aseguró que observa “una aceleración del plan del gobierno nacional de hostigar y silenciar a los periodistas y los medios independientes que aún quedan”.

respaldo opositor

Hermes Binner, Elisa Carrió, Fernando Pino Solanas y Francisco De Narváez apoyaron el decreto enviado por Mauricio Macri a la Legislatura porteña, subraya el diario La Nación.

El líder del FAP, Hermes Binner, subrayó que “Estamos ante una medida que protegerá hechos de vandalismo que son antagónicos para una sociedad democrática. Apoyamos la defensa de los medios y periodistas. Los medios llevan adelante una acción imprescindible para la sociedad”, afirmó, en diálogo con TN el ex gobernador de Santa Fe.

“Nosotros queremos una sociedad democrática donde se puede disentir”, dijo el dirigente socialista.

El tándem Elisa Carrió y Pino Solanas adhirió al proyecto de Macri, al afirmar que el gobierno nacional “pretende dar un paso más en el proceso de concentrar medios”.

“Hoy la libertad de expresión está gravemente amenazada y a punto de ser aniquilada”, dijeron.

Sólo objetaron que la vía para defender a los medios “haya sido un decreto y no un proyecto de ley”. “La intervención amenaza a la existencia de la pluralidad de medios, se pretende dar un paso más en el proceso de someter a la opinión pública a un pensamiento único, silenciar los canales de expresión a los que pueden recurrir las fuerzas políticas opositoras y, de esa manera, encubrir la corrupción generalizada que afecta al gobierno nacional”, agregaron.

De Narváez, en tanto y a modo de apoyo hacia su ex socio, aclaró que “Cristina Kirchner es autoritaria y toma decisiones propias de una dictadura. Sus actitudes atentan contra la libertad, la Constitución y los derechos de las personas. Hay que ponerle un límite”, dijo.

El jefe de gobierno porteño planteó una trinchera ante el proyecto de estatizar Papel Prensa y las versiones sobre una intervención al grupo Clarín. Foto: DyN

opinión

Demasiado autónoma

Domingo Rondina (*)

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) envió a la Legislatura local un proyecto sobre Libertad de Expresión (LdeE) al que le dio formato de decreto de necesidad y urgencia, para que rija mientras la Legislatura tramita la sanción legal.

La regulación de LdeE es muy buena, básicamente transcribe las normas de los tratados internacionales sobre el tema. La protege frente al Estado, pero no tanto frente a los mismos medios (como, por ejemplo, el derecho a réplica).

Además intenta construir un paraguas normativo para proteger a todos los medios de comunicación con sede en la Ciudad capital. Intenta impedir toda regulación y la misma ciudad se compromete a no regularlos nunca (art. 12 y 20). Tanto el Tribunal que establece (art. 25 y CT), como las prohibiciones de regularlos dirigidas al Gobierno Nacional (art. 11) parecen simplemente un inconstitucional alzamiento de un Estado federado contra la Nación.

Es cierto que el art. 32 de la CN establece que el Congreso Nacional no puede afectar la libertad de imprenta (in extenso: los medios de comunicación), y sólo las provincias podrían regularla.

Pero abruma la amplitud con la que se regula (arts. 13, 15 a 17 y 19): el Estado Nacional no puede expropiar inmuebles ni muebles, regular la importación, ni establecer impuestos, ni designar directores societarios aunque tenga acciones, ni pedir medidas cautelares judiciales, y ni siquiera realizar controles.

Una cosa es que la Federación no pueda regular la imprenta y otra es que no pueda regular las sociedades, las concentraciones oligopólicas, las transmisiones en espacio aéreo, o expropiar por utilidad pública, etc.

Pero todo parece más una maniobra de propaganda política. Y una nueva decepción para los argentinos que vemos que a la oposición tampoco le importa la Constitución Nacional.

(*) Abogado constitucionalista. Especial para El Litoral