Los damnificados reclaman una solución urgente

Rafaela: casi 1.200 lotes no pueden escriturarse

A partir de la reglamentación de la Ley 11.717, se interrumpió el mecanismo de habilitación de loteos que se aplicaba en la ciudad. varios desarrollos urbanos quedaron en situación irregular.

Agencia Rafaela

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La reglamentación por parte de la administración Bonfatti, en mayo del año anterior, de la Ley 11.717, sobre uso del suelo, interrumpió abruptamente el mecanismo de habilitación de loteos que se aplicaba en la ciudad y dejó en situación irregular a un gran número de desarrollos urbanos que estaban en ejecución o en gestión con anterioridad a su vigencia. Afectó directamente a quienes habían reservado, e incluso pagado, su terreno al no poder contar con el instrumento legal que acredita su propiedad.

A pesar de las reuniones mantenidas entre la provincia, municipio y los empresarios inmobiliarios, hasta el momento, no se encontró una salida a este problema y los perjudicados, cansados por la demora, llegaron al Concejo para hacer oír su voz.

Hasta la entrada en vigencia del decreto reglamentario 101/03 de la Ley provincial 11.717 que obliga a la realización de un estudio de impacto ambiental de los proyectos urbanizadores, la aprobación de los mismos -de acuerdo con las facultades delegadas a los municipios por la misma Ley antes del decreto- se otorgaba en base al Código Urbano local, un compendio de avanzada en la materia y luego se enviaban a Catastro provincial para su registración.

El pedido desde la ciudad fue que para los proyectos en marcha, la provincia los exceptuara de la exigencia y a partir de las nuevos se aplicara con todo rigor la ley, pero desde el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente se mantuvieron inflexibles.

Situación actual

En un primer momento, las negociaciones giraron en torno de la provisión de agua potable y es conocida la insuficiente cantidad del vital líquido que dispone la ciudad, aunque el inconveniente quedó solucionado a partir de un canon que se destinará a un fondo, administrado por el municipio, para el montaje de Plantas de Ósmosis Inversa que abastezcan de agua a las nuevas urbanizaciones, a pesar del reproche de los loteadores quienes sostienen -con razón- que la inversión y la obligación del servicio le corresponde la provincia.

Otro tema resuelto en la cuestión sanitaria fue que en aquellos lugares adonde no llega la red cloacal se permitirán los pozos ciegos.

Lo que siguió en la discusión fue el impacto hídrico que generarán los nuevos loteos y es el punto más controvertido porque los empresarios rafaelinos sostienen que desde Medio Ambiente se le fue subiendo cada vez más la vara.

El nudo de la cuestión está en lo que se denomina recurrencia de lluvias. En un primer momento desde la provincia se pidió que el escurrimiento e impermeabilización del terreno soporten una precipitación que extraordinariamente se produce cada 50 años, pero más tarde se elevó a 100 años, para lo cual no existen registros.

La última demanda desde la cartera encabezada por Antonio Ciancio fue el análisis y los trabajos necesarios para que la acumulación de agua que se produzca en cada loteo tengan impacto hídrico “cero” en las tierras que están más abajo en la pendiente.

Este requerimiento, en particular, es el que mayor tiempo puede demandar para que los estudios de impacto ambiental de los desarrollos urbanos frenados puedan ser presentados en la provincia debido a que la ciudad y la región no cuentan con la cantidad de técnicos necesarios para llevarlos a cabo con mayor celeridad.

Desde las empresas confían en que con viento a favor en diciembre puedan comenzar a celebrarse las primeras escrituras entre los desarrolladores y quienes adquirieron terrenos, salvando la situación que ya lleva más de un año y medio de desgastante espera. Otros menos optimistas fijan la fecha recién para febrero de 2014.

Movilizados

El desgaste producido por la solución de un problema que se ha extendido más allá de lo prudencial hizo mella en el ánimo de los perjudicados y con la paciencia agotada decidieron dejar la pasividad en la que venían manteniendo el reclamo y sin importar de quién es la responsabilidad comenzaron con un enérgico pedido a las autoridad más cercana.

Algunas situaciones llegan al extremo de que muchos de quienes no pueden hoy escriturar están a punto de perder créditos Procrear ya otorgados, algunos temen perder lo invertido y otros lamentan haber invertido gran parte o todos sus ahorros. El lugar elegido para iniciar el pedido fue el Concejo Municipal y un grupo de treinta damnificados se presentó en la sesión del pasado jueves para dialogar con los ediles a quienes también entregaron una nota en la que exigen que el Estado local sea protagonista decisivo de la solución del problema.

El encuentro finalizó en buenos términos y con el compromiso de los concejales de convocar a una reunión de todas las partes para los primeros días de la próxima semana.