Un freno al acoso escolar

  • Los casos de bullying crecieron de manera notable y las redes sociales los volvieron más visibles. El Congreso Nacional aprobó una ley que promueve espacios para abordar este tema con participación de alumnos, docentes, directivos y padres.

Las imágenes de la joven de 14 años que fue brutalmente agredida días atrás en la localidad bonaerense de Quilmes, con cortes en su rostro y su cuello, impactan. Hace apenas unas semanas conmovía la indefensión de un chico con retraso madurativo que era prácticamente apaleado por sus compañeros de escuela mientras uno de ellos registraba la escena y la subía a las redes sociales. Por linda, por fea, por inteligente, por tener una discapacidad, por profesar otra fe, por tener la piel de otro color, por gay, por lo que pueda parecer diferente en un universo en el que la particularidad es la regla, puede iniciarse una agresión que lastima, hiere la autoestima o incluso termina con la vida de un chico.

El acoso escolar se ha convertido en un tema de enorme gravedad y preocupación en nuestro país y en otras partes del mundo y el crecimiento de las redes sociales ha terminado de consolidar su visualización: las agresiones se cometen, se registran y se difunden.

También conocido como bullying, se trata de un comportamiento agresivo e intencional entre pares que se produce por un desbalance de poder. Y se sostiene en la complicidad de otros pares pero también en la indiferencia de quienes -por no saber cómo actuar, por miedo o por apatía- prefieren mantenerse al margen de la situación.

Por eso la ley sancionada por el Congreso Nacional hace escasos días y cuyo objetivo es prevenir la violencia, y promover la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas, incluye a todos los protagonistas al definir instancias de participación en las que la comunidad educativa, incluidos los padres, se involucren en la resolución de los conflictos. Al mismo tiempo se establecen sanciones educativas, graduales y progresivas que en todos los casos garantizan el derecho a la educación del acosador.

De acuerdo con estadísticas desarrolladas por diferentes organismos, se tiene que en nuestro país el acoso escolar es una problemática que afecta a una cantidad de chicos y chicas superior al resto de la región, en tanto que es tema de preocupación para un porcentaje llamativamente alto de argentinos.

La norma sancionada en estos días resulta valiosa porque visibiliza el acoso como una problemática seria a abordar, tanto por sus efectos sobre la salud física y psíquica de sus víctimas como por las consecuencias que esta conducta tiene sobre el aprendizaje, y porque aporta o promueve la implementación de herramientas que permitan abordarlo: en general, ni docentes ni padres saben, mayoritariamente, cómo reaccionar ante estos casos.

Mientas tanto conviene no perder de vista que el acoso o bullying es una expresión de violencia, que como toda agresión deja secuelas y que es una conducta aprendida sobre la que no se puede permanecer indiferente. La ley no alcanza, por sí sola, para prevenir y resolver los conflictos. Pero mientras se avanza en su puesta en marcha efectiva, será interesante analizar qué lugar ocupa la intolerancia en el conjunto de la sociedad, más allá de los límites escolares.

En nuestro país es una problemática que afecta a una cantidad de chicos y chicas superior al resto de la región, y tema de preocupación para un porcentaje llamativamente alto de argentinos.