La Corte y un fallo que hace más de lo que dice

Gustavo J. Vittori

Hay que reconocer que durante años los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldaron con fallos la calificación de “jueces de lujo” que le acordara el mundo político e hiciera suyo el gran público. Ese reconocimiento comenzó a resquebrajarse con la virulenta campaña lanzada por el kirchnerismo contra el máximo tribunal de Justicia del país a partir de decisorios que indigestaron a los habitantes de la Casa Rosada.

No obstante, el alto cuerpo resistió el asedio, mientras se reproducían los denuestos en los medios oficialistas, la presidenta disparaba munición gruesa contra la Justicia desde la tribuna, los militantes organizaban movilizaciones frente al palacio de Tribunales, y Hebe de Bonafini los maltrataba de palabra en la puerta de ingreso a sus oficinas de trabajo.

Las fisuras comenzaron a producirse con los proyectos de reforma de la Justicia y, sobre todo, con el que secaba la caja del Poder Judicial. Esa amenaza venció la resistencia de los jueces supremos y abrió el camino para un acuerdo exteriorizado por la pirueta del gobierno que le restituyó la autonomía financiera a la Corte luego de enviar al Congreso un proyecto de ley que le transfería el manejo de esos recursos al Consejo de la Magistratura.

Esa situación ayuda a comprender un fallo que sorprendió a muchos y cuyo nervio no alcanza a ser disimulado dentro de las publicitadas cuatrocientas fojas de fundamentaciones. El chajá también parece un ave voluminosa hasta que se la despluma y aparece su pequeño cuerpo.

Es cierto que el tono empleado por los jueces es equilibrado, pero en este trámite no hay ingenuidades. Por lo tanto, el pedido al gobierno de que obre con prudencia, buena fe y apego a las normas sustantivas y de procedimiento, recuerda a las preocupaciones de las hermanas del Pibe Cabeza por sus inclinaciones non sanctas. Entre tanto, lo real es que la Corte le ofrece al gobierno con su sentencia una ventaja táctica para que avance hacia su objetivo de estrangular el espacio de comunicación que más lo perturba. De aquí en adelante, las incidencias tribunalicias se multiplicarán con la discusión de cada paso del procedimiento legal de desinversión, pero en el terreno de los hechos, el gobierno tiene las manos libres para operar a sus anchas y después discutir las consecuencias en sede judicial. Para predecirlo no hace falta ver debajo del agua. Basta con revisar los antecedentes inmediatos de sentencias de la Corte ignoradas por el gobierno.

De modo que el sonsonete de la ampliación de voces terminará en la práctica con una sensible reducción de la libertad de expresión. La negada afectación del principio de la libertad de prensa tuvo su primera manifestación poco después de conocida la sentencia judicial con el derrumbe del valor de las acciones del grupo Clarín, situación que activó los mecanismos de respuesta de la Bolsa cuando la baja perforó el piso técnico de seguridad. Esa destrucción de patrimonio atenta sin disimulo contra una libertad de prensa que para ser efectiva y operativa necesita del respaldo de organizaciones económicamente sólidas. De modo que la primera reacción del mercado accionario echa por la borda ciertas teorizaciones del fallo. Diga lo que se diga, el daño inferido a la libertad de prensa es real y tangible, y sus efectos se transferirán con rapidez a la escena pública de nuestra imperfecta democracia.