Mirada desde el sur

Moreyra y Rousseau asesinados

Es urgente hablar del tema del pibe muerto a patadas, a sopapos y a palazos en venganza por algo que todavía está por determinarse si hizo o no hizo y, en todo caso, si se determina que lo hizo, el final no era ése. Presunción de inocencia, detención, juicio, etc. Juzgar todo según el caso Moreyra significaría quedarse en lo particular. Hay dos o tres cosas que es necesario que entendamos para tratar de conocer mejor lo que nos pasa.

Hace mucho tiempo que en nuestras repúblicas, devenidas de Europa, se decidió (se decidió en el siglo XIX) que hay cuestiones que nos son comunes y no debemos olvidarlas. Para frenar, para impedir que cualquiera tome venganza por algo que le pasó decidimos firmar un contrato. Es decir, Juan Pérez tiene la pistola al cinto y ninguno de nosotros tiene una pistola al cinto; nosotros lo habilitamos. Juan Pérez se maneja según estas leyes, esta Constitución, estos códigos y jura defenderlos. Nosotros sabemos que si transgredimos, si nos equivocamos, si nos volvemos ilegales, si estamos fuera de la ley, de la Constitución, del código, Juan Pérez con la pistola nos va a perseguir, un juez con fiscal, defensor y demás nos juzgará, seremos inocentes hasta que nos condenen e iremos presos a una cárcel en donde cumpliremos la condena y en donde nos rehabilitarán para volver a la sociedad.

La comprobación demuestra que no nos rehabilitan, que las cárceles son una mugre, una porquería, que los presos viven en una comisaría mal, eso es ilegal, que en la cárcel roban, matan, violan, queman, mutilan, coimean, chantajean, que se muere de TBC y/o sida, que viven hacinados, que el juicio no es tal, que demoran muchísimo, que muchos jueces son venales, que la policía es coimera y que el funcionario político que votamos se equivoca. Aquel contrato social para que Juan Pérez, el cana, nos cuidase está roto. El contrato falló.

Firmamos otro contrato social que decía “debemos conservar nuestras costumbres, mejorar nuestro intelecto, progresar intelectual, científica, socialmente”. Confiamos en el Estado, al que le pagamos para eso, ya que recauda impuestos para ocuparse de la Educación. En las escuelas nos daban los conocimientos existentes y nos empujaban, nos alentaban a que tuviésemos más y más conocimientos hasta descubrir nuevas cosas, nuevos conocimientos. Información para crecer. La escuela ya no es tal. En la escuela primaria sólo se da de comer. Las maestras ya no son maestras; en algunos casos son enfermeras, en otros cocineras y en otros ayudantes de cocina. Lo que estudian no les sirve, el sueldo no les alcanza. La discusión es una huelga más, una huelga menos, un día más, un día menos. Los que están a cargo de esos ministerios tampoco saben nada. Se terminó la ley que decía “gratuita y obligatoria”. Decir 1420 es dar un número para el Quini seis. No es más gratuita, no es más obligatoria y la instrucción que se brinda no sirve. No hay traslado de conocimientos. El contrato social falló.

Se entiende mejor un código narcotraficante, un código de la droga, en donde si cumplís te pagan, si no cumplís te matan, y lo entendés y lo cumplís. Nos enseñaron que con la Constitución todas las leyes se hacen para que se cumplan y todos los derechos son iguales. Si todos los derechos son iguales, un piquete de 12 personas anulando Sarmiento y Santa Fe, Sarmiento y Córdoba, anulando el cruce central de la ciudad un día entero (agravante: ya no sabían ni siquiera qué querían -conversé con ellos- a las 7 de la tarde estaban en una condición mental/cerebral deplorable), es haber perdido la posibilidad de entender el contrato social. Esos chicos no tienen instrucción y la sociedad no estaba arreglándolos. El contrato social desapareció.

Hay otro tema. La salud. La otra columna del edificio social que entregamos es la salud. El Estado, que nos cuida con el arma y nos da seguridad -que ya no existe- y que nos quita la posibilidad de la violencia -que está entronizada-, que ya no nos da instrucción, tampoco nos da salud. Hospitales públicos decrépitos, privados caros, camas en faltante, costos desfasados, violencia en el quirófano y la sala de guardia. Los laboratorios nos estafan y nos trampean. Las patentes y sus costos son, en la mayoría de los casos, negociados. Viles, crueles negociados.

El caso Moreyra fue uno, hoy casi otro, mañana casi 14. Los actores políticos de la República Argentina, de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario están tan ciegos que se leían declaraciones de actores políticos, que votamos y están en funciones porque los votamos, diciendo “la culpa es del Estado”. Concejales, diputados, senadores. Caramba. ¿Ellos qué son? Si los votamos. Todos son “El Estado”. Existe una equivocación. Iba a afirmar que la equivocación no es de nosotros pero sí, es nuestra. Nunca he visto, ni siquiera en películas, un gato que tropiece dos veces con una rama en el patio, nunca he visto un perro que se choque dos veces con una pared, no los he visto. Somos menos que un gato y que un perro. Somos “el miedo urbano”, la “narcosociedad” y sus leyes, la “corrupción estructural autorizada”, somos Moreyra y los oscuros vecinos que lo mataron a patadas. Somos los que violamos a Rousseau, los que rompimos el contrato social.