editorial

• La Corte dio un paso concreto para enfrentar la acumulación de reclamos previsionales, y reclamó respuestas al gobierno y el Congreso.

Jubilaciones y denegación de justicia

La reticencia del Estado a cumplir en tiempo y forma con el otorgamiento de las jubilaciones y el cálculo de haberes correspondiente de acuerdo con la normativa vigente, obliga a los interesados a reclamar por sus derechos ante la Justicia, exponiéndose a dilaciones que muchas veces son incompatibles con su expectativa de vida y generando una acumulación de expedientes que demora la respuesta y colapsa los tribunales del fuero de Seguridad Social.

La circunstancia fue advertida de manera recurrente por la Corte Suprema de Justicia, a través de pronunciamientos formales y de declaraciones públicas de su presidente. En reiterados fallos (particularmente, Eliff y Badaro), el Alto Tribunal dejó claramente establecidos los criterios tanto para la determinación del haber inicial, como para la movilidad. Y a la vez que sentaba jurisprudencia con el ánimo de reducir la litigiosidad, instaba una y otra vez al Poder Ejecutivo y al Congreso a que encuentren soluciones de fondo para el problema, además de reclamar al gobierno que dé cumplimiento efectivo a las sentencias.

Pero la acumulación de causas y la saturación del fuero no son resultado de la fatalidad o -como en otras materias- de la avidez especulativa que lleva a montar una verdadera “industria del juicio”. En todo caso, la especulación debe advertirse en la actitud del gobierno nacional, al desconocer la desactualización de los montos por efecto de la inflación -hasta que finalmente aceptó establecer una corrección dos veces por año-, así como también mantener los valores salariales históricos como base de cálculo para fijar la jubilación inicial. Esto le permitió retener durante años fondos millonarios, a costa de los beneficiarios. Y luego prolongar esos períodos de retención, generando mayores costos en el proceso, a través del mecanismo de apelar sistemáticamente cada fallo en contra; a sabiendas de que finalmente se impondrían los parámetros dictados por la Corte y limitándose a sacar provecho de la demora.

Esta semana, en el fallo Pedraza y en una acordada, la cabeza del Poder Judicial repitió sus planteos a los otros poderes del Estado -a la vez que requirió mayor celeridad al Consejo de la Magistratura en la cobertura de vacantes-, pero también tomó cartas en el asunto y apuntó directamente a los factores cruciales del “embotellamiento”: reclamó que Anses cumpla las sentencias y buscó la manera de alivianar la sobrecarga de la Cámara Federal de Seguridad Social.

Efectivamente, a partir de lo dispuesto en la gestión menemista, todas las apelaciones del país van a parar a ese mismo tribunal de segunda instancia, donde los trámites se encaminarían a superar los 338 mil. La Corte declaró inconstitucional esa disposición (el art. 18 de la ley 24.463), pero además ordenó expresamente que los juicios sean proseguidos en los distritos de origen, y que la Cámara distribuya entre ellos las causas que ya tiene acumuladas.

Una vez más, el gobierno respondió negando los cargos de incumplimiento, y asegurando que la litigiosidad está en baja; mientras desde la oposición se cuestionó por tibieza a la Corte. Pero en cualquier caso, se trata de un paso concreto y contundente para mejorar la provisión del servicio de justicia, y otorgar una respuesta a quienes ven vulnerados sus derechos de manera flagrante, en muchos casos más allá de cualquier posibilidad de reparación.

El Estado apela sistemáticamente las sentencias que le ordenan actualizar haberes, y retiene fondos durante años a costa de los beneficiarios.