editorial

• Una vez más, el oficialismo impuso su parecer en desmedro del consenso y la salud de las instituciones.

Conjueces electos al modo kirchnerista

La manera en que el kirchnerismo logró, esta última semana, la aprobación de diez conjueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo como principal efecto exponer claramente la intención de “colonizar” el Poder Judicial a como dé lugar.

La figura del “conjuez” es una creación jurídica para suplir en última instancia la ausencia del o los magistrados que deben expedirse en una causa, a falta del relevo natural dentro de la propia organización judicial, y como mecanismo para asegurar la provisión del servicio de Justicia. En otras palabras, se trata de un abogado que ocupa el lugar del juez, cuando éste se aparta de un expediente y, por las razones que fuera, no puede ser reemplazado por otro.

Como a los tribunales inferiores, esta situación también le compete a la Corte, aunque por el rango y los requisitos de su conformación se entiende que la confección de esa nómina de reemplazantes también asume características especiales. Ese es el argumento con el cual, con el aval de prestigiosos constitucionalistas, la oposición adujo que no podía ser aprobada por mayoría simple en el parlamento, sino que requería el concurso de dos tercios de los miembros del Senado; de la misma manera que lo necesitó cada uno de los miembros del Alto Tribunal, al momento de aprobarse sus pliegos.

Valiéndose de que este requisito -surgido de una interpretación integradora y coherente- no figura como tal de manera literal en la Constitución, el oficialismo se desentendió de él y se aseguró de convalidar la designación de un grupo de juristas que, en buena parte, ostentan vínculos con el gobierno.

Aunque la argumentación remitió falazmente a ese antecedente, la maniobra también se distanció de lo sucedido en 2002, durante el interinato de Eduardo Duhalde. Según el kirchnerismo, en aquel caso tampoco fueron computados los dos tercios de los votos en el recinto; pero lo cierto es que se trataba de una nómina consensuada entre los distintos partidos políticos, consagrada por unanimidad.

Lo cierto es que la jugada no le reportará ventajas directas al gobierno, ni a su programa de cubrir una probable retirada, asegurando una composición amigable de los espacios claves de la Justicia. Para que sea necesario acudir a un conjuez, la Corte debe tener menos de cinco miembros en condiciones de votar -actualmente tiene seis, todavía uno por encima de lo que dispone la última ley sobre su conformación- y, en caso de que esto suceda, o de que se produzca un improbable empate, se debe recurrir en primer término a los presidentes de las Cámaras federales. Recién en caso de que éstos se excusen o sean apartados tendría lugar la intervención de los miembros de la lista recién aprobada por el Congreso.

Por eso, el empecinamiento oficialista en contradecir el espíritu de la Constitución, los reclamos de un mínimo consenso en designaciones de tal rango, y las prerrogativas del Congreso como ámbito de representación de la ciudadanía, para lo que más sirve es para volver a poner en evidencia la catadura y los propósitos del actual gobierno. Y contribuir al sistemático socavamiento de las instituciones que el kirchne rismo ha convertido en el precio de su vocación hegemónica y faccional.

La jugada no le reportará ventajas directas al gobierno, ni a su programa de cubrir una probable retirada, asegurando una composición amigable de los espacios claves de la Justicia.