A partir de una ley provincial

Recibirán aportes las escuelas privadas únicas en su pueblo

El Estado provincial pagará los gastos de funcionamiento de 74 instituciones privadas que en su nivel educativo o su modalidad son la única oferta educativa de la localidad.

De la Redacción de El Litoral

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Unas 74 escuelas de gestión privada, que son únicas en su nivel educativo o modalidad en sus respectivas localidades, fueron incorporadas ahora al sistema de aportes provinciales para solventar los gastos de funcionamiento, tal como ocurre con las escuelas públicas de gestión oficial. De esta manera, comenzarán a recibir entre 2.100 y 3.500 pesos por mes para pagar el teléfono, la luz, el gas, entre otros costos operativos propios de un establecimiento educativo.

El gobernador, Antonio Bonfatti, y la ministra de Educación, Claudia Balagué, presentaron ayer el decreto Nº 2.895/14 a estas escuelas, en un acto realizado en Casa de Gobierno. Con ese decreto, el gobierno reglamentó la ley 13.358, sancionada por la Legislatura provincial a fines de 2013 y modificatoria de la ley 6.427 (del Servicio de Enseñanza Privada).

En la ceremonia, Bonfatti consideró que la medida “es un acto de extrema justicia” y compartió un recuerdo personal: “Viví 19 años en un pueblo siendo médico rural y muchas veces vi la preocupación de tantas familias por sus hijos cuando a veces el Estado no llega; vi también cómo la sociedad civil se agrupa y hace un esfuerzo para sostener esa pequeña escuela”.

A continuación, dirigiéndose a las autoridades de los establecimientos educativos que estaban presentes, dijo que “ese esfuerzo es el que queremos reconocer; ese enorme papel que ustedes juegan, la actitud, el buen ejemplo que le están dando a nuestros hijos. Los conocimientos se transmiten muy rápido, pero para educar hacen falta valores”.

Por su parte, la ministra remarcó que la medida “alivia muchísimo la gestión cotidiana de estas escuelas y, por supuesto, constituye un reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria y la participación que han tenido”.

Luego se refirió al costo que tendrá esta medida para el Estado provincial. “Esto irá incrementándose porque los gastos de funcionamiento se incrementan todos los años, pero para lo que resta de este año, ascienden aproximadamente a 2.200.000 pesos”.

Ese presupuesto corresponde a los aportes para gastos de funcionamiento destinados a estas 74 escuelas, que recibirán los montos en forma retroactiva a inicios de este año. En el listado, que se puede ver completo en el portal web de la provincia (www.santafe.gov.ar), figuran mayoritariamente secundarios, institutos terciarios y escuelas especiales de localidades chicas de toda la bota santafesina, desde Víctor Manuel 2 (del Dpto. General Obligado) hasta Berabevú (Caseros), por citar sólo un par de ejemplos.

Reparación histórica

Lisandro Enrico, senador por el departamento General López y autor del proyecto de ley, explicó a El Litoral que la inclusión de estas escuelas al sistema de aportes provinciales, es “un acto de justicia y de reparación histórica”. El legislador indicó que “estas 74 escuelas, si bien son privadas, no son escuelas ricas. Son instituciones que hacen un esfuerzo enorme por darles a los chicos educación. Reciben aporte estatal para los sueldos, que no es poco, pero de los gastos del día a día -como luz, gas, teléfono, aulas que hay ampliar-, se hacen cargo las cooperadoras”.

Según ejemplificó Enrico, una escuela de la localidad de Carmen debe hacer todos los años una fiesta y vender muchas entradas para pagar los gastos de la escuela cuando está cerrada por vacaciones, período en el que no hay aportes voluntarios de los alumnos. “Esta es una ley justa y dirigida a todas las pequeñas localidades del interior profundo, así que es una alegría poder darles este derecho”, consideró.

Finalmente, dijo que este es un primer listado de instituciones, que se irá corrigiendo porque “hay algunas escuelas que faltan y detectamos alguna que ya cerró”.

El dato

Sin fines de lucro

El decreto 2.895 destaca las condiciones para acceder al beneficio. “Las entidades propietarias de estos establecimientos funcionan con carácter gratuito y sin fines de lucro y perciben una cuota mínima de aporte de la comunidad educativa, de carácter voluntario, con la cual afrontan inversiones económicas relacionadas con infraestructura escolar, mantenimiento, material didáctico, servicios básicos, entre otros gastos”.