En el sur provincial

Preocupación en el gobierno por el robo de municiones del Ejército

  • El ministro Raúl Lamberto admitió que el tema “es muy preocupante” porque los proyectiles robados del Batallón 603, de Fray Luis Beltrán, “pueden estar en el mercado negro”. En diciembre pasado el Ejército denunció el faltante de 26 mil balas 9 mm.
22-01-IMG_3037.JPG

Raúl Lamberto. Ministro de seguridad de la provincia.

foto: archivo el litoral

 

Corresponsalía Rosario

La Justicia Federal investiga desde diciembre pasado el faltante de unas 26 mil balas 9 milímetros del Batallón 603 San Lorenzo, de Fray Luis Beltrán, cuyo predio se encuentra al lado de la sede de Fabricaciones Militares. Antes de que el hecho trascendiera públicamente, el Ministerio de Defensa, según informaron a El Litoral, decidió suspender a dos oficiales y a cinco suboficiales del Ejército que eran los responsables de la custodia del arsenal.

Este nuevo robo en una unidad del Ejército se produjo unos días antes de que esa fuerza denunciara el faltante de un misil TOW 2 del Escuadrón de Caballería Blindado 1 de La Plata, el 12 de enero pasado. Ante la reiteración de estas extrañas sustracciones de municiones y armamento del Ejército, en el Ministerio de Seguridad de la provincia mostraron “gran preocupación” y advirtieron sobre “el peligro de que estas municiones vayan a parar al mercado negro”. En diálogo con El Litoral, Raúl Lamberto, titular de la cartera de Seguridad, apuntó: “Nos preocupa que nadie nos haya informado desde el gobierno nacional que en una unidad del Ejército haya existido una faltante de balas. Si hubiésemos contado con esa información (que se denunció en diciembre) habríamos estado alerta para tratar de recuperar estos proyectiles. Se debería trabajar de manera coordinada”.

La diputada nacional Alicia Ciciliani adelantó que realizará en el Congreso un pedido de informes para que el Ministerio de Defensa y el Ejército den explicaciones sobre el tema. “Tenemos que saber lo que ocurrió, estar alertas y redoblar los controles. Si por un lado estamos haciendo una tarea de lucha contra el narcotráfico, pero por el otro tenemos al propio productor de balas proveyendo a las bandas. Así nuestra lucha es desigual y tiene que ser en todos los frentes. Debe haber un castigo ejemplar a los responsables y la sociedad lo tiene que saber porque deja al descubierto la gravedad del tema como es la connivencia que hay para que esto ocurra”, afirmó la legisladora socialista.

El faltante de municiones del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán fue denunciado a fines del año pasado por el Ejército ante el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, que derivó la investigación a la Fiscalía Nº 2. En la denuncia, el Ejército alegó que advirtieron que faltaban 26.000 balas después de hacer un control de municiones acopiadas.

El Ministerio de Defensa ordenó una investigación administrativa del hecho a la par de la pesquisa judicial y decidió el traslado del arsenal de “munición de bajo calibre” a otra dependencia del Ejército, que aún no fue definida. Llamó la atención en Defensa que esta sustracción se produjera días antes de que se conociera el faltante del misil TOW 2, que fue denunciado ante el juez federal de La Plata Laureano Durán. Ese misil fue robado sin su lanzador, por lo que “resulta inoperable”. Por este hecho, un oficial y cuatro suboficiales fueron “suspendidos” y están siendo investigados.

A diferencia del misil, que en teoría no está operativo, aunque tiene capacidad para perforar un blindado, las 26.000 balas que faltan del Batallón 603 pueden ser utilizadas en cualquier pistola de calibre 9 mm. En la mayoría de los homicidios y hechos de inseguridad que se cometen cada día se usan armas de ese calibre. Una caja de 50 unidades en una armería cuesta entre 450 y 500 pesos. Pero en el mercado negro, estas municiones pueden venderse al doble de su precio, según explicó un especialista de una fuerza de seguridad.

Los antecedentes cercanos de robos del arsenal del Batallón 603 se remontan a febrero de 2011, cuando el Ejército denunció que en esa unidad militar faltaban 154 fusiles FAL, piezas para el armado de 250 fusiles, una ametralladora MAG (calibre 7,62 mm), piezas de cinco ametralladoras (calibre 12,7 mm) y una pistola 9 milímetros. El 4 de marzo de 2011, el entonces ministro Arturo Puricelli decidió el pase a disponibilidad del general de brigada Alejandro Luis Pucheta, uno de los más altos mandos del Ejército.

Pucheta era comandante de Arsenales y de él dependían todos los batallones del arma, entre ellos el 603. La investigación del robo tuvo un inicio trágico, porque el sargento ayudante Hernán Solís, que se desempeñaba como jefe de la Sección Armamento de la Compañía de Abastecimiento del Batallón, se pegó un tiro con el arma reglamentaria.