editorial

  • Rectores universitarios actúan como si estas instituciones pertenecieran a un gobierno, y no al Estado nacional.

Universidades al servicio de un sector político

Rectores y representantes de 38 universidades nacionales y provinciales, junto a funcionarios del área de Educación, se reunieron en los últimos días para analizar el contexto político que atraviesa el país de cara al balotaje del próximo 22 de noviembre.

Luego de dicho encuentro, decidieron manifestar públicamente el apoyo a la candidatura del oficialista Daniel Scioli, con el argumento de que durante los últimos años las universidades públicas vieron incrementados sus presupuestos gracias a la decisión política del gobierno nacional.

Tanto es así que el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, adelantó que piensan dar a conocer una solicitada en apoyo al candidato del Frente para la Victoria.

Es verdad que durante la gestión del kirchnerismo, el presupuesto para las universidades se incrementó notoriamente. Sobre todo, si se lo compara con la magra inversión que el país realizara en este rubro durante los años de la profunda crisis económica que derivó en el estallido de 2001. Y en este momento, la inversión en Ciencia y Tecnología llega al 0,6% del PBI.

Sin embargo, no parece razonable que los rectores de dichos centros de estudio se atribuyan la representación de un colectivo que, seguramente, expresa diversas ideas y concepciones. Lo mismo cabría advertir en caso de que el apoyo hubiese sido para el opositor Mauricio Macri.

De hecho, resulta absolutamente improbable que cada uno de los docentes de esas casas de altos estudios, haya decidido apoyar mediante su voto al mismo candidato. Lo mismo sucede con los miles de alumnos que transitan los claustros universitarios con la intención de recibir una formación de calidad, universal y ecuánime, que les permita generar una conciencia crítica y pensar con libertad.

No está mal que aquellos que de manera transitoria y por delegación conducen cada una de las universidades nacionales representen a diferentes sectores políticos. Sin embargo, lo deben hacer de modo personal, y no de manera institucional.

Salvando las distancias, al entremezclar sus propias preferencias político-partidarias con las posturas institucionales de las universidades que ellos conducen, los rectores incurren en los mismos excesos que protagoniza la presidente Cristina Fernández cada vez que utiliza la Casa de Gobierno para realizar actos con fines absolutamente partidarios, o cuando recurre a la herramienta de la cadena nacional para discursos de campaña.

El caso extremo es el del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que advirtió sobre “probables políticas de ajuste y mercantilización, inspiradas por el explícito neoliberalismo de uno de los proyectos en pugna en el balotaje electoral próximo”.

Las universidades, en definitiva, pertenecen al Estado -y por lo tanto a la sociedad argentina- y no a un determinado gobierno transitorio. Lo que los rectores universitarios parecen olvidar, es que se trata de instituciones que se solventan gracias al aporte de cada uno de los contribuyentes argentinos, sin importar cuáles son sus preferencias políticas. Frente a tal pérdida de sentido institucional, no parece casual que el nivel de muchas universidades argentinas se haya derrumbado a niveles penosos.

No parece razonable que los rectores de dichos centros de estudio se atribuyan la capacidad de representar a un colectivo que, seguramente, expresa matices diversos.