editorial

• Desde 2005 a la fecha ha habido 2.200 imputados por crímenes de lesa humanidad. El 90 por ciento de las sentencias fueron condenatorias.

Derecho, no venganza

Los juicios por crímenes de lesa humanidad seguramente serán discutidos en los próximos meses. Las culpas y las penas de los imputados y condenados no están, en principio, en debate, pero sí merece abrirse una polémica acerca de la concepción de la justicia y los derechos humanos.

Algunos datos y ciertas consideraciones merecen tenerse en cuenta. Desde 2005 a la fecha ha habido 2.200 imputados por crímenes de lesa de humanidad; se han dictado unas setecientas sentencias, de las cuales más del noventa por ciento han sido condenatorias. Con respecto a los detenidos, corresponde saber que más de trescientos murieron en las cárceles, incluyendo al ex dictador Jorge Rafael Videla, cuyo deceso podría haberse evitado con un mínimo de asistencia.

Es necesario insistir que en un Estado de derecho moderno los derechos humanos valen para todos y no sólo para una facción. En el tema que nos ocupa, se impone recordar que las personas mayores de setenta años con comportamiento adecuado o problemas de salud, tienen el derecho a la prisión domiciliaria. Lamentablemente esto no sucedió ni está ocurriendo. Arquímedes Puccio, el delincuente, secuestrador y criminal, pudo disfrutar de ese derecho sin que nadie hiciera objeciones de fondo al respecto, pero pareciera que esos beneficios no alcanzan a quienes en juicios de controvertida ecuanimidad han sido condenados por crímenes de lesa humanidad.

Lo que se está haciendo en estos temas merece contrastarse con las iniciativas promovidas por el primer gobierno constitucional de la democracia. Allí se obró conforme a derecho, respetando escrupulosamente las garantías de los imputados y dictando condenas de impecable rigor jurídico. En los juicios a las Juntas no se permitieron barras ni insultos y se respetó el principio de presunción de inocencia. Es decir, se hizo lo que correspondía. Y se lo hizo en un momento complejo, con jefes militares que aún tenían poder.

No está de más recordar que en aquellos años las formaciones políticas de izquierda y los organismos de derechos humanos más radicalizados no sólo no integraron la Conadep sino que le restaron importancia. Es más, a menudo criticaron duramente esos juicios ejemplares. En el mismo orden de cosas, el peronismo derrotado en 1983 defendía a libro cerrado la autoamnistía de los militares.

Hoy resulta evidente que se ha producido un deslizamiento de la justicia hacia la venganza. Fiscales y jueces militantes, cuando no oportunistas o timoratos, permiten que se atropellen garantías fundamentales para un Estado de derecho que merece ese nombre. Desde los años ochenta a la actualidad, en estos temas el derecho cedió a la venganza. Desde el poder se alentó la idea de que las personas abatidas por los militares, en muchos casos violando derechos humanos básicos, dejaban de ser víctimas para transformarse en héroes.

En definitiva, lo que se impone es aplicar la justicia trabajando para crear las condiciones que impidan que se repitan los lamentables acontecimientos de los años setenta. Así se sostiene una adecuada política de derechos humanos en un Estado de derecho. Respecto de los derechos humanos, es necesario insistir que ni los condenados ni los imputados deben morir en la cárcel.

Hoy resulta evidente que se ha producido un deslizamiento de la justicia hacia la venganza. Fiscales y jueces militantes permiten que se atropellen garantías fundamentales.