editorial

Las clases peligran

• La estrategia del gobierno nacional terminó perjudicando las negociaciones provinciales.

A pocos días de la fecha fijada para el inicio del ciclo lectivo, el comienzo de clases no parece estar asegurado a lo largo y ancho del país.

Lo que históricamente vino sucediendo fue que las provincias aguardaron el resultado de las paritarias nacionales antes de iniciar sus propias negociaciones salariales. Y este año no fue la excepción.

A decir verdad, las paritarias a nivel nacional sólo fijan sueldos testigos, ya que el gobierno central no paga el sueldo de los docentes porque desde hace años las escuelas fueron transferidas a las provincias. Son apenas una referencia y establecen un piso mínimo para los salarios de los maestros en toda la Argentina.

La meta del gobierno fue, desde un principio, que las clases se iniciaran en tiempo y forma. De lograrlo, no sólo representaría una buena noticia para un vapuleado sistema educativo sino que, además, contribuiría a generar un ambiente de optimismo en momentos en los que las buenas noticias no abundan.

Por ese motivo ofreció un aumento sustancial del sueldo para el cargo testigo y anunció que todos los docentes argentinos deberán cobrar, por lo menos, un 20 % por encima del salario mínimo, vital y móvil. La oferta de incremento de sueldos estuvo conformada, en parte, por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

Luego de aquella reunión, los sindicatos expresaron su satisfacción e hicieron hincapié en que el ofrecimiento representaba en el caso de los sueldos más bajos un aumento del 40 %.

Lo que el gobierno central no parece haber tenido en cuenta, fue que esa oferta terminaría ocasionando serios inconvenientes para el resto de las provincias, ya que los gremios tomaron ese incremento como referencia para llevarlo a las discusiones paritarias en los distintos distritos.

Al ver lo que estaba ocurriendo, el gobierno nacional optó por no oficializar su oferta salarial hasta tanto no se resuelvan los conflictos provinciales.

No queda del todo claro si fue impericia política, inocencia o una jugada tendiente a transferir el costo del fracaso de las negociaciones a las provincias. Lo cierto es que la oferta del gobierno y la actitud de los gremios generaron un clima de total incertidumbre.

Los sindicatos de provincias como Santa Fe saben que sus docentes vienen cobrando sueldos ostensiblemente más altos que los que se fijan en las paritarias nacionales. Son conscientes de que reclamarle a las arcas del Estado provincial un incremento superior al 30 %, representa un verdadero problema.

En la última reunión, el gobierno provincial hizo una nueva oferta de recomposición salarial, ya que la primera había sido rechazada de plano. Este nuevo ofrecimiento implica un 20 % de aumento en marzo, porcentaje que llegaría a 30,5 % estimativo en julio.

De esta manera, si bien el porcentaje final es el mismo que en la primera oferta, se mejoró la propuesta anterior porque los aumentos no serán escalonados en tres tramos, sino en dos. Así, el maestro con cargo testigo que recién se inicia cobraría 10.830 pesos en marzo (incluyendo el Fonid). Y en julio, ese mismo docente pasaría a cobrar 11.655 pesos, lo cual implica una suma total de 30,1 %. En cambio, y aun con el 40% de aumento de sueldos, la paritaria nacional fijó un salario inicial de 8.500 pesos.

En síntesis, una mezcla de impericia política del gobierno nacional y de ambición sindical, terminó generando una situación tan confusa que, probablemente, lleve a muchos docentes a rechazar ofertas salariales que no son para nada despreciables en algunos distritos como, por ejemplo, Santa Fe.

Los sindicatos de provincias como Santa Fe saben que sus docentes vienen cobrando sueldos ostensiblemente más altos que los que se fijan en las paritarias nacionales.