Hábeas corpus de la Defensa Pública

Cárcel de Mujeres: reclaman el arresto domiciliario para madres

La Defensa Pública planteó un recurso a favor de las presas embarazadas o que son mamás de menores de 5 años o discapacitados. La petición fue rechazada y ahora, apelada.

De la redacción de el litoral

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Diez madres de niños menores de 5 años, presas en la Cárcel de Mujeres de la ciudad, no cuentan con el beneficio del arresto domiciliario, pese a ser un derecho contemplado por ley. Para garantizarlo, la Defensa Pública de la Provincia interpuso -en diciembre de 2015- un hábeas corpus colectivo y correctivo a favor de todas las mujeres privadas de su libertad para que puedan atender a sus hijos bajo el régimen de la prisión domiciliaria. Pero este recurso fue rechazado por el juez de Garantías Nicolás Falkenberg e interpelado por la Defensa Pública la semana pasada.

“Periódicamente, hacemos inspecciones a las cárceles y, en el caso de la Cárcel de Mujeres de Santa Fe, veíamos que no estaban dadas las condiciones para que los menores estén ahí. Por ejemplo, en invierno, la calefacción no llegaba al sector donde están alojados con sus madres. De acuerdo con ese dato y a un informe de la UNL sobre las condiciones de las madres detenidas, encaramos entrevistas con estas mujeres para saber si les interesaba pedir el arresto domiciliario”, explicó Georgina Pallavicini, jefa General de la Región del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

Con el aval de las mujeres, decidieron presentar el hábeas corpus como medida cautelar y hasta tanto los jueces naturales resuelvan cada una de las causas. Lo hicieron el defensor Provincial, Gabriel Ganón; el defensor Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Sebastián José Amadeo; la defensora Pública Adjunta, Virginia Inés Balanda; la jefa General de la Región con facultades para litigar, Georgina Pallavicini y la jefa del Sector Legal y Técnica de la Defensoría Provincial, María de los Ángeles Cáceres.

Rechazo y apelación

La petición fue rechazada por el juez Falkenberg, quien argumentó no encontrar motivos “que justifiquen el apartamiento de los jueces naturales de las respectivas causas”. Asimismo expresó que “si bien puede afirmarse que en la mayoría de los casos el interés superior del niño podría coincidir con la petición de la Defensa de obtener el otorgamiento de la prisión domiciliaria, dada la importancia que para el desarrollo de toda persona merece el vínculo entre niño y madre durante los primeros años de infancia, habrá otros en los cuales podrían existir situaciones violentas o de abandono, previas al encierro, que aconsejan lo contrario”. En este sentido, la petición colectiva “podría generar situaciones de injusticia” porque “podría existir una contraposición de intereses al confrontarse el beneficio peticionado con la incidencia que sobre el niño pueda llegar a tener”.

Al respecto, el defensor Regional de Santa Fe, Sebastián Amadeo, indicó que “si el juez estimaba que podría existir contraposición de intereses entre las internas y los niños, lo que no surgió prima facie en el presente caso, pudo haber solicitado en un plazo razonable un informe socioambiental al respecto en el que participen todas las instituciones involucradas en la temática, y despachar la medida cautelar condicionada al resultado”.

Actualmente, la decisión judicial se encuentra apelada porque se afectan todos los derechos constitucionales, ya que el interés superior del niño es el parámetro que debió tomar el juez para conceder el beneficio y no para rechazarlo. “Con esta resolución judicial, los niños menores de 5 años y discapacitados a cargo de internas, como así también las personas en gestación fueron condenadas de hecho a seguir en la misma situación de violación de toda garantía constitucional. La cárcel no es el lugar adecuado para el crecimiento de los niños, a lo que se suma que las madres allí alojadas suelen perder el contacto real con sus hijos menores y discapacitados a cargo”, concluyó Amadeo.