La quita de subsidios a la energía eléctrica

Un problema de $ 3.800 millones

Es lo que deberá pagar la EPE este año a Cammesa por encima de lo previsto a principios de año. Crudo informe de directivos de la empresa ante diputados de todo el arco político. Temor por el impacto de las facturas en los distintos tipos de clientes.

Mario Cáffaro

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“La previsión era pagarle a Cammesa durante este año 1.000 millones de pesos por consumo de energía y de acuerdo con el nuevo cuadro vigente desde el 1º de febrero, deberemos pagarle 4.800 millones. La diferencia es de 3.800 millones y estamos obligados a transferirla a la tarifa”. La frase es de Raúl Stival, presidente del directorio de la Empresa Provincial de Energía (EPE) y formó parte de un cuadro de situación que expuso en los primeros 30 minutos ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados. Dicha comisión, que preside el radical Edgardo Martino, fue la encargada de cumplir la resolución votada por el cuerpo un mes atrás que pidió convocar al directorio para conocer el impacto que tendrá en los usuarios de la EPE la quita de subsidios aplicado por el gobierno nacional.

La reunión se extendió durante más de dos horas en una colmada oficina de la comisión donde además de los integrantes del grupo de trabajo se sumaron otros legisladores, asesores y parte de la gerencia de la EPE. Desde lo técnico, los funcionarios dieron todas las explicaciones y desde lo político -especialmente a través del vicepresidente Fabián Bastía- hubo una fuerte defensa del rol de una empresa de servicios estatal, eficiente y equilibrada. De todos modos, la gran duda es cómo atenuar el impacto que tendrá en pequeñas y medianas empresas, en el comercio y en los clientes residenciales el aumento que se ha aplicado desde el 1º de febrero y que se suma a otro puesto en vigencia el 1º de diciembre último. “Retardar un mes el traslado del aumento significa 350 millones de pesos que es la mitad del plan de inversión previsto para este año”, dijo Stival ante el insistente reclamo del socialista Rubén Giustiniani en no aplicar en forma inmediata la quita de subsidios dispuesta por el gobierno central. “Nuestro colchón está en cables, en transformadores, en repuestos”, disparó Bastía cuando primero Leandro Busatto (FPV) y luego Cesira Arcando (Cambiemos) preguntaron si la empresa no tenía un colchón con los sucesivos aumentos aplicados como para atenuar el impacto.

Se ensayaron posibles caminos de salida, los directivos de la EPE dijeron estar dispuestos a escuchar y trabajar junto a los legisladores pero siempre con la decisión de mantener el equilibrio del presupuesto y cumplir con la ley. “No podemos desfinanciar la empresa, ni hacerla deficitaria e ineficiente porque no cumple con los objetivos previstos por la ley”, insistió Bastía.

Varios diputados dieron ejemplo de impactos que están sufriendo comerciantes y empresarios. “Van a cerrar muchas empresas”, vaticinó el justicialista Héctor Cavallero quien entiende que es el gobierno nacional el que debe atemperar el impacto. Otro justicialista, Roberto Mirabella, dio el ejemplo de una firma rafaelina que de 170.000 pesos pasará a abonar 620.000. Verónica Benas (Pares) se mostró preocupada por el impacto en pequeños comercios que deben utilizar mucha energía.

Cuadro de situación

Stival empezó su informe presentando lo que hoy es la EPE en cuestión de servicios y destacó que distribuye el 10% del consumo de energía en el país. “En cuatro años sumamos el equivalente al consumo de la ciudad de Santa Fe” en toda la provincia. En cuanto a los efectos de la resolución del Ministerio de Energía y Minería de la Nación explicó que los grandes usuarios de más de 300 kw que pagaban 100 pesos el megawats/hora ahora pagarán 771 pesos y en el caso de los residenciales el costo de 60 pesos se fue a 320. “Nos vimos obligados a trasladar a la tarifa la quita de subsidios”, afirmó y luego comparó los costos de empresas similares como Epec, Eden o Edersa para asegurar que son menores en Santa Fe que las dos primeras y en cuanto a la entrerriana hay diferencias a favor de una o de otra según los distintos tipos de clientes.

La factura además del costo de la energía se complementa con los impuestos (27% de IVA más el 6% para municipios o comunas; más el 0,6 por mil para Santa Cruz) y el valor agregado de distribución (VAD) que es el previsto para los gastos de funcionamiento que comprenden no sólo movilidad y los equipos sino también los salarios.

La empresa se comprometió a girar cuadros con números y estadísticas; en tanto, sus directivos pidieron prudencia a los legisladores y que expliquen a la población de dónde surgen los abultados incrementos que están empezando a recibir el millón 250 mil usuarios que tiene la EPE en 298 localidades a las sirve y que también impacta de manera similar en las otras 63 servidas por cooperativas a lo largo y ancho de la provincia.

El dato

Corte

• Stival estaba exponiendo los números de la empresa en el inicio de la reunión y sorpresivamente se apagó la luz de la sala. Hubo un inmediato murmullo pero enseguida se supo el origen. El fotógrafo de El Litoral buscando la mejor toma en un ambiente chico y con muchos participantes se apoyó sobre la pared y accionó la perilla del encendido lumínico. Al minuto, el funcionario seguía su informe.

visto y escuchado

Costos

La primera estimación de los costos en la infraestructura de la EPE de las tormentas del 12 y 19 de febrero pasado se acercan a los 250 millones de pesos. El dato lo brindó el gerente general, Marcelo Cassin, e incluye no sólo las roturas de líneas y equipos, sino también las reparaciones, horas de personal y la ayuda de empresas de provincias vecinas.

Marco regulatorio

El socialista Rubén Giustiniani insistió en la necesidad de que haya un marco regulatorio para el servicio eléctrico en la provincia, con audiencias públicas para discutir los aumentos, tal como lo establecen las leyes de defensa del consumidor e incluso modernas legislaciones. Ya sobre el final, otro socialista, Rubén Galassi, anticipó que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto sobre el tema que está terminando de elaborar y que se podrá discutir con otros proyectos ya ingresados al debate parlamentario.

Subsidios

A la hora de buscar atemperar el impacto tarifario, se recordó que 133.500 usuarios podrán acceder a la tarifa social dispuesta por el gobierno nacional tras cumplimentar determinados requisitos. No obstante, Bastía remarcó que Santa Fe fue la primera provincia en disponer una tarifa social para jubilados y pensionados que alcanza a 126.000 hogares y tenía en marcha otros 80 mil casos sociales. Galassi sumó además el Programa Agua y Luz Segura para sectores de muy bajos recursos.