editorial

• Los avances fueron cruciales. Pero el camino a recorrer sigue siendo intrincado.

Logros y deudas del nuevo sistema Penal

A poco más de dos años de la puesta en vigencia del nuevo sistema procesal penal en la provincia, se plantea la necesidad de realizar un balance. No sólo con el objetivo de marcar las falencias que seguramente existen sino, sobre todo, para aprender de los errores cometidos y establecer nuevos objetivos.

Como primera medida, habrá que reconocer que los cambios representaron un significativo avance en una provincia donde hasta hace poco tiempo rigió un Código Procesal Penal arcaico, de raíces coloniales. Éste es un dato fuerte que no puede ser obviado, aunque no hayan faltado las críticas y debilidades varias del nuevo sistema queden expuestas a la luz de los hechos.

El proceso oral y público le dio a la Justicia Penal una transparencia de la que careció históricamente. Atrás quedó el sistema inquisitivo y escrito, que contribuyó a generar la imagen de una Justicia oscura, inaccesible y lenta; caracterizada por jueces apostados detrás de sus escritorios, en despachos oscuros y transformados en verdaderos depósitos de expedientes.

En el nuevo modelo, todas las instancias del proceso se desarrollan a la vista de las partes y de la sociedad en general. Con sus aciertos y sus errores, los actores del sistema penal se desempeñan públicamente, lo que genera mayores alternativas de control y de permanente evaluación.

Aun así, a dos años de la implementación de los cambios, difícilmente el ciudadano común perciba que la situación haya mejorado. Es que el delito avanza y la violencia se profundiza, frente a un sistema que se muestra incapaz de brindar respuestas que alcancen a satisfacer una demanda que se multiplica.

En los últimos días, desde el Ministerio Público de la Acusación un fiscal que investiga diversos homicidios cometidos en la ciudad se lamentó por las dificultades que enfrentan a la hora de buscar testigos de los crímenes.

Sin pruebas fehacientes del delito y sin personas dispuestas a atestiguar contra los delincuentes, hacer justicia se transformar en una tarea ímproba.

De todos modos, habrá que reconocer que la negativa del ciudadano común a declarar contra los criminales está fundada en el miedo, y que el temor aparece porque los potenciales testigos no sienten que el sistema les brinde las garantías mínimas para acusar a quienes delinquen.

En realidad, no se trata de una falencia que se le pueda reprochar al nuevo sistema procesal penal. De hecho, mientras rigió el anterior sistema imperó la misma sensación de falta de garantías, ahondada por la acumulación de comentarios de testigos que se sintieron expuestos con desaprensión a la proximidad y la mirada de parientes de los detenidos. En esas condiciones, se extendió el convencimiento de que la Justicia no estaba a la altura de las circunstancias para castigar a los delincuentes y proteger a las víctimas.

Durante estos dos años, se vivieron situaciones de tensión dentro del Ministerio Público de la Acusación -sobre todo en la circunscripción que corresponde a la ciudad capital-; y entre el poder político y el Ministerio Público de la Defensa. Estas rispideces no contribuyeron al correcto funcionamiento del sistema.

La escasa infraestructura y la lentitud en el proceso de nombramientos, contribuyeron a dificultar la situación. Ahora, el Ejecutivo se apresta a enviar a la Legislatura una serie de reformas para acelerar el sistema de selección de recursos humanos.

Lo que se logró hasta el momento es importante. Por delante, aparecen desafíos cruciales como, por ejemplo, profesionalizar a los órganos de investigaciones, establecer el juicio por jurados y mejorar la relación con las víctimas del delito. Sólo así se podrá cambiar la sensación de que la Justicia no está a la altura de las circunstancias.

La escasa infraestructura y la lentitud en el proceso de nombramientos, contribuyeron a dificultar la situación.