Comenzó a tratarse en comisiones en la Cámara Baja
Comenzó a tratarse en comisiones en la Cámara Baja
El megaproyecto incluye moratoria y exenciones
La Cámara de Diputados se hizo eco de la campaña contra la violencia de género. Foto: DyN
De la redacción de El Litoral
DyN/Télam
La moratoria impositiva, previsional y aduanera que integra el megaproyecto que incluye el blanqueo de capitales y el pago a jubilados contempla la regularización de deudas con la Afip hasta en 60 cuotas con una tasa de interés del 18 por ciento anual. Así lo establece la iniciativa que comenzó a circular en el Congreso Nacional luego de que ingresara el texto por la Cámara de Diputados.
La moratoria fue incluida en el megaproyecto como “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras”, dentro del “Régimen de Sinceramiento Fiscal”. La iniciativa también ofrece la posibilidad de un pago al contado con un descuento del 15 por ciento de la deuda consolidada. En ambas opciones se prevé la condonación de multas y sanciones, junto con la exención proporcional de intereses resarcitorios y punitorios. También prevé la exención total de intereses resarcitorios y punitorios con origen en los aportes previsionales adeudados por trabajadores autónomos.
Se podrán ingresar obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo de 2016. A su vez, se podrán incorporar obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial, en tanto el demandado acepte el monto reclamado y desista de las acciones legales. La cancelación total de la deuda producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación.
Buenos pagadores
En tanto, el megaproyecto incluye “beneficios” que involucran a quienes hayan sido “buenos pagadores” del impuesto a los Bienes Personales.
Los artículos 60 y 63 del voluminoso proyecto determinan que “quienes hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes” a los dos últimos períodos fiscales, “no” hayan adherido a blanqueos ni a planes de pago, no tengan tampoco “deudas en condiciones de ser ejecutadas” ni hayan sido ni ejecutados ni condenados por defraudación fiscal “gozarán de la exención del Impuesto a los Bienes Personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive”.
En la práctica, si no hay cambios en el resto del proyecto, los beneficiarios dejarán de pagar ese impuesto, ya que se propicia su derogación a partir del 1º de enero de 2019, más allá del aumento anual de los pisos de contribución, del pago por los excedentes (mínimo no imponible) y la progresiva disminución de las alícuotas.
La norma también prevé que los Anticipos de Bienes Personales pagados este año podrán ser computados para el impuesto a las Ganancias o del Regimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, según corresponda. Los especialistas consideran que con este “premio consuelo” el gobierno buscó mitigar lo que muchos pagadores de impuestos consideran una injusticia: la recurrente aparición de blanqueos y de moratorias impositivas.
En tratamiento
El proyecto de ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de blanqueo de capitales comenzó a ser analizado esta mañana en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, con la presencia de funcionarios del gobierno para informar sobre diferentes aspectos de la iniciativa.
Al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, concurrieron el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, el titular de la Afip, Alberto Abad, y el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste.
El proyecto de ley consta de 94 artículos y un anexo con el acta notarial del acuerdo firmado con los gobernadores para la devolución escalonada del 15 por ciento de la masa coparticipable, además de un extenso mensaje en el que se explican los diferentes capítulos de la iniciativa: el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la modificación de los impuestos a las Ganancias y Sobre los Bienes Personales y la derogación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Además, dentro del Régimen de Sinceramiento Fiscal, incluye al blanqueo como Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior y a la moratoria impositiva y previsional como Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras.
El convenio que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmara el 18 de mayo en Córdoba con los gobernadores para el reintegro paulatino de la coparticipación retenida en favor de la Anses figura con el título “Ratificación de acuerdos”.
Los efectos
En lo previsional, la propuesta del gobierno podría alcanzar a 2,5 millones de jubilados, distribuidos en tres grupos diferenciados: los que tienen sentencia judicial firme, los que iniciaron una demanda pero aún no tienen sentencia y los que no recurrieron al juicio. En todos esos casos, para acceder al beneficio deberán renunciar a realizar demandas a través de un convenio con la Anses y homologado por la Justicia.
Los tres casos tendrán una actualización en sus haberes jubilatorios que oscila, según los casos, entre el 35 y el 51 por ciento, pero con un tratamiento diferente en lo que respecta a los haberes retroactivos. Aquellos con sentencia firme cobrarán lo adeudado el 50 por ciento al contado y el resto en cuotas, a los que no tengan fallo judicial se les pagará con el mismo criterio pero solamente los últimos 48 meses, en tanto quienes no hayan iniciado juicio no tendrán derecho a retroactividad.
"Lo único que el proyecto perdona es la evasión tributaria y las regulaciones cambiarias absurdas de los últimos años, y no delitos de corrupción y lavado de dinero”.
Mario Quintana,
vicejefe de Gabinete.
"Es una decisión trascendental que naturalmente vamos a acompañar. Me parece que es uno de los primeros goles de Mauricio Macri”.
Diego Bossio,
diputado justicialista, ex titular de Anses, quien discrepó con la necesidad de vender las acciones en empresas privadas.
El dato
Echegaray
procesado