Al borde del abismo
La UE aprueba sanciones contra Venezuela mientras sobrevuela el fantasma del default
Los cancilleres de la Unión Europea manifestaron se preocupación “por la situación del país” tras las elecciones regionales del pasado 15 de octubre.
Maduro asegura que los acreedores están dispuestos a refinanciar las deudas de Venezuela.
Foto: DPA
De la Redacción de El Litoral
Telam
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy por unanimidad sanciones contra Venezuela, al subrayar su preocupación “por la situación en el país” luego de las elecciones regionales del 15 de octubre pasado.
Las sanciones de la UE incluyen un embargo de armas y de otro tipo de material que pueda utilizarse para la represión de la oposición interna.
De momento excluyen el congelamiento de los activos de dirigentes venezolanos concretos ni se les prohíbe la entrada en la UE, pero los ministros dejaron la puerta abierta a ello.
Las últimas elecciones venezolanas, en las que el Partido Socialista Unificado de Venezuela del presidente, Nicolás Maduro, ganó en 18 de los 23 estados en los que se eligió gobernador, fueron inicialmente desconocidas por la oposición, que denunció fraude, mientras que veedores internacionales juzgaron normal a todo el proceso. “Además de los esfuerzos políticos y diplomáticos para apoyar una salida pacífica negociada a la crisis política, el Consejo ha decidido hoy por unanimidad adoptar medidas restrictivas, subrayando su preocupación por la situación en el país”, anunciaron los ministros de la UE en un comunicado.
Las sanciones a Venezuela “se utilizarán de manera gradual y flexible y podrán ampliarse, dirigiéndose contra quienes participan en el incumplimiento de los principios democráticos y del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos”, señalaron. También destacaron que “el diálogo constructivo y la negociación son el único camino sustentable para hacer frente a la actual crisis y para responder a las necesidades apremiantes del pueblo de Venezuela”.
La UE “pide al gobierno que restaure urgentemente la legitimidad democrática, incluyendo elecciones libres y justas, y a la oposición que continúe embarcándose unida en una solución negociada a las actuales tensiones”. “Como siempre, todo lo que hacemos nosotros está orientado a incentivar la celebración del diálogo entre el Gobierno y la oposición con el objeto de alcanzar una solución pacífica, democrática y dialogada a la situación que vive Venezuela”, indicó el ministro español, Alfonso Dastis, a su llegada a la reunión ministerial.
La UE sigue comprometida en apoyar todos los esfuerzos regionales e internacionales para encontrar una solución a la crisis, concluye el texto.
Reunión de acreedores
La crisis de Venezuela entrará este lunes en una fase de aceleración, cuando algunos acreedores se reúnan en Nueva York para evaluar la situación tras la falta de pago de un vencimiento; y otros, según el presidente Nicolás Maduro, aceptarán la propuesta de iniciar conversaciones para una renegociación de la deuda externa del país.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU analizará la crisis política del país caribeño, en una reunión de la que participarán también el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y representantes del Grupo de Lima que conforman la Argentina y otros 11 países.
Todo ello, en el contexto de la incertidumbre acerca de la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno y sus adversarios internos, anunciada repentinamente la semana pasada por ambos sectores pero puesta “en suspenso” desde el sábado por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, en inglés), que reúne a entidades que representan a tenedores privados de deuda, celebrará una reunión en su sede de Nueva York para evaluar las consecuencias de un retraso en el pago de un vencimiento por 1.161 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, que debió haberse cancelado el 3 de este mes.
Una decisión negativa por parte de la ISDA podría desencadenar un default parcial de Venezuela y disparar el pago de seguros contratados por los acreedores para resguardarse de la eventualidad de deudas impagas, indicó el diario caraqueño El Nacional.
Cerca de 70 por ciento de los tenedores de bonos de deuda soberana de Venezuela residen en Estados Unidos y Canadá, dos de los países menos tolerantes con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que aplicaron sanciones económicas y migratorias para varios de sus funcionarios, incluido el mandatario.
Venezuela debe afrontar los vencimientos de su deuda externa en el contexto de una severa escasez de divisas, un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicina e insumos para la producción, y una tasa de aumento de los precios internos que, además de ser desde hace años la mayor del mundo, según varios economistas ya se convirtió técnicamente en hiperinflación.
Europa saca a las Farc de la lista de terroristas
La Unión Europea (UE) formalizó la definitiva salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su lista de organizaciones terroristas durante un Consejo en Bruselas.
La decisión política estaba tomada de antemano al nivel de los embajadores de los Veintiocho y este lunes los ministros ratificaron ese consenso por medio de un punto sin debate en la agenda de la reunión.
La UE ya mantenía “suspendidas” a las FARC de su lista terrorista desde el 26 de septiembre de 2016, para alentar el proceso de paz en Colombia.
Las FARC fueron incluidas en dicha lista el 9 de septiembre de 2001.
La suspensión sí permitía levantar provisionalmente las sanciones vinculadas a su presencia en ese listado, que incluye el congelamiento de bienes o la prohibición de poner fondos a su disposición.
La lista de la UE en materia de terrorismo incluye a personas o grupos que actúan dentro o fuera del territorio de la Unión y es revisada regularmente por el Consejo, institución en la que están representados los gobiernos de los Estados miembros, al menos cada seis meses.
Los integrantes de esa lista pueden ser objeto del congelamiento de fondos o bienes financieros en la UE o de medidas restrictivas en relación con la cooperación policial y judicial.
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