Pablo Farías ante la reforma constitucional

“Un debate pendiente es cómo reglamentar el sostenimiento de las iglesias y de los cultos”

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia, Dr. Pablo Farías, sostuvo en una entrevista con El Litoral que el sostenimiento económico que realiza el Estado ante la importante función social que cumplen las diferentes iglesias debiera ser “actualizada y ordenada”.

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El ministro Pablo Farías consideró que “mirando hacia el futuro, hay que pensar que la transferencia de recursos a las iglesias, debería hacerse de otra manera”.

Foto: Flavio Raina

 

Guillermo Dozo

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Desde el gobierno se impulsa, desde hace tiempo, una reforma constitucional que actualice la actual carta magna provincial aprobada en el año 1962. En un diálogo con el ministro de Gobierno, el Dr. Pablo Farías brindó su visión sobre un tema tan sensible como lo es la relación que mantiene el Estado con las religiones, credos y cultos.

Para el ministro “la discusión que está en el fondo es si el Estado como tal debe ser laico, es decir, mostrarse como estructura independiente de cualquier de cualquier credo o religión ya que esto no ocurre en la actualidad porque según lo expresado en nuestra Constitución, la provincia adhiere a la religión Católica”.

“Considerar que el Estado tenga que ser laico, no quiere decir que no se deba contribuir desde el erario público al sostenimiento de las iglesias y sus credos. Yo soy un convencido de que el Estado tiene que hacerlo. De hecho hay una relación permanente con las Iglesias. Seguramente el mayor aporte es hacia la Iglesia Católica porque es la más numerosa, la más representativa por su raigambre. Además por su desarrollo es la que más presencia tiene en la sociedad y, casi con seguridad, es la que más fondos recibe del Estado”, expresó Farías.

Seguidamente agregó que “pensando en una futura reforma de la Constitución deberíamos establecerlo primero en el debate; definir que esto sea así y que esté claramente habilitado. Y luego lo que creo que debería hacerse en una ley luego de un profundo debate de cara a la sociedad- es establecer de qué manera se sostiene a las Iglesias”.

En la opinión del ministro “no es el mejor mecanismo pagar sueldos desde la estructura del Estado por funciones religiosas. Existen hoy, por ejemplo, los capellanes en el Servicio Penitenciario; en la Policía y en el ámbito del Ministerio de Salud. Están dentro de la estructura, son legales y son derechos que no pueden ser vulnerados y quienes ejercen esos cargos tienen el derecho legítimo a ejercerlos”.

Sin embargo reconoció que “mirando hacia el futuro habría que pensar que el sostenimiento o la transferencia de recursos a las Iglesias, religiones o a los cultos, debe hacerse de otra manera. Quizás evaluando la función que cumplen se podría establecer un monto, un porcentaje o ver de qué manera se distribuye entre las distintas iglesias y cultos. También cómo establecemos un piso para admitir y reconocer una iglesia o un culto para que sea asistida por el Estado”.

Establecer prioridades

Farías señaló además que uno de los elementos principales es “priorizar las funciones sociales que tienen” porque “llegan muchas veces a lugares donde el Estado no llega o lo hace con dificultades. El caso más claro es la Educación. Pero también lo hay en otros órdenes como la atención de adicciones, en la atención alimentaria de la población a través de comedores, copa de leche... y debemos tener en cuenta que estas iglesias o estas religiones expresan valores de una sociedad y es bueno que lo sigan haciendo. Con lo cual concluimos que es bueno el sostenimiento. Lo que sí, debe ser claro y estar reglamentado en una ley”.

Señaló seguidamente que “por toda esta labor que llevan adelante es que no me parece el mejor modo el que tenemos hoy, es decir, pagando un sueldo para la función religiosa. Creo que ni siquiera es bueno para las iglesias que las funciones religiosas sean sostenidas con un sueldo del Estado. Lo cual no quiere decir que no puedan recibir plata del Estado que le sirva para sus fines en general. Son cosas distintas”.

Agregó el ministro que “no estoy en contra de que haya sacerdotes que vayan a la cárcel. Todo lo contrario, ojalá vayan todos los días y ayuden con el trabajo de recuperación de mucha gente en la población carcelaria. Los sacerdotes, los evangelistas hacen una labor maravillosa dentro de las cárceles y es mi opinión que el Estado tiene que solventar muchas de estas actividades pero no quiere decir esto que deben formar parte de la estructura del Estado como lo es el caso de los capellanes. Hay que pensar en figuras distintas y reglamentar, es decir, dejar en claro qué parte, qué porción de los recursos públicos tienen que ir al sostenimiento de las religiones”.

“No quiero meterme en terrenos que les corresponden a las jerarquías eclesiásticas o religiosas, pero me parece que no es bueno para una religión, que una función religiosa esté comprendida dentro de las funciones del Estado. Me parece que es bueno tanto para las religiones como para el Estado, mantener su independencia como así también creo que es importante y que es bueno que el Estado se involucre y ayude a las iglesias a desarrollar su tarea, sobre todo insisto, la tarea social, la educativa y la de promoción de valores”, enfatizó Farías.

Reconocimiento

El ministro señaló además que “no sólo se reconoce permanentemente la tarea importantísima que desarrollan muchos curas, pastores o referentes de distintos credos en los barrios, en situaciones muy extremas sino que, además, en general son personas de un gran prestigio, que tienen un gran reconocimiento social y una alta credibilidad por ser personas de bien. Eso también es un agregado particular porque también muchas veces estas personas logran generar situaciones debido al enorme prestigio que tienen. Vamos a poner un ejemplo, un caso clásico de Santa Fe como lo fue la labor del padre Atilio Rosso. El prestigio de Rosso trabajando el tema de la vivienda en las situaciones más extremas permitió desarrollar una organización. La misma organización que continúa hoy tiene mucho que ver con el padre Atilio Rosso. Los Sin Techo representan al cura Rosso. Y existen muchas de estas figuras por suerte y es muy importante que estas figuras sigan siendo apoyadas por el Estado. Por cierto, al Movimiento Los Sin Techo vamos a seguir apoyándolo junto con otros movimientos de la Iglesia Católica o de otros credos, porque evidentemente son parte de la sociedad y trabajan coordinadamente con el Estado”, ejemplificó Farías.

Un ejemplo

En diciembre de 2016 el gobierno de la provincia envió un mensaje a la Legislatura -el 4524- con el que se pretenden introducir una serie de modificaciones a la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario. En ese texto, en el Capítulo II “Organización del personal. Estructura escalafonaria” se realiza una descripción detallada del personal que compone el Servicio Penitenciario. En ese mensaje la figura del capellán ya no es tenida en cuenta y deja de formar parte de la estructura.

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El titular de la cartera de Gobierno, Pablo Farías.

Foto: Flavio Raina

Los motivos para una discusión amplia

- Frente al debate abierto de cara a la reforma de la Constitución generalmente nos detenemos en la discusión sobre si hay reelección de gobernador y vice o si se habilita a la reelección y perdemos de vista estos debates que tienen un peso social importantísimo.

- Efectivamente por allí tiene más impacto el tema de la reelección sí o no. Pero realmente lo que se bregando con la reforma constitucional son poner en la discusión este tipo de temas que necesitan un nuevo consenso social acerca de cuál va a ser el rol de las iglesias, el Estado y el sostenimiento económico. Hay que seguir sosteniendo esta actividad pero hay que actualizarla en la forma en que se lo hace y que algunas figuras, como los capellanes, pagados por el Estado, han quedado anacrónicas.

Y no hay que olvidar que así como éste, existen otros temas que necesitan de una reforma de la Constitución, como ocurre con el Consejo de la Magistratura. La designación de los jueces a través del Consejo de la Magistratura funciona en tanto y en cuanto la voluntad del gobernador lo sostenga, porque está todo armado por decretos y si algún mandatario el día de mañana quisiera retomar sus facultades y enviar a la Legislatura un pliego para la designación de jueces -cumpliendo algunos requisitos-, puede hacerlo. Esto muestra tanto la debilidad que tiene hoy nuestra Constitución como la necesidad de establecer los cambios.