Jornada debate en la Cámara de Diputados

Suma rechazos la posible desfederalización del narcomenudeo a la justicia santafesina

El fiscal Baclini reclamó la adhesión a la norma nacional. En cambio, la defensora Balangione se opone al igual que el Colegio de Magistrados. Postura crítica de Bonfatti.

Mario Cáffaro

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“No a la persecución criminal; sí a la prevención” afirmó Antonio Bonfatti, presidente de la Cámara de Diputados en el cierre de la jornada que bajo el título ‘Narcomenudeo: provincia o nación’ se realizó ayer en el hall de la Legislatura ante legisladores, fiscales regionales, funcionarios judiciales, del Poder Ejecutivo y estudiantes de derecho que colmaron el lugar. La jornada había sido propuesta por la diputada oficialista Alicia Gutiérrez (SI) quien tuvo a su cargo la apertura. Luego, expusieron los cuatro invitados. “Aconsejo no adherir” remató Jaquelina Balangione, defensora pública; “puede ayudar a reducir la violencia en la sociedad” señaló Jorge Baclini, fiscal general. Después, Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial advirtió que la decisión debe conllevar recursos económicos y humanos mientras que Mariano Fusero, director del área de Política de Drogas de la ONG ‘Asociación Pensamiento de Buenos Aires’ demostró que tienen mayores efectos positivos los recursos invertidos en prevención que en persecución. En el cierre, Bonfatti advirtió que “no podemos empezar por algo que va a fracasar”.

La posible adhesión a la ley 26.052 que transfiere recursos y competencias de la justicia federal a las provincias para perseguir delitos menores de tráfico de drogas nunca tuvo apoyo de la Cámara de Diputados que en tres ocasiones desoyó otras tantas medias sanciones del Senado. El pasado 1 de Mayo fue el propio gobernador Miguel Lifschitz quien sugirió avanzar con el tema y tres semanas atrás, el macrista Federico Angelini presentó un proyecto para sumar a Santa Fe a esa norma.

La diputada Gutiérrez -crítica de esa posibilidad- motorizó la jornada donde hubo fundadas expresiones pero lejos de lograr consensos. Las críticas de la legisladora apuntaron además a la política de persecución encarada por el gobierno nacional. “Se habla de crear juzgados federales y designar fiscales en las provincias del norte pero en 13 años no se erradicaron cultivos ni se avanzó en combatir el lavado de activos. Hoy 7 de cada 10 mujeres detenidas están por causas de narcomenudeo cuando en 2005 eran solo 2 de cada 10”, dijo.

Contrapuntos

“Mi posición es pública y en ella coincidimos los cinco defensores regionales” señaló Balangione, crítica de la posibilidad de que la provincia se haga cargo de los casos de narcomenudeo. “No aporta soluciones a la sociedad. El problema existe y afecta a los sectores más vulnerables. En la Defensa tenemos una mirada integral no punitivista” acotó, abundando en cifras. No dejó de advertir que “hay una línea sutil entre consumo y tráfico cuya resolución queda en manos de los jueces”. A contramano de la opinión de Baclini, para Balangione la experiencia en las provincias que adhirieron al tema “no ha sido buena. Serán más complicaciones que soluciones”, vaticinó. También se encargó de cuestionar las políticas del gobierno nacional en materia de drogas a las que calificó de ‘retrógradas’. “El enfoque del narcomenudeo no es eficaz. Ha generado un crecimiento de la violencia que afecta la paz social. Insto a que no sancionen la ley” terminó diciendo.

Luego fue el turno de Baclini quien es partidario de la adhesión aunque admitió miradas diferentes con los fiscales regionales todos los cuales estaban presentes en la platea. “El narcotráfico viene creciendo desde 1990, es un tema complicado y se deben tomar medidas inteligentes para hacerle frente”. Mencionó las provincias que desde 2005 con Buenos Aires a la cabeza empezaron a sumarse al sistema. Le siguieron Córdoba, Salta, Formosa, Chaco y Entre Ríos y consideró inminente que lo hagan Santiago del Estero, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Santa Fe se va a convertir en una isla y el corrimiento del delito recalará en nuestra provincia sino se atiende la problemática” advirtió.

Después hizo un enfoque jurídico de la cuestión, destacó que la política de persecución penal está en manos del MPA y que esa política no será perseguir al consumidor sino buscar las redes y el lavado de activos. También en su exposición desmintió lo que definió como falacias, entre ellas que habrá más corrupción en la policía e insistió en afirmar que casi todos los procedimientos actuales los realiza la policía de la provincia. “Hay que ir por los lavados de activos” y mencionó autos importados de alta gama, compra de campos, caballos de carrera o sacar el dinero de la provincia. “Se debe tener una política integral desde el Estado con políticas sociales, deportivas, acordando con municipios”

Salvador dijo traer la opinión de magistrados de otras provincias donde se conversó el tema en el reciente encuentro de la Federación que los agrupa. “En Buenos Aires, la opinión es desfavorable y en Córdoba es favorable a la hora de narcomenudeo pero no hay más casos de tráfico de drogas en la justicia federal”. Fue enfático el magistrado penal en los cambios que se producen en 15 o 20 años en el paradigma de la criminalidad. Admitió la necesidad de cambiar el modelo investigativo y reclamó garantías y seguridad para los operadores del sistema judicial en obvia alusión al ataque de dos viviendas que ocupara el magistrado que condenó a integrantes de Los Monos,

“El narcotráfico es un flagelo, pero exige ser responsables y competentes; debe haber recursos humanos y económicos y no alcanza con adherir a una ley” remató.

Por último, un muy crítico Fusero cuestionó la política de persecución penal e incluso mencionó que pese a los fallos Bazterrica y Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la nación, aún no se ha dictado la ley de despenalización del consumo. Con bases en posturas de Daniel Erbetta y Eugenio Zaffaroni calificó de inconstitucional la ley de narcomenudeo y propuso trabajar fuertemente en reducir la oferta y la demanda de drogas. “Apenas el 5% de los presupuestos van a prevención y el 95% a persecución”, remató.

Al final, Bonfatti ponderó las exposiciones, dijo entender al fiscal Baclini pero instó “a sacarnos la careta. No a la persecución, si a la prevención. No podemos tapar la realidad con un parche” en alusión a esta ley e instó a seguir el ejemplo de Portugal que hoy es tomado por la Unión Europea. “No podemos empezar a enfrentar el problema por algo que va a fracasar” pidió no sin dejar de recordar que el mayor consumo de drogas está en Estados Unidos (50% del mundo) “que después nos manda la DEA”.