Una cautelar judicial frenó el tarifazo K sobre el gas

De la redacción de El Litoral
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El juzgado federal N° 1 de la ciudad de San Nicolás (provincia de Buenos Aires) ordenó el jueves pasado a la empresa Litoral Gas -que también actúa en la provincia de Santa Fe) que se abstenga de “cobrar los cargos que componen el nuevo cuadro tarifario” en localidades como la antes mencionada, Ramallo, Pergamino, San Pedro, Baradero, Bartolomé Mitre y Colón. Sin embargo, el fallo alcanza también a los usuarios santafesinos de la firma.

En total son 620 mil los usuarios de esa compañía y aunque la cautelar no tiene efectos retroactivos para las boletas que ya fueron abonadas, aún se desconoce cuál será su impacto en la economía del servicio.

Todos los expertos en servicios públicos coinciden en que era poco menos que absurdo el valor del gas hasta el dictado de la resolución del gobierno nacional que decidió -en forma abrupta- quitar la mayor parte de los subsidios al servicio.

El gobierno nacional interpreta que no se trata de un aumento de la tarifa (sólo se retira el subsidio, es el argumento) pero en el interior del país ya son varios los jueces que han concedido cautelares a las organizaciones de usuarios.

Las desprolijidades del tarifazo K al gas, desde la ausencia de audiencias públicas que no se celebraron hasta la cadena oficial que el 4 de abril anunció modificaciones tarifarias a partir del 1º de ese mes, dejaron las puertas abiertas para que (tal como ocurriera con el Programa de Uso Racional de la Energía, Pure) se cuestione en tribunales lo que en la economía parece sensato.

Retrotraer precios

La intimación judicial que fue solicitada por la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) implica que la distribuidora no podrá cobrar la quita del subsidio y debe retrotraer sus precios al 1° de abril (cuando quedó sin efecto la bonificación estatal, según las distribuidoras gasíferas). La medida es similar a la adoptada en Mendoza, Mar del Plata y Necochea (también alcanza a Balcarce), mientras que la Municipalidad de Tigre (administrada por el massismo) también se presentó para pedir un amparo similar.

El juez Martín Alberto Martínez, del juzgado federal Número 1 de San Nicolás, hizo lugar a una cautelar pedida por consumidores ubicados en las localidades del norte bonaerense y Santa Fe.

“Usted podrá abonar su próxima factura con los costos del metro cúbico, cargo fijo y factura mínima anteriores al 1º de abril de este año, fecha en la que comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario. Sepa que tiene derecho a mantener la prestación del suministro del gas sin corte alguno, pues el juez ordenó aquello explícitamente a Litoral Gas”, puntualizó UCU.

¿Refacturación?

La cautelar que obtuvo la organización de usuarios y consumidores contiene la orden judicial de “refacturar” las boletas emitidas por Litoral Gas, aspecto que -como el amparo- fue apelado por la compañía.

“La situación que tenemos hoy es que quien ya pagó con el aumento no puede volver atrás con ese pago, con ese período. Al pagar se aceptan las condiciones. Pero el juez ha ordenado la refacturación con los valores al 31 de marzo, porque es un cobro indebido”, cuestión que se resolverá “cuando termine la demanda”.

En cuanto a quien no pagó, “el usuario no tiene por qué hacer ningún trámite especial”, sino que “podrán abonar su próxima factura con los costos del metro cúbico, cargo fijo y factura mínima anteriores al 1º de abril de este año”, según la orden judicial.

“No hubo audiencias públicas”, dice la ONG que fue a Tribunales

“Nuestro ataque al aumento de las tarifas de gas no es por una cuestión de fondo”, advirtió la abogada Caren Kalafatich, referente local de Usuarios y Consumidores Unidos.

Explicó que la presentación judicial que logró un amparo contra el aumento de Litoral Gas se basa en el incumplimiento de pautas que deben seguir las empresas proveedoras de servicios públicos, y sobre todo la autoridad concedente, en este caso: el Estado Nacional.

“El aumento no fue progresivo y afecta el bolsillo de los usuarios”, describió Kalafatich pero explicó que no son los números de la suba lo que cuestiona la asociación civil sino las formas.

“La medida no le permite al usuario prevenirse, y no fue informada correctamente. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe no se publicó ningún aviso en el diario de mayor tirada (El Litoral). Y por supuesto que la decisión del gobierno nacional ha sido intempestiva y con valores que están lejos de los anunciados: hay casos de subas de hasta el mil por ciento”, indicó.

Tras aclarar que sólo Litoral Gas publicó la medida del gobierno nacional en un diario de la ciudad de Rosario, agregó: “Se da a conocer un cuadro tarifario que para quien no tiene conocimientos previos sobre las tarifas es casi imposible de entender”.

“Lo más importante -siguió- es que aquí el aumento se anunció por cadena nacional, sin más trámites el 4 de abril y para un período que comienza el 1º de ese mes. No se celebraron audiencias públicas”, destacó.

Tras poner como ejemplo que en Santa Fe el aumento de las tarifas de Aguas Santafesinas SA siguió ese mecanismo, recordó que a nivel nacional -por ley- las audiencias con la participación de los usuarios son obligatorias para esas revisiones. (En la provincia la legislación vigente no obliga al gobierno a celebrarlas, aunque el Enress las lleva a cabo).

“No se ha garantizado el derecho a la información, no hubo ninguna comunicación por nota a los usuarios del aumento, y con ello no se le ha permitido a los usuarios tener cierta previsibilidad sobre los consumos, para no ser alcanzados por la suba”, explicó.

Agregó que “hicimos un estudio de campo y en todos los casos hemos comprobado que con las facturas de abril no se distribuyó ningún aviso respecto del aumento”.