Para una familia tipo la luz subirá $ 250 por bimestre

De la redacción de El Litoral

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El gobierno santafesino -que contaba con tener ya definido el aumento de la energía eléctrica- tendrá que esperar hasta que concluya una reunión, mañana por la tarde, convocada por el ministro de Minería y Energía de la Nación, Juan José Aranguren.

Al encuentro va a asistir el gobernador Miguel Lifschitz, además de la titular de la Secretaría de Estado de Energía, Verónica Geese. Esa será la comitiva santafesina que concurrirá a la Casa Rosada, a una reunión que fue postergada en la víspera.

La invitación llegó a Santa Fe por dos ministros nacionales: además de Aranguren, llamó a la Casa Gris su par del Interior, Rogelio Frigerio. Además, contra lo que se había informado de manera oficial ayer, no irá a Buenos Aires el titular de la Empresa Provincial de la Energía, Raúl Stival.

A juzgar por la composición de la representación de la provincia, un criterio más político que técnico parece que definirá cómo será el aumento de las boletas de la EPE.

De todas formas, hasta aquí, con los números propios y los que cambió el gobierno nacional respecto del valor de la energía en su nivel mayorista (donde el aumento fue del 300 %), la compañía estatal santafesina ya ha hecho sus cálculos.

Tal como informara El Litoral en la edición de ayer, los aumentos que han estimado los técnicos de la EPE (que aún no se comunicaron de manera oficial ni se han firmado) llegarán en algunos casos a rondar el 50 %.

La cifra corresponde a una escala que desalienta el consumo, ya que pagarán más caro la electricidad quienes más consuman, no arrancará en el 30 % (como se informara ayer) sino que -como mínimo- se piensa en un 40 %.

Así, para los consumos mayoritarios de los usuarios residenciales, que promedian unos 400 kw bimestrales, el aumento dolerá en el orden de unos $ 250 por sobre las boletas actuales. Se estima que ese es el consumo medio de una familia tipo, compuesta por una pareja y dos hijos.

Diferencia y desinformación

Mientras que en Santa Fe el consumo típico es de 400 kw, en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano, ese promedio llega a los 700 kw. Las tarifas bajas empujaron allí el consumo irracional, gracias al doble subsidio nacional de que gozaron porteños y bonaerenses: hubo fondos aportados por todo el país para el precio mayorista de la energía y para las empresas Edenor y Edesur (cuyos sueldos, en parte, llegó a pagar el gobierno anterior).

El precio de la energía para las empresas generadoras (congelado mediante subsidios durante más de una década) aumentó para todos los argentinos un 300 %.

Sin embargo, sólo los usuarios de ambas empresa privadas han contado con la información sobre cuánto pagarán a partir del 1° de febrero.

Los santafesinos -como en todas las demás provincias- ignoran el valor de la energía que consumen desde la hora cero de ayer.

Los anuncios del gobierno nacional contemplaron un calendario que sólo permitió a los usuarios porteños y bonaerenses contar con esa información.

La alta tensión del Conurbano

Ayer, Aranguren y Frigerio (junto al viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y el secretario de Relaciones con las Provincias, Alejandro Caldarelli) enfrentaron las caras de preocupación de los intendentes del conurbano bonaerense respecto del tarifazo.

Los jefes políticos de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de Lanús, Néstor Grindetti; de San Martín, Gabriel Katopodis; de Quilmes, Martiniano Molina; de Pilar, Nicolás Ducoté; de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de San Miguel, Joaquín de la Torre; y de Tigre, Julio Zamora, entre otros, fueron a advertirle al gobierno nacional que este aumento -junto a otros- pone en “alta tensión” al delicado entramado social de la provincia de Buenos Aires.

“Les pedimos que nos ayuden a controlar a las empresas. Ustedes son los que más cerca están de los vecinos”, planteó a su vez Frigerio a los jefes comunales.

La reunión fue en el Palacio de Hacienda, y Aranguren detalló a los intendentes cómo se va a implementar la tarifa social, uno de los principales puntos de preocupación de los jefes comunales. Katopodis advirtió que su valor “es insuficiente”.

Amparo

Hugo Argerich, un diputado provincial catamarqueño del FPV presentó ante la justicia federal un recurso de amparo contra el aumento de las tarifas eléctricas “por no mediar, como establece la legislación vigente, una audiencia pública”. La presentación reniega del argumento del gobierno nacional que se apoya en resoluciones del gobierno kirchnerista y en una audiencia pública de 2006.

La Región Centro, como un bloque

Las empresas de energía de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a pesar de sus diferencias políticas durante la última década, lograron mantener conversaciones y algunas políticas comunes, en el marco de la Región Centro.

De las tres provincias, las dos socias mayores fueron las más refractarias a las políticas públicas del kirchnerismo respecto del congelamiento de las tarifas y el divorcio entre costos del servicio y valores finales a abonar por los usuarios.

Tanto Santa Fe como Córdoba han tenido una política permanente de actualización, mientras que Entre Ríos también lo hizo, aunque en menor medida.

Las tres no tuvieron el mismo comportamiento cuando, en 2014, el gobierno nacional anterior impuso el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República Argentina, una suerte de cepo tarifario desde Buenos Aires, sobre la autonomía de las distribuidoras provinciales.

Al gobierno kirchnerista las negociaciones con cada distrito se le facilitaron porque -debido a la desactualización tarifaria- las provincias acumularon deudas enormes por la energía consumida impaga.

Hoy el conjunto de las provincias le deben a Cammesa -la compañía mixta que administra el mercado mayorista- nada menos que 15 mil millones de pesos.

Y de esa cifra sólo mil corresponden a la EPE (que ya ha firmado un convenio de pago). Pero otras empresas de la misma jerarquía que la santafesina como la cordobesa Epec tienen deudas que superan los 5 mil millones.

Otras empresas más chicas (con mercados eléctricos mucho menores) enfrentan un endeudamiento que se hará aún más cuesta arriba.

Además del aumento de tarifas en el nivel mayorista, las resoluciones advierten a las distribuidoras provinciales y cooperativas eléctricas que no podrán seguir con sus atrasos en los pagos por la energía distribuida.