Gabriel Rossini economia@ellitoral.com El desproporcionado e irracional aumento de las tarifas de los servicios públicos -particularente la del gas- dejó a la vista de quienes quieran verlo un nivel de improvisación no imaginado en los funcionarios del gobierno nacional, a los que el presidente Mauricio Macri calificó como “el mejor equipo de los útimos 50 años” el día que asumieron su cargo en diciembre de 2015. Se explique de la manera que el gobierno o sus asesores comunicacionales crean más eficiente, el tarifazo se aplicó sobre toda la sociedad sin tener en cuenta regiones, condición social, ingresos y estación del año (hubiera sido distinto si se hacía después del invierno, por ejemplo). Pareció más una decisión de pasantes que de funcionarios con conocimiento del tema, justificado ante las quejas en el límite de la provocación, en una cuestión que se inscribe entre las más importantes de la campaña electoral presidencial. Así, pasamos una semana donde el presidente dijo que el tema energético era su obsesión, lo repitió todas las veces que habló en público, pidió consumir menos energía, recomendó delante de un grupo de trabajadores que la gente no anduviera “en patas y en remera” en sus casas -como si todos tuvieran losa radiante, que es de la única manera que se puede andar descalzo en invierno- a emitir una resolución que favorece el consumo de gas sin límites. En efecto, la medida anunciada el lunes por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pone límites a lo que el consumidor va a pagar independientemente de lo que consuma. Es decir que quien cuente con el servicio de gas natural puede encender todas las fuentes de energía que tenga instaladas porque lo que va a pagar nunca excederá en un 400 por ciento lo que gastó el mismo bimestre de 2015. Lo que subyace a estas explicaciones y justificaciones elegidas por los funcionarios del gobierno cuando debieron enfrentar los cuestionamientos en el Congreso Nacional y las críticas de la gente -cuya expresión más visible fue la extendida protesta del pasado jueves- no es menos grave. En primer término, explicar aumentos de 400 por ciento en las tarifas como gentiles concesiones cuando son aumentos desproporcionados en cualquier parte del mundo. “Explican los aumentos como si todos ganaran 50 mil pesos por mes”, reflexionó un santafesino ante una de las tantas veces que funcionarios del gobierno defendían la medida en los medios de comunicación. La decisión de la Cámara Federal de La Plata de suspender los aumentos del gas en todo el país abrió la puerta para que la Corte Suprema de Justicia se aboque a un tema que no es judicial sino político, que debe resolver la política. La decisión de ponerle límites a la factura, lejos está de haber solucionado el problema. “El aumento es muy fuerte, difícilmente sostenible para los usuarios” respondió el senador Miguel Ángel Pichetto -probablemente el peronista con más diálogo con el gobierno-, aun con las modificaciones dispuestas. Un proyecto de ley presentado en el Senado por el chubutense Mario País, que integra el FPV-PJ, propone anular todas las resoluciones del Ministerio de Energía que aumentaron las tarifas de gas, incluso la del lunes y cuenta con el respaldo del PJ y el massismo. De aprobarse, lo que tiene grandes posibilidades, será un aporte más a la confusión general.