El 1° de octubre próximo, la planta que provee agua potable en Santa Fe cumplirá 110 años y su capacidad está al límite: mientras la ciudad crece y la construcción de nuevos barrios se extiende hacia el norte, por el momento no existe manera de garantizarles la provisión de este servicio con la infraestructura existente.
El año pasado, esta obra de vital importancia para mejorar la calidad de vida en la capital provincial, quedó fuera del endeudamiento provincial por 500 millones de dólares que autorizó la Legislatura, lo que motivó una inmediata recriminación del Municipio santafesino. En medio de la campaña política, y de la ruptura del FPCyS, la gestión local le puso nombre y apellido a la responsabilidad de esta oportunidad perdida: el senador Emilio Jatón.
De todos modos, el gobierno provincial solicitó a Nación financiamiento para ampliar la planta ubicada en barrio Candioti, en el marco del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. En declaraciones a El Litoral, hace un mes el gobernador Miguel Lifschitz dijo que concretarla “es una prioridad” de su gestión y adelantó que como no habían recibido respuesta de Nación “estamos buscando otros mecanismos de financiamiento para poder encararla, porque es una obra que hoy puede estar en los 1.500/2.000 millones de pesos. Es mucha inversión, pero la tenemos como una prioridad”.
Ahora, junto al ministro de Infraestructura José Garibay, presentó los avances que tiene el proyecto. Incluida en el Plan Director de Assa, el objetivo es generar un 75 % más de producción de agua potable con tecnología de última generación, que acompañe el crecimiento de la ciudad hasta el año 2050. Así, se podría llegar a cubrir el 100 % de redes en toda la ciudad.
Entre los detalles de la obra, se destacó que la producción prevista de la futura planta más la existente pretende generar unos 350 millones de litros por día. Para esto, se proyectó una nueva toma de captación de agua cruda y la construcción de más acueductos y un nuevo laboratorio de calidad. A la vez, habrá que realizar mejoras operativas en sectores de producción.
Sobre los posibles mecanismos de financiamiento, el gobierno provincial informó que tiene tres opciones en estudio, con algunas gestiones iniciadas. Por un lado, que sea el gobierno provincial el que realice la inversión; por otro, conseguir financiamiento externo; tercero, a través del mecanismo de Participación Público-Privado (PPP) que ofrece el gobierno nacional.
Sobre esta última opción, el intendente José Corral anunció el lunes a la tarde que el proyecto ya está incluido en el Presupuesto 2018 de Nación, a través de este mecanismo. “Tenemos una buena noticia para dar: el gobierno nacional incluyó en el Presupuesto 2018, a través del sistema de financiamiento público-privado, la financiación por 66 millones de dólares del proyecto para la ampliación de la planta potabilizadora de agua de la ciudad”, aseguró Corral.
El intendente recordó que también su gobierno pidió a Nación que tenga en cuenta esta obra: “En abril iniciamos las gestiones ante Nación para que financie la obra que es central para la ciudad. Lo conversamos con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, e iniciamos las gestiones para que esté contemplada en el Presupuesto 2018. Ahora, estamos a la expectativa de que se apruebe para que el proceso pueda avanzar”.
Por su parte, el ministro Garibay ratificó el anuncio del intendente: “Hay cuatro obras incluidas en el Presupuesto nacional por PPP: la planta potabilizadora para Santa Fe, la planta de cloacas para Santa Fe, el acueducto de Coronda y la planta de tratamientos de líquidos cloacales de San Lorenzo. En el caso de Santa Fe, son $ 1.130 millones de inversión. Por si se detiene esta posibilidad con Nación, hemos preparado y tenemos en carpeta un proyecto de pliego para convocar a empresas que desarrollen la obra; si no sale la alternativa nacional, tenemos en carpeta la alternativa provincial”, explicó.
¿Cómo funciona el mecanismo PPP?
En febrero de este año, el gobierno nacional reglamentó la Ley 27.328 de contratos de participación público privada, instrumento que tiene por objetivo atraer y agilizar inversiones. El nuevo régimen apunta a “desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.
La ley fue sancionada por el Congreso a mediados de noviembre pasado y, de acuerdo con las previsiones oficiales, permitirá viabilizar el financiamiento por un monto de al menos u$s 40.000 millones destinado a un conjunto de obras de infraestructura.
Según se explicó la PPP constituye una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, donde el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado sólo ejecuta y construye.
El nuevo régimen implica un cambio de paradigma en la contratación pública, ya que excluye o limita en forma significativa las prerrogativas de la administración: entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato; la rescisión por razón de interés público; la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones y la limitación de la responsabilidad estatal.