Sin acuerdo para gravar las exportaciones de soja

Por Mario Cáffaro
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El oficialismo en la Cámara de Diputados no avalará el proyecto del justicialista Alberto Cejas para gravar con Ingresos Brutos las exportaciones de soja y derivados y a las actividades de industrialización de cereales y oleaginosas por entender que violaría la ley de coparticipación federal y los acuerdos federales suscriptos oportunamente por la provincia. “Es buena la iniciativa de crear un fondo para los sectores productivos y para la vivienda social, pero debemos buscar en otro sector los recursos” reconoció a El Litoral el socialista Raúl Lamberto.

El legislador oficialista conversó el proyecto con Cejas en las últimas horas y le propuso buscar alternativas para no violar acuerdos federales, y recordó que en la provincia siguen exentos de tributar Ingresos Brutos la industria y la construcción, sobre los que pretendió avanzar la actual gestión en dos ocasiones sin lograr aval del justicialismo en la Legislatura.

El proyecto de Cejas fue rechazado por las Bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario, que solicitaron entrevistas a los presidentes de ambas Cámaras legislativas para explicar las razones de su negativa. Lamberto admitió que parte de los argumentos de las entidades son compartidos por el Ministerio de Economía provincial, donde el oficialismo consultó los alcances de la iniciativa.

Cejas -diputado y titular de la CGT Santa Fe- presentó el proyecto hace quince días y logró un tratamiento preferencial para la sesión de este jueves. “Acordamos seguir conversando y buscando alternativas”, dijo Lamberto al admitir la inconveniencia de aprobar un gravamen contra lo firmado oportunamente por la provincia con sus pares y con la Nación.

El proyecto en discusión apunta a que las actividades portuarias relacionadas con la exportación de soja y derivados, y la actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosas queden fuera de las exenciones que les establece el Código Fiscal. El autor recordó que el sector ha tenido facturaciones anuales superiores a los 20 mil millones de dólares y está exceptuado de todo tipo de gravamen y lo comparó con “los trabajadores, que son el motor para que estas empresas tengan esas ganancias, deben abonar Ganancias por la percepción de sus salarios, con el agravante de que algunas de esas empresas de capitales extranjeros giran sus recursos a las casas matrices”.

La iniciativa establece que el 50% de los fondos que se obtengan con la aplicación del tributo vaya directamente a la construcción de viviendas sociales y el restante 50 % se utilizaría para fomentar y alentar la producción de sectores que no han ido al mismo ritmo de crecimiento que los otros.

Razones jurídicas y económicas

En el Ministerio de Economía de la provincia se estima que, la aplicación del tributo, tal como fue planteado generaría recursos del orden de los cien millones de pesos anuales, pero se recordó la vigencia de la ley 23.548 de coparticipación federal. Santa Fe pretende no violar normas federales debido a que mantiene controversias con la Nación por diversos planteos, donde entiende que hubo violaciones o facultades no delegadas por la provincia al gobierno federal, uno de ellos incluso ante la propia Corte Suprema de Justicia.

En las notas remitidas a las presidencias de ambas Cámaras legislativas, las Bolsas de Comercio de la provincia apuntan razones jurídico-tributarias y económicas para oponerse al proyecto. Señalan, por ejemplo, el artículo 9 inciso b) apartado I. de la ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, que no permite que las provincias graven con Ingresos Brutos la actividad de exportación. “La pretensión del proyecto en cuestión es contraria a dicha norma de jerarquía constitucional” dicen. Recuerdan que la provincia adhirió a la ley Nº 23.548, por lo que quedó obligada al cumplimiento de sus disposiciones sin limitaciones ni reservas, entre las cuales se encuentran los lineamientos básicos que debe tener el Impuesto a los Ingresos Brutos, diseñados en el Art. 9º, a los efectos de lograr la armonización tributaria, sin que ello implique un avasallamiento de sus potestades tributarias”.

Las entidades aclararon que “si se permitiera que la provincia desconociera abiertamente la obligación de no gravar la actividad de exportación que le impone la ley Nº 23.548 se estaría desvirtuando la esencia del régimen de coparticipación, socavando los cimientos de su razón de ser y aceptando la vulneración de una norma de jerarquía constitucional”.

Además hicieron notar que “introducir un gravamen provincial sobre las exportaciones, no sólo va en contra del principio universalmente aceptado de ‘no exportar impuestos’, sino que atenta contra la competitividad internacional de los agentes económicos locales, que constituyen los pilares de la política tributaria”.

Aclararon que las consecuencias del proyecto no caerá únicamente en las exportadoras, sino en toda la cadena, especialmente en el productor agrícola.

Desde el norte, Corenosa sumó el rechazo al proyecto en términos similares, especialmente en lo que hace a que será toda la cadena la que pagará el nuevo costo tributario.