El gobernador Antonio Bonfatti defendió ayer el incremento del 92 por ciento promedio que tendrá el servicio de agua potable en 2012, y marcó distancia con el titular del Enress, Alberto Muñoz, quien por la mañana, se había quejado porque Aguas Santafesinas S.A. (Assa) no había acatado el dictamen formulado por dicho organismo de control.
“Lo del Ente es una cuestión consultiva, no definitoria. La decisión la toma el Poder Ejecutivo sobre la base de una realidad que es lo que cuesta el metro cúbico de agua, que está muy por debajo de lo que prevé el nuevo aumento tarifario. Creo que tenemos que hacernos cargo de una empresa que está desfinanciada, que la hemos ido recuperando en forma paulatina porque no nos olvidemos que estaba bajo la órbita privada y no dieron ningún tipo de respuestas a las necesidades de cloacas y agua potable de las quince ciudades en las que tenían la concesión”, expresó.
Bonfatti se quejó así de la etapa privatista, y aseguró que como consecuencia de ello, “nos debimos hacer cargo de una deuda social enorme. No puede ser que hoy todavía en Santa Fe haya gente sin agua y sin cloacas. La única forma de invertir es contar con dinero”, planteó. Y ante la consulta de El Litoral, aseguró que “el aumento fijado es el menor que se podía aplicar, indudablemente”.
Camioneta
En otro orden y consultado por este diario, Bonfatti se refirió a la polémica suscitada con la Nación por la camioneta “afectada” al Ministerio de Desarrollo Social, que se encontró en la localidad de Santo Domingo con 450 kilos de marihuana. El lunes, el ministro de Seguridad, Leandro Corti, explicaba en conferencia de prensa que de acuerdo con la documentación secuestrada, el vehículo estaba “afectado a algún servicio” de la cartera nacional.
Pero ayer, el gobernador le bajó el tono a la polémica, y dijo que desde la provincia no hay ninguna acusación contra el gobierno central.
“La camioneta no es de Desarrollo Social de la Nación. La camioneta tenía logo de Desarrollo Social; tenía algunos comprobantes de una compra de neumáticos a nombre de ese ministerio lo cual no quiere decir que sea de ese ministerio. Que investigue la Justicia”, sentenció. A su criterio, que el vehículo haya estado “afectado” -tal como surge de la documentación a la que aludió Corti- al Ministerio, no es sinónimo de sospecha.
“No es sospechoso. Que investigue la Justicia. Uno no puede sospechar a un Ministerio porque ha habido una tercerización de un vehículo que está a nombre de una empresa, prestando un servicio para la Nación. Con esto no estamos acusando a la Nación, de ninguna manera”, concluyó.