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El Informe sobre libertad de expresión de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que se dio a conocer hoy en Bolívar (Buenos Aires) hizo un detalle de las "represalias" del Gobierno hacia la prensa independiente, cuya "gravedad constituye un parámetro más certero para medir la salud de la libertad de expresión en un país".
Entre los métodos de "ataque" y "presión" a los medios, ADEPA señaló textualmente:
*"Buena parte suele ser cooptada a través del reparto discrecional de fondos públicos, el otorgamiento de licencias o la adjudicación de contratos con el Estado relacionados con negocios paralelos de los propietarios de esos medios.
*"Otros se autocensuran o tratan de evitar notas discordantes con la partitura oficial porque son perseguidos por los órganos de fiscalización, temen perder el acceso a insumos esenciales o que los anunciantes privados decidan migrar de sus espacios por presiones gubernamentales.
*"Desde febrero, los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, entre otros, sufren un boicot publicitario instigado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y configurado por la autocensura publicitaria de las mayores cadenas de supermercados y electrodomésticos.
*"La pérdida de estos avisos genera una caída de ingresos publicitarios de un 20%, tanto para las empresas periodísticas mencionadas como para las pequeñas y medianas del interior que la padecen y que lleva en ciertos casos a pasar del equilibrio al déficit operativo.
*"El otro lado de la moneda de esta medida ilegal es el creciente uso de la pauta oficial como instrumento de alineamiento y de sanción a los medios.
*"En los últimos dos años se profundizó el desequilibrio en este reparto, con medios que directamente no recibieron ni un centavo a raíz de su línea editorial y otros que siguieron multiplicando sus ingresos. Es claro que el criterio para la distribución no se apoya en pautas objetivas ligadas a la eficiencia en la transmisión de los mensajes oficiales.
*"A estos montos hay que sumar los fondos, cientos de veces millonarios, destinados a nutrir un aparato estatal empleado para el proselitismo político. Se agrega a ello una estructura paraoficial conformada por medios que, como contrapartida de ciertos privilegios o concesiones, ofrecen una mirada acrítica, condescendiente, sobre el desempeño de ciertos funcionarios u hostil contra aquellos que proponen un enfoque diferente.
*"Normas como la que regula el mercado de capitales o la denominada ley antiterrorista se suman a otras como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o al proyecto para expropiar las acciones privadas de Papel Prensa, junto con otros hostigamientos y persecuciones de todo orden contra esa empresa y sus directivos.
*"En algunos casos, el Gobierno impulsa con vehemencia la aplicación selectiva de normas, como la Ley de Medios, socavando en el camino los pilares que sostienen la independencia judicial.
*"En otros, deja la amenaza instalada, configurando un escenario de riesgos e incertidumbre que afecta a cualquier empresa periodística que pretenda contar con un horizonte mínimamente previsible para su viabilidad. No es casual el incumplimiento de las promesas oficiales referidas a la búsqueda de herramientas para paliar la crisis de las pequeñas empresas periodísticas.
*"La Ley audiovisual, al restringir y silenciar medios sin justificación tecnológica, ya que no usan espectro radioeléctrico, vulnera los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual afecta claramente la libertad de expresión.
*"El sometimiento de un actor de gran escala dentro del sector periodístico puede generar un temor que luego se disemine entre el resto de los medios y, por extensión, entre los periodistas y ciudadanos en general.
*"Los medios que pueden resistir este tipo de presiones son los que han logrado mantener su autonomía económica. Por eso, la mayor parte de las represalias están dirigidas a quebrar esa autonomía, que es la que posibilita la independencia editorial".