Refutan expresiones de un periodista del diario El País de España

El secretario de Comunicación Social de la provincia, Mariano Panichelli, refutó expresiones vertidas por el diario El País de España (reproducidas en la web de El Litoral) con el título “Rosario, ciudad de búnkeres y soldaditos”, firmada por el periodista Francisco Peregil, y señaló que se trata de “una nota claramente sesgada, en la que el único objetivo parece ser el de estigmatizar a una ciudad.

“El escrito citado -dice Panichelli- intenta poner al Estado en el lugar de la inacción, omitiendo toda referencia a los esfuerzos realizados y los avances logrados en los últimos años contra el flagelo de la inseguridad y el narcotráfico, una realidad que no es exclusiva de la ciudad de Rosario y que, sin embargo, tanto el gobierno provincial como el municipal pueden demostrar que vienen combatiendo frontalmente, mientras en otros lugares del mundo y también de la Argentina se intenta poner el problema debajo de la alfombra.

“Elige como fuentes de consulta a referentes que siempre han operado en evidente oposición y nunca acompañando las acciones que tanto el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario realizan todos los días, no sólo en materia de políticas de seguridad sino de inclusión social. Entre esas fuentes, hay declaraciones de un periodista de Rosario ex candidato opositor a varios cargos, nunca electo-, quien ha realizado durísimas denuncias falsas contra el gobierno de Santa Fe, incluso llegando a acusar a un funcionario de manejar dinero del narcotráfico.

“En cambio, el autor no incluyó en su ‘investigación‘ consulta alguna a las autoridades políticas de la Municipalidad de Rosario, ni del Gobierno de Santa Fe, acerca de los programas y acciones para superar la realidad sobre la que el artículo versa. Sí afirma el periodista enviado por el diario haber intentado contactar sin éxito al gobernador Antonio Bonfatti. Pero nada dice que no concurrió a la entrevista pautada para el viernes 22 de marzo al mediodía con el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, segunda autoridad política del gobierno provincial y designado por el gobernador para responder sus consultas.

“Por caso, la tasa de mortalidad infantil y materna de la ciudad de Rosario, y también de la provincia de Santa Fe, están entre las más bajas de todo el país en forma sostenida en el tiempo. ¿Cómo se hace para sostener esa tasa sin presencia del Estado, sin políticas sociales de parte del municipio y la provincia? Se logra con centros de salud, con cobertura escolar, polideportivos, articulación permanente con organizaciones civiles, vecinales y clubes de barrio, olimpíadas deportivas en las que participan miles de jóvenes, acciones específicas para que cada chico que deja la secundaria retome sus estudios como el programa Vuelvo a Estudiar, entre otras tantas acciones”.

También el secretario de Comuniciación Social considera: “No obstante, lejos de desconocer que la situación social ya no se puede abordar como hace años atrás y convencidos que el estado debe innovar en la implementación de sus políticas, el gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario pusieron en marcha en diciembre de 2013 el Programa de Intervención Integral en Barrios. Con una inversión de 4.000 millones de pesos para el período 2014-2015, esta iniciativa también alcanza a las ciudades de Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez. Como hacen otros países para hacer frente a la inseguridad y la violencia asociadas al narcotráfico, habrá un esfuerzo presupuestario de la provincia y el municipio, dirigido a dar mayor escala a las acciones que ya se vienen desarrollando allí donde más necesarias son las obras de infraestructura y las políticas de inclusión social. Por supuesto que el artículo citado nada dice sobre esto.

“A la vez, el gobierno de Santa Fe está embarcado en una transformación de la Policía provincial que incluye desde la formación de los agentes antes se reducía a 4 meses; hoy son dos años-, y la implementación de ascensos por concurso, hasta la reorganización de la fuerza en cinco regiones, la creación de la Secretaría de Delitos Complejos y el equipamiento integral de la fuerza, ya sea en materia de movilidad, tecnología, armamentos, equipos de comunicaciones y elementos de protección.

“En el artículo, tampoco hay referencia alguna a la creación de la Policía de Seguridad Vial ni de la Policía de Investigaciones, esta última de fundamental importancia para la puesta en funcionamiento del nuevo Código de Procedimiento Penal. Ni a la Policía Comunitaria, cuyos integrantes, con una formación específica, ya recorren las calles de algunos barrios Santa Fe y Rosario, desarrollando una labor preventiva para reducir la violencia a partir de acciones concretas de proximidad con los vecinos.

“El gobierno de Santa Fe nunca negó la posibilidad de que haya hombres de la Policía provincial involucrados en delitos y, de hecho, cuando hubo que detener a alguno fue la propia fuerza la que llevó adelante estos procedimientos. De paso, la justicia provincial procesó a 13 uniformados en el marco de la causa sobre la banda “Los Monos”.

“Nada se dice tampoco en la nota de El País de la reforma del sistema procesal penal, que comenzó a aplicarse el pasado 10 de febrero, un esfuerzo de los tres poderes del Estado para dejar atrás una justicia lejana e inaccesible y abrir paso a un proceso oral y público en todas sus instancias, a la vista de las partes y de la sociedad, lo que determina una justicia más ágil, transparente, cercana y, sobre todo, más comprensible y humana.

“La nota también evita referirse con la debida seriedad a las amenazas recibidas por jueces, fiscales, funcionarios del gobierno y jefes de la Policía provincial, ni tampoco al atentado a la casa del gobernador, el ataque más grave contra una institución de gobierno desde la recuperación de la democracia en Argentina.

“Esa seguidilla de episodios muestra a las claras que el gobierno santafesino está tomando medidas con resultados concretos que molestan. Son hechos muy graves, que hay que tomar con absoluta seriedad y entender que constituyen la consecuencia negativa o no deseada de una acción de gobierno que apunta claramente a terminar con algunas bandas organizadas. Si otra hubiese sido la actitud, seguramente no hubiese habido esta respuesta contra la figura del gobernador”, concluye.