La intervención de la AFIP en pases de futbolistas con triangulación por clubes austeros de Sudamérica, derivó en las últimas horas en el descargo de dirigentes argentinos y de instituciones extranjeras que admiten ser prestanombres y mientras todos los participantes aseguran estar a derecho el dinero se va fuera del país.
Mientras, la AFA, socia del gobierno nacional en los derechos de televisación del fútbol, inhabilitó a los jugadores Jonathan Bottinelli, de River, e Ignacio Piatti, de San Lorenzo, por considerar el ente recaudador que están sospechadas de posible evasión fiscal o transferencias realizadas que podrían generar fuga de divisas. Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) intenta que se habilite a ambos jugadores argumentando la figura del derecho a trabajar.
El titular del gremio, Sergio Marchi, siempre arregló cara a cara con Julio Grondona cuando los clubes debían a sus afiliados. Marchi exigía la inhibición para los clubes, AFA ponía el dinero por el club. "Vamos a pedirle a la AFA la documentación por el estado de las transferencias", salió del paso Marchi cuando fue consultado por DyN.
Agremiados y AFA hoy tienen otro actor en la mesa y de mucho más peso: el gobierno nacional, que desde 2009 aporta el mayor caudal de los ingresos para los clubes.
El gobierno quiere saber, por ejemplo, por qué a Bottinelli, que venía de jugar en San Lorenzo y finalizó su contrato, River lo tuvo que comprar a Unión San Felipe, un modesto club chileno que desde hace un tiempo es comandado por Raúl Delgado, periodista deportivo que llegó a ser secretario de Medios durante la presidencia de Carlos Menem.
El secretario de River, Daniel Bravo, explicó ayer por radio La Red que las gestiones por Bottinelli se hicieron con el representante, el ex jugador Leonardo Rodríguez, y que los derechos económicos y federativos los tenía Unión San Felipe, club en el que nunca jugó. Que River acordó "comprar el 60 por ciento de los derechos económicos más un bonus de 500 mil dólares en el caso de jugar una determinada cantidad de partidos".
Bravo aseguró que la operación fue declarada ante la AFIP. Así como el pase de Bottinelli figuraba en Unión San Felipe de Delgado, son varios clubes uruguayos los que suman ingresos con lo que llaman "pases puentes", por los cuales, según explicó un dirigente, reciben comisiones al punto de pagar todo un mes a un plantel profesional.
Alvaro Chijane, secretario de Fénix de Montevideo, admitió por La Red que el club figuraba como dueño de los derechos económicos y federativos de los delanteros Denis Stracqualursi, hoy en San Lorenzo, y Emanuel Gigliotti, actualmente en Colón, y el defensor Facundo Roncaglia, que dejó Boca para ir a Fiorentina. Ninguno jugó alguna vez en Fénix.
Al igual que Delgado en Unión San Felipe, otro dirigente argentino desembocó en un pequeño club de fútbol uruguayo. Se trata de Vicente Celio, que dejó la presidencia de Chacarita en pleno derrumbe deportivo y se fue a Sudamérica, -o IASA, como le dicen en Montevideo-, que desde 1996 está en segunda división. Justamente Sudamérica figuró como dueño de los derechos de Piatti, que venía de Lecce.
Allí figuraron también Jonathan Santana y Víctor Zapata, para desembocar en Independiente, y Fernando Ortíz, en Racing. Por su parte, Román Martínez, que terminó su contrato en Tigre, llegó a Estudiantes vía Progreso, el club del barrio La Teja fundado por el ex presidente oriental Tabaré Vázquez.
Todas esas operaciones también están siendo investigadas por la AFIP. El secretario de fútbol de Estudiantes, Federico West Ocampo, aseguró que la de Martínez fue "una operación blanca y perfecta". A todo esto, la FIFA y las asociaciones que la integran, entre ellas la AFA, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) o la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, liberan como si nada los transfer hacia un lado u otro. Asimismo, hay futbolistas que dejaron un club local para actuar en otro club de aquí, pero el dinero se cobra en el exterior. Ahora el gobierno quiere saber por qué. (DyN)