Alquilar no es un trámite menor y son conocidas las exigencias que disponen las empresas inmobiliarias a los inquilinos antes de firmar un contrato de locación de inmueble. Eso sumado a los incrementos de los precios en los alquileres, ajustados a la inflación. Ante esto, el Concejo sancionó por unanimidad una ordenanza que amplía las funciones y facultades de la Oficina Municipal del Inquilino, que ya existe y fue creada por la Ordenanza N° 11.587 (de 2009).
Esta ampliación de facultades busca —según versa la nueva ordenanza— facilitar el acceso a viviendas en alquiler, “implementando un sistema participativo para el restablecimiento del equilibrio económico en la oferta y la demanda de inmuebles; asesorar legalmente en la relación locativa en forma gratuita, e intervenir frente a denuncias de inquilinos o propietarios de inmuebles”.
También, la Oficina —que ahora queda bajo la órbita de la Dirección de Derechos Ciudadanos— tendrá como función gestionar ante instituciones bancarias o financieras, aseguradoras u otras entidades “el otorgamiento de garantías bancarias o seguros de caución que suplan a las garantías propietarias o laborales actualmente requeridas para formalizar contratos de locación de inmuebles; gestionar ante entidades bancarias el otorgamiento de créditos blandos a los interesados en alquilar una vivienda, que presenten dificultades verificables para afrontar los gastos iniciales de la relación locativa, incluidos los gastos de mudanza”.
La norma propone además la elaboración en conjunto con las cámaras inmobiliarias locales y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de un modelo de contrato de alquiler que “garantice la equidad de derechos y obligaciones, en consonancia con las normas del Código Civil y Comercial vigente; el asesoramiento contable a inquilinos para deducir el pago de alquileres del impuesto a las Ganancias, y efectuar informes y estadísticas periódicas sobre asesoramientos legales a inquilinos, con relevamientos de las principales problemáticas denunciadas”, entre otros puntos.
Los autores de la norma fueron Franco Ponce de León y Laura Mondino (FPCyS). En el recinto, el edil puso en contexto sobre los “obstáculos” administrativos que deben sortear quienes deben alquilar un inmueble. Al momento de alquilar, “el inquilino se enfrenta con exigencias de garantías, pagos de comisiones por la intermediación y otros gastos extras. Entonces, se busca dar más herramientas para asesorar a la gente al momento de firmar un contrato de locación”.
Con ese argumento se extendieron las funciones de la Oficina Municipal del Inquilino, que ya tiene 10 años: “Nos parecía necesario adecuarla y actualizarla acorde a los tiempos que corren”, para “dar mayores derechos a los inquilinos”, agregó Ponce de León. “Se insta a la creación de un portal web con aplicación móvil que centralice la oferta y demanda de inmuebles en alquiler dentro de la ciudad”, concluyó.