El 6 de diciembre de 2018, con una ordenanza aprobada por unanimidad, el Legislativo declaró a la ciudad en emergencia social y alimentaria durante dos años, por la cual el Municipio debía adoptar todas las medidas “económicas y técnicas” y “hasta el máximo de los recursos que disponga” para garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años. También se creó una mesa de diálogo social y económico, y un plan de empleo local.
La emergencia implicaba que la actual administración municipal realizara gestiones ante autoridades nacionales y provinciales para “reforzar la asistencia económica y alimentaria en las escuelas y ONG’s donde funcionen comedores comunitarios o merenderos, hasta cubrir totalmente la demanda requerida”. Qué pasó con su implementación por parte del Municipio, fue la duda que planteó Alejandra Obeid (PJ).
A instancia suya, se sancionó un pedido de informes requiriendo saber al Ejecutivo cuáles son las medidas que tomó para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada de niños, niñas y adolescentes; si convocó a la Mesa de Diálogo social y económico; qué gestiones se realizaron ante las autoridades nacionales y provinciales para reforzar la asistencia económica o alimentaria en los establecimientos funcionen comedores comunitarios, entre otros puntos.