Sábado 27.6.2020
/Última actualización 6:04
No es la primera vez que en el Concejo santafesino se discute a fogonazo limpio sobre la situación del Cementerio Municipal. Ya en 2013 había polémicas ásperas, cuando un sector de la oposición legislativa pedía que se declare la emergencia edilicia sobre la necrópolis local. Y más aún tras aquel episodio que sacudió a la opinión pública local: el histórico derrumbe de toda la sección 126, en la madrugada del 11 de enero de 2015.
Pero en la última sesión de este jueves la cosa se tensó, y quedó al desnudo la grieta política entre la UCR opositora (que incluye al radicalismo aliado, a Juntos por el Cambio y el Pro) y el interbloque oficialista, sobre todo desde el “jatonismo” (es decir, el Partido Santa Fe Puede Más aliado al Frente Progresista), del cual quizás su principal vocera sea la edila Laura Mondino. La controversia detonó a partir de un simple pedido de informes.
Ocurrió que Inés Larriera (UCR-Juntos por el Cambio) impulsó un pedido al Ejecutivo local para que dé cuenta de la actual situación de Cementerio. La norma, aprobada sobre tablas, requirió que se explique cuál fue el plan que llevó adelante el gobierno local con relación a la higiene, limpieza y mantenimiento del cementerio; qué sucedió con las recorridas nocturnas de seguridad (si se siguen realizando); si el Ejecutivo realizó denuncias administrativas o recepcionó denuncias policiales de familiares respecto del robo de placas y vandalismo en los panteones, o de la faltante de restos en sus respectivos nichos.
Sobre este último punto, muy sensible, la edila opositora advirtió que, con la reapertura de la necrópolis, hubo personas que fueron a visitar a sus seres queridos y que se encontraron con que los restos de éstos habían sido removidos de sus nichos. “Lo que nos dijeron algunas familias es que los restos de sus difuntos habían sido cremados... Y lo más grave: una familia nunca tuvo en cuenta la opción de la cremación ni fueron consultados, tampoco estaban de acuerdo por cuestiones de creencias”.
“Y ahora esas personas damnificadas —prosiguió— se encuentran con que ni siquiera les entregan las cenizas, porque para poder entregárselas les están pidiendo que cancelen una deuda de 4 mil pesos. Insólito: ¿hasta qué punto es esto legal?”, se interrogó Larriera. Esta situación se dio en mayo, con el Cementerio cerrado; los deudos ya radicaron la denuncia policial, aseguró. Enumero el retorno a la necrópolis de hechos de vandalismo y robos de placas. “Esto tiene relación con el retiro de personal de la GSI”, consideró.
Al cruce le salió la oficialista Laura Mondino. Primero aseguró que ante esta situación irregular (del retiro de restos para su cremación), la Municipalidad “activó los mecanismos de investigación interna y de sumario administrativo” para dar con los responsables de este hecho. Pero su exposición en el recinto no quedó ahí.
“Es llamativo —dijo la concejala— que el mismo espacio político (la UCR aliada a Cambiemos, antes al frente del gobierno local), que durante años dejó librado al abandono y a la desidia un espacio tan caro a los sentimientos de los santafesinos como el Cementerio, hoy venga a señalar con el dedo acusador... No quiero ser grosera —se excusó— pero no entiendo cómo les da la cara para criticar”.
Siguió fustigando: “(Durante la gestión anterior) Intentaron engañarnos y ‘simular’ que habían puesto trabajo y esfuerzo para refaccionar un espacio (el Oratorio) vendiendo espejitos de colores, sólo para que esté en el cronograma de la Noche de los Museos, mientras alrededor (en la necrópolis) todo se caía a pedazos”, bramó, para sorpresa de sus interlocutores. El hecho al que aludió ocurrió el 18 de mayo de 2019. Enumeró el derrumbe de 2015 (por el cual un funcionario fue imputado en septiembre del año pasado), y el hallazgo de restos de ataúdes y de huesos en una obra de Alto Verde.
Mondino recordó que en febrero, el intendente Emilio Jatón presentó un plan de obras integral para el Cementerio local, que incluía la demolición de pabellones en riesgo edilicio —entre muchas otras labores— por unos 25 millones de pesos. “Hoy tenemos una gestión que intenta desarmar la cantidad de bombas activadas que nos dejó la administración de José Corral. Les pido responsabilidad (se dirigió a sus pares). No hagan política para sacar algún rédito en un tema tan sensible”.
“Mondino está deslindando responsabilidades a situaciones, a funcionarios...”, acomodó el mentón y volvió al ring Carlos Pereira, de la UCR opositora, quien fue secretario General de Corral. Con la pandemia se dio el retiro de las fuerzas de custodia en la necrópolis, afirmó. “Por eso se sucedieron hechos de vandalismo y robos”. Luego, bajó a tono moderado: “Ojalá avancen las obras anunciadas (por Jatón); pero de ser así, será la continuidad de un trabajo de muchos años comenzado por la anterior gestión”.
Sebastián Pignata (Frente Renovador - Juntos) volvió en el tiempo. Recordó que ya en 2013 el Concejo advertía la grave situación del Cementerio. Más de un año después, ocurrió el derrumbe: unos 130 nichos desplomados. “Acá hay una causa, un ex funcionario imputado, y nosotros nos presentamos (con sus otrora compañeros de bloque justicialista) a realizar la denuncia penal. La gestión anterior tiene una deuda muy grande con los santafesinos sobre este tema”.
El primer llamado a licitación pública (decreto N° 00046) para las obras integrales anunciadas por Jatón para la necrópolis local fue el 31 de marzo. Era por $ 5.385.211 para la demolición de las secciones 119, 120 y 125. Los pliegos habían sido aprobados. Luego, con otro decreto (N° 00058), el intendente prorrogó ese llamado licitatorio —debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19— hasta el 16 de abril. Se alcanzaron a realizar algunas obras en el crematorio. Hasta donde supo El Litoral, no hubo nuevos actos administrativos pues todo quedó congelado por la pandemia. Mientras tanto, el lugar más sagrado de la ciudad duerme el sueño de los justos.