Martes 4.2.2020
/Última actualización 23:15
“Prohíbase la venta en toda la ciudad de Santa Fe de los dispositivos electrónicos conocidos como vapeadores (cigarrillos electrónicos), hasta tanto la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) no los habilite para su comercialización”, dice el primer artículo de un proyecto de ordenanza ingresado por una concejala en el Legislativo local. Así, sin medias tintas.
¿Qué ocurre? Dos cosas: que los vapeadores o cigarrillos electrónicos (y sus aceites) se venden en esta capital en casi cualquier local comercial: se venden como chicles. Y el debate sobre el consumo de estos dispositivos que vaporizan esencias hoy está en el centro de las advertencias en la comunidad médica mundial: Son “indudablemente dañinos” y debieran ser regulados, sostuvo la Organización Mundial de la Salud (OMS) el año pasado, y desaconsejó su uso. El cigarrillo electrónico emergió como una “alternativa” para los fumadores que quieren dejar la adicción. Todo indica que no lo es.
A nivel nacional, la Anmat emitió un lapidario informe: “El cigarrillo electrónico surge como opción para reemplazar al convencional. Sin embargo, no hay evidencia científica que dé cuenta de su inocuidad ni de su eficacia para abandonar el tabaco”. En esta línea, esa Administración Nacional ratificó “la prohibición para su importación, distribución y comercialización. Como toda sustancia o dispositivo empleado por el ser humano y aún no aprobado (...), constituye una herramienta peligrosa y por fuera de tratamientos médicos” que sí están aprobados.
El consumo de estos “electrocigarrillos” es un problema de salud, traccionado por la moda de época (o acaso el gesto “cultural” de pertenencia a un grupo social) de “vapear”. La edila Inés Larriera (UCR-Cambiemos) tomó el tema y elaboró el proyecto de ordenanza, hoy en la carpeta del Concejo santafesino. También propone “prohibir toda publicidad en la vía pública, directa o indirecta, por cualquier medio, cuya finalidad sea la difusión, promoción, incitación a la venta o al consumo de este producto”.
El texto define a los cigarrillos electrónicos como “los dispositivos de forma similar al cigarrillo convencional, provistos de un mecanismo microelectrónico que vaporiza cartuchos que pueden contener cantidades variables de nicotina, aceites esenciales de tabaco, sustancias aromatizantes, propilenglicol, glicerol y otras sustancias”.
Además, en el articulado del proyecto se plantea vedar totalmente el consumo (vapeo) en edificios, oficinas y dependencias públicas de la ciudad; en lugares cerrados de acceso público, y en el transporte público de pasajeros. Las autoridades de aplicación serían las secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, de Educación y Cultura y de Políticas de Cuidado y Acción Social.
Los objetivos centrales son “promover la concientización de la ciudadanía respecto de los efectos del consumo y de la exposición al vapor de estos cigarrillos (...)”. Y focaliza precisamente en generar conciencia social: “Es muy importante que la población sepa que el cigarrillo electrónico tiene toxicidad (...). Es un peligro que los adolescentes, impulsados por la moda, comiencen a ingerir nicotina sin saberlo, por medio de vapeadores”.
También, apunta a las instituciones educativas. Propone promover la conciencia en torno a la temática en niños, niñas y adolescentes, “para que desde su actividad escolar y en el marco de su quehacer cotidiano se transformen en ‘líderes’ como detectores de situaciones de riesgo y ‘agentes de cambio’ para modificar el entorno inmediato, sumando actores y acciones multiplicadoras de prevención”.
Las multas por contravenciones a esta norma propuesta (de acuerdo al Régimen de Infracciones y Penalidades, Ordenanza Nº 7.882) irían desde las 150 a las 300 Unidades Fijas (UF). Cada UF cuesta hoy 28,59 pesos; así, el monto pecuniario de las multas variarían desde los 1.300 pesos (mínima) a los 8.600 pesos (máxima).
“Hoy los chicos consumen estos cigarrillos electrónicos; hacen mezclas (de aceites con esencias) que tienen sustancias psicoactivas y muchos tóxicos. En Estados Unidos fue recientemente prohibido en forma temporal, porque hay toda una industria detrás de esto, con intereses económicos, hasta que avancen las investigaciones científicas sobre los daños a largo plazo en el organismo humano que provocan estos dispositivos. Recordemos que ya hay varios muertos por el cigarrillo electrónico en aquel país”, dijo Larriera a El Litoral.
“Como el consumo del tabaco convencional descendió en todo el mundo un 20% en los últimos años, hay un nicho en el mercado que lo está captando la industria de estos vapeadores”, advirtió la edila. Y con respecto a su proyecto, lo central es “advertir a la gente que hablamos de algo nocivo, y que afecta la salud. Por eso se insiste mucho (en la iniciativa legislativa) en la concientización, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias”.
Recordó Larriera que en la provincia de Córdoba, el cigarrillo electrónico está prohibido, al igual que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Hay antecedentes en el país: creo que es necesario, con la aprobación de este proyecto ingresado, que la ciudad de Santa Fe dé un gesto a favor del cuidado de la salud pública”, añadió la concejala.