Áspero debate con tintes electorales sobre qué hacer con los cuidacoches en Santa Fe

Una más, y van. El Concejo de Santa Fe volvió a debatir sobre la problemática de los cuidacoches en la ciudad, situación compleja que toca múltiples aristas, desde las luchas por el territorio (a veces violentas), hasta la pobreza y vulnerabilidad social en que se encuentran muchas de estas personas, que incluye a los consumos problemáticos.

Lo que se aprobó sobre tablas fue una comunicación donde se le solicitó al Ejecutivo que informe, a través de la Secretaría de Políticas de Cuidados y Acción Social, si se ha realizado algún relevamiento acerca del universo de cuidacoches en la ciudad, y cuántos de éstos podrían encuadrar bajo los requisitos de la ordenanza vigente N° 12.635, que estableció el "Programa inclusivo de cuidadores de vehículos”.

Cabe recordar que esta ordenanza -que aunque está vigente hoy no se aplica-, fue aprobada el 30 de mayo de 2019, y establecía básicamente un marco normativo para quienes ejerzan esta labor informal. Debían inscribirse a un registro creado para tal efecto; recibir una capacitación; lograr una carnet habilitante expedido por la Municipalidad; no tener antecedentes penales, y no exigir al dueño del coche un canon, sino aceptar una propina a voluntad.

En la comunicación sancionada se pidieron además datos al municipio sobre el número de cuidadores de coches con antecedentes penales; qué abordaje se da desde el municipio a las situaciones de consumos problemáticos de las que pueden ser pasibles los cuidacoches, y cómo es la articulación entre el municipio, el Ministerio Publico de la Acusación (MPA) y la Policía Provincial para el abordaje de la problemática. El autor del proyecto fue Guillermo Jerez (Barrio 88).

El contexto

Éste fue el “enésimo” pedido de informes aprobado en el Deliberativo local sobre el tema de los cuidacoches y sobre la actual ordenanza caída en saco roto. Dos cuestiones políticas a señalar: la primera, que el actual intendente Emilio Jatón era -cuando se aprobó dicha norma, en 2019- concejal de la ciudad, y votó afirmativamente.

Este año, el primer mandatario admitió a El Litoral que esta norma es “inviable”, y que hay que repensar cómo resolver la situación. También, en una emisora radial, deslizó algunas consideraciones que dieron lugar a pensar que estaba arrepentido de haber dado su voto positivo aquel año.

Y la segunda, que casi todos quienes participaron del debate sobre la problemática de los cuidacoches de este jueves en el Concejo local tienen proyecciones electorales para este 2023: el propio Jerez, que renueva su banca; Adriana “Chuchi” Molina, con intenciones a la intendencia, y su par de bloque, Inés Larriera, que también pone en juego su atril.

Misma situación para el larretista Sebastián Mastropaolo, que buscará renovar su banca; el kirchnerista Federico Fulini (quien manifestó públicamente su intención de competir por el Palacio Municipal), y el perottista Juan J. Saleme, a quien también se le termina el mandato como concejal esta año.

La discusión

Guillermo Jerez saludó que el secretario General municipal (Mariano Granato) haya anunciado, en la reunión del Consejo de Seguridad, que el Ejecutivo va enviar un proyecto sobre los cuidacoches: “Entonces, es inminente dar este debate”. Además, consideró que sería “muy reduccionista” pensar en “disminuir la presencia de cuidacoches con pistolas taser o cualquier otro grupo de personas” (una de las propuestas de Mastropaolo que fue noticia días atrás).

“Hablamos de un sector social que carga sobre sus hombros muchos problemas estructurales (pobreza, desempleo). No me parece atinado abordar la problemática sólo teniendo el Código Penal en la mano. Es un tema con múltiples aristas sociales. Pedimos seriedad en esta discusión desde todos los sectores”, bregó.

Le siguió en la palabra Adriana Molina: “Le dije al señor intendente y sus funcionarios (en la reunión del Consejo de Seguridad) que lo primero que debe hacerse es cumplir con las normas vigentes respecto de los cuidacoches. Le acerqué una carpeta (a Jatón) con los proyectos que habíamos presentado, muchos de ellos aprobados por este Concejo. El 7 de septiembre de 2022 fue el último que sancionamos; nunca nos contestaron los pedidos de informes (desde el Ejecutivo)”, se quejó.

Fulini fue directo a las responsabilidades: “Siempre lo mismo, siempre excusas por parte del municipio, que evidentemente tiene serias dificultades para enfrentar la situación y poder ordenarla. Hay que hacerse cargo de lo que pasa adentro de la ciudad de Santa Fe. Falta planificación, porque no se controla el espacio público. Que el Ejecutivo se haga cargo”, reclamó.

Para Hugo Marcucci -en sus palabras, algo más moderado-, si no se aborda el tema desde el Ejecutivo, por qué no desde este ámbito (el Concejo) poder avanzar sobre una nueva ordenanza, ya que la actual no da las respuestas en la práctica. Dilatar esta problemática es eludirlo, esconderlo debajo de la alfombra. Y tiene responsabilidad el Ejecutivo municipal, pero también la tiene este Concejo”.

La clave es, para el edil, lograr “un orden y regulación de la vía pública, atendiendo al mismo tiempo las aristas sociales, como los problemas de adicciones”. Ocurre que “si no podemos resolver la situación social de 50, 100 ó 200 personas que están en estado de exclusión, no se entiende en qué se gasta la plata del Estado en todos sus niveles”, planteó.

Larriera disparó contra la actual gestión. “El Ejecutivo tiene una tendencia a eludir las responsabilidades. Nosotros habíamos advertido en su momento que la actual norma no iba a poder aplicarse. Y hoy, vemos que no hubo resultados. El propio Jatón, siendo concejal, votó la actual ordenanza. ¿Tenemos que esperar que el tema de los ‘trapitos’ tenga que explotar para que desde el Estado local se haga algo?”, fustigó.

La chicana

Habló, algo presionada por el arco opositor, la concejala Laura Mondino (PS-FPCyS). “Entendemos la complejidad del tema (de los cuidacoches). Hoy el secretario General (Mariano Granato) aseguró que se viene trabajando con el MPA sobre situaciones puntuales, como los antecedentes penales. Pero lo que me parece también es que no hace falta venir al recinto a ‘relatar’ una realidad, sino a proponer proyectos concretos…”, dijo en tono de chicana.

“El municipio viene trabajando sobre este tema y lo que se está haciendo se comunicará llegado el momento”, se limitó a adelantar la socialista. Pidió rápido la palabra Juan J. Saleme: “Por favor, le pido a la concejala preopinante que nos diga en cuál es la propuesta en que está trabajando el municipio”, requirió. Hubo un primer silencio de la edila oficialista.

Habló Carlos Pereira sumando críticas a la actual gestión, pero volvió a la carga Saleme: “Insisto, ¿no va a haber respuesta del oficialismo a mi requerimiento (aludiendo sin mencionarla a la socialista)”. Hubo un segundo silencio, algo más prolongado: no habría respuesta.

“Les recuerdo que en este Cuerpo hay muchos pedidos de informes y proyectos presentados a propósito de los cuidacoches. Y quieren hacerle creer a la gente que los culpables estamos del lado de la oposición”, se quedó Saleme. El debate ya había caído en un punto muerto, y el problema de los cuidadores de vehículos en la ciudad sigue sin solución.