Viernes 25.6.2021
/Última actualización 18:29
En su última sesión antes del inicio del receso de julio, el Concejo santafesino declaró por 180 días la emergencia en el sistema de transporte público por colectivos en la ciudad. Ese plazo podrá ser prorrogado en igual término por el Ejecutivo Municipal. A la novedad la había adelantado El Litoral en su edición del jueves: había consenso con el municipio para adoptar esta medida excepcional.
Se dispuso también el congelamiento hasta el 30 de noviembre de 2021 del costo de las distintas tarifas del servicio público de colectivos. Aquí cabe recordar que el 18 de febrero de este año se actualizaron por última vez los costos: la tarifa frecuente hoy cuesta 42,35 pesos; la centro, 33 pesos; el boleto escolar, 18,80 pesos; jubilados, 23,50 pesos, y terciario-universitario, 28,20 pesos. Esos valores, ahora, no podrán segar aumentados hasta el último día de noviembre.
La ordenanza sancionada dispuso que Ejecutivo convoque a una mesa de seguimiento de la situación de emergencia declarada para el sector, que deberá ser convocada dentro de los 30 días de promulgada la ordenanza (esta facultad le cabe al intendente Emilio Jatón). Dicha mesa estará conformada por dos representantes del Ejecutivo, dos del Concejo, uno del Órgano de Control del Transporte; dos de las empresas prestatarias del servicio, y un representante del sindicato representativo de los trabajadores del sector.
También deberá haber representación del Ministerio de Transporte de la Nación, y de la Secretaría de Transporte provincial. Se faculta al Municipio a ampliar la conformación de la mesa de seguimiento de manera permanente o ad-hoc, "pudiendo convocar a representantes de las diversas áreas del propio Ejecutivo que tengan intervención sobre la temática, así como a entidades intermedias o instituciones con interés en la materia como universidades y centros de investigación".
Los aspectos que deberá abordar la mesa de seguimiento serán la sustentabilidad económica del sistema ("pudiendo sugerir la revisión del congelamiento de la tarifa"); la planificación de un sistema de transporte acorde a la situación actual y de crecimiento de la ciudad; el abordaje del sistema con una mirada multimodal, y la gestión de recursos económicos nacionales, provinciales y municipales para el sistema. Concluidas estas tareas la mesa elaborará un informe que será remitido al Concejo. La iniciativa fue impulsada por Carlos Suárez (UCR-Juntos por el Cambio).
El artículo 5 fue otro de los puntos de discusión deliberativa. Se autorizó al Ejecutivo a que mientras dure la declaración de emergencia, "adopte medidas tendientes a modificar y reasignar las partidas presupuestarias asignadas al fondo creado por el artículo 5º de la Ordenanza Nº 12.620 (de 2018, que creó el Boleto Educativo Municipal, BEM) en tanto se apliquen al sistema público de transporte".
Pero el interbloque del Frente de Todos pidió una moción solicitando que se incluya taxativamente en este artículo no afectar el derecho de los beneficiarios de esta franquicia a acceder a ella (alumnos secundarios). No tuvo lugar. El fondo de este boleto está conformado "con recursos presupuestarios que anualmente se le asignen y fondos de afectación específica", dice aquella norma.
"Creemos que al no incluir esa garantía de no afectación de derechos, se pone en riesgo el boleto educativo para estudiantes secundarios en la ciudad. No sabemos si se va a sostener. Podemos llegar a la situación de ver la muerte del boleto gratuito", auguró el justicialista Juan J. Saleme. Esta moción tampoco prosperó. Tal posibilidad fue desmentida de palabra por ediles oficialistas.
Suárez habló de una crisis en el transporte que viene desde hacer muchos años (y de la desigualdad en el reparto de los subsidios, aludiendo a que Nación vuelca la balanza hacia el AMBA). Pero también deslizó críticas a la administración de Jatón por "no haber hecho mucho" respecto del sostenimiento del transporte. Para el edil, la pandemia forzó a pensar soluciones urgentes: "Aquí aparece la mesa de seguimiento, para encontrar directrices sobre qué tipo de sistema de colectivos necesitamos para la ciudad en el actual contexto".
La oficialista Laura Mondino cargó las tintas sobre la inequidad de los subsidios desde Nación hacia Buenos Aires, con una clara "falta de federalización" de estos fondos. Y dijo que la crisis en el sector viene desde hace muchos años. "Más allá de esto, la ciudadanía santafesina está en el medio, esperando que llegue el colectivo para poder ir a trabajar. Garantizar esto es lo más importante".
Carlos Pereira (UCR-Juntos por el Cambio) le salió al cruce. "El actual Ejecutivo municipal no mandó ni una mísera propuesta acerca de lo que había que hacer con el transporte público en todo este tiempo. Y esta ordenanza nace de una concejal opositor (por Suárez); la Municipalidad no tomó ninguna medida estructural", fustigó, cargando responsabilidades sobre el Estado local.