Concejo: chispazos políticos por pedidos de informes que el Ejecutivo "no responde"
Una concejala opositora cuestionó al Ejecutivo por su "falta de respuestas" ante el requerimiento de datos solicitados sobre diversos aspectos de la gestión municipal. Desde el oficialismo consideraron que el planteo tiene "trasfondo político". El municipio, ¿hace su tarea administrativa? Algunos datos.
Parva de expedientes. La polémica por las respuestas municipales a los requerimientos del Cuerpo legislativo local tiene un largo camino recorrido, y toca tanto a esta gestión municipal como a la anterior. Crédito: Mauricio Garín
Fue apenas un chisporroteo político, pero tocó la institucionalidad y la transparencia gubernamental, debate de larga data. En el comienzo de la sesión del Concejo de este jueves, se aprobó un pedido de informes donde el Legislativo local le requirió al Ejecutivo detalles sobre la ordenanza que regula la actividad de los alquileres turísticos temporarios. Trascartón, una concejala opositora aprovechó para fustigar con un interrogante: "¿Cuándo va a responder las solicitudes de informes el Ejecutivo santafesino?".
Pero, ¿qué es un pedido de informes? Es una comunicación donde un legislador local requiere datos al Gobierno local sobre un determinado tema o problemática urbana. Si el Concejo sanciona el pedido, la información solicitada debe ser obligatoriamente respondida por un funcionario municipal en forma "precisa y completa" dentro del plazo de 15 días computado desde la fecha de comunicación al Ejecutivo. Esto fue establecido por ordenanza Nº 12.378, sancionada por el propio Concejo (ver De los archivos).
Esta información pública debe responder los interrogantes o dudas que el legislador local pueda tener sobre, por ejemplo, qué pasó con el registro de cuidadores de vehículos; los controles vehiculares realizados en la Costanera en días de eventos multitudinarios, o bien si se repuso de una luminaria en la esquina de un barrio, entre muchísimos otros ejemplos. Así, el concejal puede tener una herramienta de control ante los actos públicos y, de ser necesario, legislar en consecuencia.
Adriana "Chuchi" Molina (UCR-Juntos por el Cambio) cuestionó duramente sobre la "no respuesta" a los requerimientos de datos por parte de la actual gestión. Empezó a citar algunos incumplimientos a la ordenanza antes citada: "Fueron tres proyectos durante el 2022 donde este Cuerpo le pidió al Ejecutivo que responda los pedidos de informes de acuerdo a los alcances de la norma vigente".
"Es inconcebible lo que hace el Ejecutivo con este Cuerpo. ¡No responde nada de lo que les estamos preguntando!", fustigó la concejala radical. "Se puede entender que un funcionario municipal esté abocado a una determinada área de gestión, que tenga mucho trabajo y que quizás no haya tiempo para responder los pedidos. Pero no hablamos por nosotros mismos, sino por aquellos vecinos que nos preguntan: 'Che, ¿qué está pasando con tal o cual tema?'. Y no lo sabemos, porque no hay respuestas".
Luego ejemplificó con un caso: la ordenanza sobre alquileres temporarios, sancionada en 2020. "Desde la Cámara de Hoteleros nos dijeron que hay 600 plazas menos, y que el problema son los alquileres temporarios; muchos están en negro, en la ilegalidad… ¿Quién debe inspeccionar y controlar estas situaciones? El municipio", recordó. Si no se sabe qué está pasando por esta situación, justamente ello se debe a que no se responden los pedidos de informes, según su argumento.
Otra vez, el recinto de Salta 2943 fue escenario de un chisporroteo político entre parte de la oposición y el oficialismo. Crédito: Mauricio Garín
A lo último, ya ciertamente fastidiosa, Molina dijo casi en tono de amenaza: "Lamentablemente, ante esta situación de no respuesta sistemática por parte del municipio, no me quedarán más alternativas que pedir las sanciones que establece la ordenanza para los funcionarios públicos que no cumplen con darnos información".
"Trasfondo político"
En diálogo con El Litoral, la concejala oficialista Laura Mondino (PS) consideró "un sinsentido" responder a "un planteo de estas características", aludiendo a los argumentos de la edila opositora. "Este es un año particular, donde hay muchos intereses políticos (por las elecciones) que se ponen en juego. Y Molina ya es precandidata a intendenta. Nuestra postura pasa por otro lado (la no confrontación) y por lo que dice (el intendente) Emilio (Jatón): "Priorizar la gestión", fue su respuesta.
Pero además, "hay voluntad del municipio de dar respuesta a los requerimientos de pedidos de informes que se aprueban en el Concejo, desde todos los bloques -prosiguió-. No entendemos muy bien cuáles son las motivaciones del bloque opositor (Juntos por el Cambio), porque creo que desde ese espacio se está intentando construir un discurso que no es real, y que además tiene ese trasfondo político", criticó Mondino.
Algunos datos
Si se responden o no desde el Ejecutivo los pedidos de informes sancionados, basta con revisar los Asuntos Entrados de cada sesión, donde consta qué mensajes con proyectos de ordenanza, notas con respuestas a comunicaciones, peticiones de particulares, expedientes de entes autárquicos y otros organismos oficiales fueron remitidos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) al Concejo.
Respecto del ítem, "Notas con respuestas a comunicaciones del DEM", en la sesión de este jueves 13 de abril, por ejemplo, ingresaron desde el Ejecutivo 11 expedientes con respuestas a solicitudes de informes. En la sesión del día 23 de marzo, se respondió una decena; y en los Asuntos Entrados de la sesión del 9 de marzo, figuran unas 20 comunicaciones respondidas.
Puede inferirse que sí, llegan las respuestas. Pero algunas desembocan en el Concejo con mucha "demora retroactiva". Son devoluciones a comunicaciones de varios meses de antigüedad, incluso de años atrás: en la sesión de este jueves, por caso, se respondió el expediente Nº CO-0062-01740314-8, del 25 de agosto de 2021 (del ex concejal Carlos Suárez). Lo que resta saber es si esas respuestas son "precisas y completas", tal como demanda la ordenanza vigente.
La ordenanza Nº 12.378, que estableció condiciones y plazos en la respuesta de pedidos de informes, se aprobó en abril de 2017, a instancias del actual funcionario provincial y ex concejal Ignacio Martínez Kerz (PJ).
En ese entonces, su bloque era oposición de aquella gestión municipal, estaba comandada por el ex intendente José Corral y hoy uno de los principales "armadores políticos" del espacio de Adriana Molina, dentro de lo que se está "cocinando" como "Frente de Frentes".
Luego de que se aprobó la norma, Corral envió un veto parcial a dicha ordenanza, cuestionando el tope límite de 15 días como plazo máximo para que el municipio responda los pedidos de informes que se aprueban en el Concejo. Finalmente, el Cuerpo Deliberativo rechazó el veto, y la ordenanza quedó firme.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.