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Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe aseguran que “vulnera la seguridad jurídica”. Y dicen que fue pensada sólo para Buenos Aires. El proyecto se trataría la semana que viene en Diputados.
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Representantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe 1° Circunscripción (CCISF) rechazaron el denominado proyecto de ley de alquileres, cuyo tratamiento está previsto para la próxima semana en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. En una conferencia de prensa conjunta brindada este jueves en la sede del CCISF, Uruguay 2853 de la ciudad de Santa Fe, los corredores inmobiliarios presentaron reparos al texto de la futura norma y advirtieron que “vulnera la seguridad jurídica”. Así lo aseguraron el titular del Colegio, Ricardo Veglia; su par de la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe, Carlos Cobos; el representante de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios, Walter Gobone; y el titular de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, Eduardo Brigada. También destacaron la adhesión de la representante de la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, Lucrecia Muhn, quien no pudo asistir a la conferencia.
El rechazo a la denominada ley de alquileres implica esencialmente la reforma parcial del Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015. Este proyecto de futura ley “ha generado mucha confusión en la sociedad”, dijo Veglia, “incluso en los mismos parlamentarios que no saben ni siquiera el contenido del proyecto que han respaldado, y mucho menos los efectos”.
“Por ese motivo es que las entidades que representamos se oponen en líneas generales a este proyecto”, enfatizó Veglia, y criticó “la forma en que se han manejado con un tema tan delicado”.
Entre los aspectos que le cuestionan al proyecto de ley de alquileres mencionaron la obligatoriedad de la ley, los ajustes, honorarios, plazo y garantías, entre otros. “Se habla de beneficiar al inquilino, pero nosotros entendemos que no va a ser así”, dijo Veglia. Y explicó luego que para los corredores inmobiliarios santafesinos, “se está tratando de subsanar con una ley un problema que existe sólo en Buenos Aires y no en el resto del país”.
Para los corredores inmobiliarios, este proyecto de ley avanza sobre el derecho a la propiedad privada y propende que sean los particulares quienes den soluciones a los problemas habitacionales y sociales, cuando es el Estado quien debe ofrecer estas soluciones.
Proyección
Por su parte, Brigada advirtió que de aprobarse la nueva ley “el inversor va a pensar mucho en su operación, porque con una rentabilidad anual promedio del 3 por ciento para una vivienda en alquiler, se torna preocupante”. En consecuencia, para el titular de la Federación Inmobiliaria, “habrá en el mediano y largo plazo un aumento del déficit habitacional producido por la falta de inversión” y, por ende “aumento de alquileres”.
“En el interior del país no había conflictividad y las partes (locador y locatario) se venían manejando sin inconvenientes”, dijo Brigada. Y sobre las garantías, “creemos que es inconstitucional que sean elegidas por el inquilino. Si doy una locación yo quiero elegir el tipo de garantía, es mi derecho, mi resguardo”, expresó, “porque si bien no hay conflictividad ni una alta taza de morosidad y siempre se llega a un arreglo, cuando se llega a un desalojo, hay que esperar dos años para concretarlo”.
Expectantes
Todo esto fue expuesto por los representantes de los corredores inmobiliarios santafesinos ante los legisladores nacionales, en diversas reuniones y el 23 de octubre pasado, ante la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto permitió que el proyecto salga con un dictamen de minoría que ahora será sometido a su tratamiento en el recinto.
Mientras tanto, el CCISF se encuentra trabajando en forma activa junto a la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), al igual que otras instituciones del resto del país, para intentar frenar la aprobación de este proyecto de ley de alquileres, tal como se lo presentó, ya que entienden que “el gobierno no puede dictar medidas demagógicas y populistas para ocultar las verdaderas causas y disimular los efectos de una crisis que parece no poder controlar”, aseguran. “Se pueden proyectar modificaciones o trabajar sobre un proyecto superador”, finalizó Veglia.