El Concejo santafesino sancionó por ordenanza el Mensaje N° 8 del Ejecutivo local y habilitó a los titulares de locales gastronómicos —bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, etcétera— a instalar “decks” o “balcones gastronómicos” separados entre sí y sobre el espacio público en veredas, partes de calles e incluso en canteros y plazas. Es justamente para que los comensales o clientes pueden estar alejados entre sí, de acuerdo a la “Fase 5” de distanciamiento social en que se encuentra la ciudad capital.
Sólo podrán solicitar la habilitación de estos balcones los locales habilitados para actividades gastronómicas: establecimientos donde se elaboran y preparan, sirven o expenden comidas, bebidas, helados e infusiones para ser consumidas dentro del local y —ahora también— en la vía pública (habrá mesas y sillas). En los argumentos del mensaje original, la justificación es que con esta medida se intenta inyectar más clientes en un sector golpeado por la pandemia, como otros tantos.
Inicialmente, en el mensaje llamaban la atención las subas porcentuales en las alícuotas especiales por Derecho de Registro e Inspección (Drei) por la ocupación del espacio público. En el texto remitido por Intendencia, se establecía que las alícuotas a aplicar se incrementarán de acuerdo a las Zonas Inmobiliarias. Un sólo ejemplo: un 25% de aumento en las zonas numeradas de 3 a 19 (todo Barrio Sur, Centro, área de bulevar Gálvez y Pellegrini, incluso Candioti norte y sur, donde se concentra un gran número de locales gastronómicos). En estas áreas, la alícuota era de un 50% en los casos en que existieran cerramientos, tengan o no marquesina.
La cuestión no se polemizó en el recinto —en rigor, se sancionó por unanimidad y sin reparos del arco opositor—, y se dejó tal como estaba el artículo 4 del mensaje, eximiendo del pago de estas alícuotas por Drei a los titulares de estos locales hasta fines de diciembre próximo: estos porcentajes se revisarán en el tratamiento legislativo de la próxima Tributaria municipal para el ejercicio 2021, explicó un concejal en el recinto.
Espacio público y pandemia
La gestión del espacio público “es clave para garantizar el distanciamiento social, y así evitar contagios en el marco de la pandemia”, dijo el oficialista Lucas Simoniello. Destacó las reuniones con gastronómicos y hoteleros, en las cuales “se tomaron las consideraciones que ellos hicieron”. Habilitar estos dispositivos implicará además “garantizar la accesibilidad y la seguridad vial (porque muchos balcones gastronómicos estarán ubicados sobre calles)”, añadió.
Aludió a situaciones de desigualdad: “Sabemos que en la ciudad algunos espacios públicos están siendo utilizados (ilegalmente) por algunos locales, y esto implica un trato desigual para con otros comerciantes del mismo rubro”. En esta línea, la ordenanza sancionada “establece reglas claras, un incentivo al sector (con el beneficio de la exención) y garantías para un mejor desarrollo de su actividad”, consideró Simoniello.
Para el radical Carlos Suárez —que celebró la sanción—, la medida se habilita en un contexto difícil, pero que tiene relación “con la ciudad que muchos imaginamos (en medio de una pandemia y luego de ésta); pero también con potenciar el perfil turístico y de buenos espacios de esparcimiento de la ciudad capital. Esta medida puede sumar, ojalá que así sea... Habrá que seguir viendo el contexto actual en que se da porque si bien significa un avance, también es cierto que es de mucha dificultad su aplicación”.
Pidió asimismo informes de tránsito, ya que muchos de estos balcones estarán sobre las aceras: “Frente a esto, es necesario ver qué medidas de seguridad se adoptan en estos espacios: habrá un dictamen previo antes de entregar cada autorización para instalar balcones gastronómicos, dictamen que incluye un análisis sobre el impacto hídrico (por los desagües, principalmente) que puede generar esta medida”. Finalmente, se creará una comisión para que realice un seguimiento periódico de cómo se van implementando los balcones gastronómicos.
Con una resolución sancionada sobre tablas, el Concejo le solicitó al Ejecutivo a que realice un relevamiento de las familias que se encuentran asentadas irregularmente en viviendas precarias en las zonas de reservorios y en tierras inundables de la ciudad, con el objetivo de avanzar en un plan de traslado y reubicación. Fue impulsada por Inés Larriera y Carlos Pereira (UCR-Juntos por el Cambio).
El relevamiento solicitado busca tener un panorama claro “de la situación para diseñar políticas que den solución al problema planteado”; y la elaboración de un plan para el traslado y reubicación de estas familias. “Vemos con preocupación que en estos primeros meses se han comenzado a producir usurpaciones de reservorios y terrenos inundables, donde las familias se van a ver afectadas tanto por crecida de ríos como por lluvias intensas”, alertaron los ediles.
Boletín municipal en formato digital
A instancias de la concejala Laura Spina (UCR-FPCyS), se sancionó una ordenanza por la cual la ciudad capital ahora emitirá sus boletines oficiales en formato digital. Así, se creó formalmente el Boletín Oficial Municipal Electrónico (BEM) en el que se deberán publicar las ordenanzas, decretos y resoluciones, avisos oficiales como licitaciones, concursos, convocatorias o premios, “y todo otro acto administrativo cuya publicación se estime conveniente a criterio del Ejecutivo Municipal o del Concejo”, dice la norma.
El BEM será de acceso libre, público gratuito para toda la ciudadanía mediante internet desde las páginas de inicio de los sitios web de la Municipalidad y del Concejo, y de su propio URL. La autoridad de aplicación (secretaría de Gobierno municipal) fijará la periodicidad de publicación del boletín electrónico, que no deberá superar los 15 días hábiles. Para Spina, la decisión es una herramienta que “garantiza transparencia en la publicación de todos los actos de gobierno”.
Deudas: más tiempo para ponerse al día
Se prorrogó hasta el 30 de septiembre de 2020 el Régimen de regularización de derechos, tasas y contribuciones municipales. También la regularización, reducción o facilidades para el pago de actas de infracciones de tránsito o de infracciones previstas en el Régimen de Infracciones y Penalidades. Es para aquellas deudas contraídas hasta noviembre de 2019. Con esto, la ciudadanía santafesina tiene más tiempo para regularizar sus tributos adeudados con el gobierno municipal.