La Defensoría del Pueblo se hizo eco del reclamo de un grupo de vecinos de barrio Villa Setúbal que rechaza la ejecución de un plan de viviendas del gobierno provincial en tres manzanas ociosas, ubicadas frente a la vía del FF.CC. que corre a la par de calle Vélez Sarsfield. Al este está Tacuarí, Llerena al sur y Pasaje Iriarte al norte.
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Defensor del Pueblo
Henn: "En el plan de viviendas de Villa Setúbal debió hacerse un estudio de impacto ambiental"
Un grupo de vecinos del barrio residencial ubicado cerca de la Costanera solicitó la intervención del omdudsman para garantizar el cumplimiento de sus derechos. El reclamo recayó ahora en el Ministerio de Ambiente. Y la obra continúa paralizada.
Sábado 12.3.2022
/Última actualización 14:51
"Los vecinos nos plantearon una falta de obras de infraestructura para poder llevar adelante la obra y pretenden que se preserven los espacios públicos", dijo este viernes el Defensor del Pueblo de Santa Fe Zona Centro – Norte, Jorge Henn. Luego anticipó que desde el organismo tenían previsto reiterar formalmente -mediante un oficio de insistencia- un pedido al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia para que se lleve adelante "un estudio de impacto ambiental" en la zona a donde se piensan construir las nuevas viviendas. Antes de ello elevaron diferentes oficios y requerimientos de información a los ministerios involucrados.
El proyecto contempla tres licitaciones distintas para la construcción de 108 unidades habitacionales de uno, dos y tres dormitorios, con infraestructura básica, desarrolladas en propiedad horizontal, 78 cocheras y un edificio anexo para actividades de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe.
El mismo fue aprobado, licitado (en septiembre pasado) y adjudicado a una empresa constructora. El obrador fue montado al inicio de este mes en la manzana ubicada más al norte. Pero cuando por estos días iban a iniciar las tareas repentinamente se paralizó. Y los vecinos en conflicto colocaron pasacalles y carteles en rechazo. También hubo agravios a funcionarios públicos y al ex rector de la UTN, quien debió denunciar su caso en el Inadi (lo discriminaron por una discapacidad física).
Lo que quieren los vecinos es que se garanticen los servicios e infraestructura básicos para el incremento de la población en el barrio.
"Por el momento no pueden trabajar porque no tienen la autorización", le dijo el martes pasado la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, a El Litoral, quien reconoció que "la situación está en estado de conflicto" porque "está faltando un informe de impacto ambiental".
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Impacto ambiental
Según pudo saber El Litoral, el proyecto se divide en tres obras (tres licitaciones). De esta forma "se evita legalmente la necesidad de contar con un estudio de impacto ambiental", dijo Henn. Pero para el Defensor del Pueblo, "la obra es una sola" y "debe ser evaluada en su conjunto". En consecuencia "se debió llevar adelante dicho estudio de impacto ambiental".
En busca de lograr acuerdos, "se podría haber convocado a una audiencia pública", dijo Jorge Henn, y agregó en ese sentido: "Percibí escasa voluntad de escuchar atentamente a los vecinos de parte de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo", que es conducida por José Kerz. Ya la ministra Frana se había expresado en el mismo sentido el martes pasado, cuando dijo que desde la Dirección de Vivienda "hubo cierta rigidez al momento de llegar a un acuerdo".
"Más allá de las decisiones políticas, hay que prestar especial atención a los marcos de legalidad y preservar algunos espacios ciudadanos que, sean públicos o no, son considerados como tal", reflexionó Jorge Henn.
