"No somos intrusos, nosotros tenemos autorización de Adif"

De la Redacción de El Litoral
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Un grupo de vecinos autoconvocados de barrio Jardín Mayoraz denuncia abuso municipal en el procedimiento para desalojar terrenos por donde circulará el tren urbano.

También desmienten enfáticamente que hayan sido notificados a tal efecto por la autoridad de aplicación, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Son varios los puntos sobre los que los vecinos agrupados sentaron postura y expusieron documentación. En primer lugar, aclararon que el espacio sobre el que avanzaron, entre la vía y las construcciones, es de seis metros. “Lo que nos autorizó Adif”, aclaró Carola Veltri, una de las autoconvocadas.

En total, son 12 los vecinos que integran el grupo. Viven en terrenos paralelos a la vía, a la altura de calle 1º de Mayo, entre Lavaisse y Hernandarias. “No somos intrusos, nosotros tenemos gestiones hechas de cuando el organismo administrador se llamaba Onabe y hay quienes pagan un canon por el espacio”, dijo Carola que, sobre el terreno en cuestión, construyó una cochera e hizo un jardín. Todos los trámites y actuaciones realizadas por los vecinos forman parte de un expediente en Adif, según aclararon. De hecho, Walter, otro de los vecinos, expuso ante este medio las facturas del pago del canon (50 pesos) por el permiso de ocupación, que comenzó en 1997 y vence en 2017.

Por otro lado, los vecinos advierten que en caso de que el acuerdo con Adif se modifique en algún aspecto, es el administrador el que debe informar al respecto y no la Municipalidad. “Nos comunicamos con Adif y nos repitieron lo mismo: sólo el administrador puede ordenar el desalojo”, remarcó Carola.

En cambio, lo que los vecinos tienen como una presunta notificación de Adif, la llevó una persona que llegó al lugar en una camioneta de la Guardia de Seguridad Urbana de la Municipalidad, para que desocupen los terrenos, o de lo contrario procederían a desalojarlos. Es una hoja sin identificación y firmada por un “analista programador” de Adif, Alejandro Villar. La recibieron el 17 de junio y les daban un plazo de un mes para desocupar.

Al respecto, Carola mencionó que toda la documentación que conservan del administrador ferroviario está claramente membreteada y los firmantes correctamente identificados.

Un aporte a la seguridad

Los vecinos reconocen que sus propiedades, antes de ocupar el espacio del ferrocarril, tenían poco patio. Pero que, como contrapartida de la ocupación, mantienen el sector iluminado, limpio y en buenas condiciones.

“Además, cuando nosotros nos enteramos de la obra del tren urbano, enviamos notas a la Municipalidad para reunirnos con las autoridades y ver cómo podíamos colaborar, manifestar nuestra situación, pero nunca obtuvimos respuesta”, dijo Walter, para dejar en claro su voluntad de acordar.

Los vecinos también hicieron hincapié en que antes de que ellos avancen hacia la vía, eran terrenos oscuros, tapados por los yuyos y que intentaron usurparlos. “En dos oportunidades vino gente, hizo pozos para clavar estacas y chapas. Es inseguro, nosotros mejoramos y estamos dispuestos a colaborar”, dijo Omar Mendieta, otro de los vecinos agrupados.

“Nosotros lo que hicimos fue estirar nuestros fondos, en base a lo que nos autorizaron. Debíamos respetar la vía, a seis metros. Y eso es lo que hicimos”, concluyó el vecino.

La versión de la Municipalidad

Ayer el municipio informó que comenzó un operativo para demoler una serie de construcciones que ocupan indebidamente terrenos del ferrocarril y que forman parte de la traza del tren urbano. Puntualmente, se trata del sector cercano a las vías, ubicado entre Salvador del Carril y avenida Facundo Zuviría.

El procedimiento comenzó el lunes, con la demolición de construcciones ilegales ubicadas en cercanías del apeadero de Estanislao Zeballos, en donde se habían levantado construcciones para el desarrollo de actividades comerciales que carecían de toda habilitación.

La Municipalidad informó que los propietarios fueron intimados y, transcurrido el tiempo debido, se procedió a la demolición de las obras ejecutadas en contravención al Reglamento de Edificaciones Privadas en terrenos de dominio público para despejar el área.

En la información constaba que “el Estado nacional, mediante notificaciones enviadas a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), también intimó a los vecinos a restituir las parcelas indebidamente ocupadas”, cosa que fue negada por los vecinos.