Multas de más de $ 1 millón y trabajo social para quienes organicen "clandes"

Tras el impacto y la indignación que generó el video viralizado de una fiesta clandestina en un country de la zona -y que le valió la renuncia de un funcionario provincial, que estaba presente-, el Concejo sancionó una ordenanza que busca desalentar las llamadas "clandes", con duras sanciones para quienes las organicen y para los titulares de los inmuebles donde éstas se desarrollen. Las penas serán económicas y "de reparación social", puesto que los infractores podrían, a instancias del juez de faltas municipal, realizar trabajo comunitario como "devolución" de la contravención cometida.

Todo propietario, poseedor o tenedor de un inmueble en el cual se realice una fiesta privada calificada como ilegal o clandestina, así como los responsables de la organización, serán sancionados con multa de 15.000 mil Unidades Fijas (UF) hasta 25.000 UF. Cabe recordar que la UF es una unidad de cálculo que surge del promedio del valor de las naftas súper, prémium y diésel del Automóvil Club Argentino (ACA), y que se aplica para calcular el costo de las multas tipificadas en el Régimen de Infracciones y Penalidades local (Ordenanza N° 7.882).

Hoy, cada UF cuesta 45,78 pesos: así, el valor de mínima de la sanción económica por organizar una "clande" será de 686.700 pesos, y el de máxima de 1.114.500 pesos. Al monto definitivo lo dispone el juez de faltas municipal. "El dinero recaudado de estas multas será destinado a políticas sanitarias relacionadas con la emergencia sanitaria", dice el texto aprobado por unanimidad en el Concejo.

La ordenanza establece también que podrán caber sobre los infractores, además de la sanción económica, el decomiso de todos los elementos -a criterio de la autoridad de aplicación, que será la secretaría de Control municipal- necesarios para la realización del evento prohibido, y la inhabilitación de hasta 180 días cuando se trate de un inmueble, piezas o infraestructuras pertenecientes a un comercio habilitado. Asimismo, el juez de faltas puede aplicar a los contraventores, como penas accesorias, "la realización de 50 a 100 horas de trabajos no remunerados de solidaridad con la comunidad".

La norma tiene por objeto "desalentar y sancionar la organización de fiestas privadas ilegales o clandestinas en el ámbito de la ciudad, y regirá mientras dure la situación de emergencia por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (nuevo coronavirus). Y define a una fiesta privada ilegal o clandestina como "toda reunión de personas contraria a las disposiciones vigentes, realizada al aire libre o en espacios cerrados, durante la emergencia sanitaria declarada en virtud la pandemia", deja el claro el texto. Fue impulsada (en dos despachos unificados) por Luciana Ceresola, Sebastián Mastropaolo (Pro-Juntos por el Cambio) y Carlos Suárez (UCR-Juntos por el Cambio).

"Va a doler el bolsillo"

"En el último tiempo vimos un relajamiento social en la ciudad, con gran proliferación de fiestas clandestinas. Evidentemente, muchas personas no se hacen eco de la emergencia sanitaria, de la gravedad de la situación actual ni del impacto que podría tener contagiarse (en una reunión social ilegal) para sus familias y para la comunidad", declaró Ceresola en el recinto.

Si bien la sanción es fuerte por la carga punitiva de las multas y no resuelve el problema de raíz, "creemos que (esta norma) va a desalentar la realización de fiestas clandestinas; porque quienes las quieran organizar lo van a pensar varias veces: les va a doler el bolsillo", expresó.

La edila enfatizó sobre la otras "dos patas" que deben complementar la norma: "Podríamos hacer la mejor ordenanza, pero siempre va a caer en saco roto si no hay control del Estado local y si no hay responsabilidad individual y social. Urgimos más controles tanto del municipio como del Ministerio de Seguridad en la ciudad. Una fiesta clandestina es un delito para la salud de todos", subrayó.

Incorporar la palabra "desaliento" en el texto representa, para Suárez, el espíritu de la norma. "Extender y diversificar las responsabilidades, extendiéndolas a los propietarios de los inmuebles donde se desarrollen fiestas ilegales, y plantear la posibilidad de que se decomisen y secuestren los elementos de una fiesta (parlantes, heladeras, etcétera), no son elementos menores", consideró.

"Buscamos con esto ayudar al Estado, pero el control no debe ser a posteriori (sobre el hecho consumado) sino permanente, para actuar a tiempo. No será tan sencillo sacarse la mochila de una multa de este tipo: le quedará el antecedente a esa persona contraventora, a quien no le resultará fácil por ejemplo, renovar el carnet de conducir", puso como ejemplo el edil radical.

Finalmente, el presidente del Concejo, Leandro González, puso en un contexto sanitario la sanción de esta norma: "Vemos la alta ocupación de camas críticas, la instalación de un hospital de campaña (frente al Cullen), el desgaste de la salud pública y de sus trabajadores. Tras 414 días de pandemia, estamos es un momento muy difícil y hay que cumplir con medidas sanitarias", pidió.