El municipio tiene 2 años para definir el marco regulatorio del tren urbano

Luciano Andreychuk
[email protected]
Twitter: @landreychuk

El ya conocido “trencito de Barletta”, frase que se ha vuelto vox populi entre los santafesinos, volvió a ser tema de polémica en el Concejo local. Otra vez y van: siempre que se tocó ese tema hubo voces cruzadas. Ahora se aprobó una ordenanza que establece un plazo máximo de 24 meses para que el Ejecutivo resuelva un marco normativo específico para el funcionamiento de ese subsistema ferrovial. Mientras tanto, se regirá por la ordenanza Nº 11.580, que regula el transporte por colectivos.

La norma se sancionó sólo con los votos del interbloque oficialista, que todavía tiene mayoría. Cuatro ediles de la oposición votaron en contra, por calificar que la normativa para el funcionamiento del tren urbano “debió haberse planificado y resuelto desde el principio, incluso antes de comprarse los coches”, resumió Ignacio Martínez Kerz (PJ / Santa Fe es una sola).

Él, sus compañeros de bloque -Sebastián Pignata y Juan J. Saleme- y Fernando Fleitas (bloque unipersonal Santa Fe Mi País) acompañaron la postura. Martínez Kerz pidió moción de orden para que el despacho vuelva a comisión; hasta le tuvo que pedir al presidente del Concejo, Leonardo Simoniello, que se vote la moción solicitada, porque éste último ya pedía pista para sancionar en general y en particular la norma. Nada: el oficialismo lo aprobó tal como se envió desde el Ejecutivo.

Qué dice la norma

La ordenanza sancionada establece que el Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 24 meses desde la puesta en funcionamiento del servicio de transporte público ferroviario de pasajeros, para elaborar un marco regulatorio específico sobre la prestación del subsistema ferrovial.

Para ello, deberá considerar una serie de puntos, como la compatibilización del tren urbano en el marco general del sistema de transporte público de pasajeros de la ciudad; medidas de protección de la seguridad de los usuarios del servicio; difusión de información cierta, clara y adecuada a los usuarios; previsión de condiciones de accesibilidad del servicio, y análisis de costos y tarifas.

El Ejecutivo también deberá enviar al Concejo informes semestrales donde se especifiquen cuestiones vinculadas a la planificación, implementación y proyección del servicio de transporte por tren urbano. ¿Qué pasará hasta que esté la regulación específica? El tren urbano se regirá por la ordenanza que regula el funcionamiento de sistema de colectivos en la ciudad.

Posturas encontradas

Desde la vereda oficialista, el radical Ariel Rodríguez defendió la norma regulatoria. “Es una buena noticia. En 2014 se sancionó la ordenanza Nº 12.156 que establece un principio de adecuación en el sistema. Y se le encomendó al Ejecutivo que prepare un marco regulatorio específico. En ese momento se preveía que el sistema ferrovial ya iba a estar en funcionamiento”.

Pero la autorización de Nación al municipio para poner a andar el tren se demoró mucho más de lo previsto, con los coches ya adquiridos.

“Nos parece que ahora hay que armar ese marco normativo. Que el sistema empieza a funcionar, y que de manera provisoria se aplique el plexo normativo que rige para los colectivos. Es la solución más conveniente y adecuada. Y nos permitirá poder ir viendo cómo funciona el nuevo transporte ferrovial”, resaltó Rodríguez.

La oposición elevó sus críticas: “Este tren urbano, que ya lleva más de 6 años de gestación, fue insertado en el ideario de nuestra ciudad de manera irregular sin ninguna norma que avale, regule y propicie el emprendimiento. Además se compraron los coches sin tener la autorización, sin haber hecho las obras de infraestructura correspondientes, sin la autorización necesaria para establecer su recorrido”, disparó en el recinto Martínez Kerz.

Al sancionar la norma “estamos otorgando mayores plazos para que el Ejecutivo haga lo que debió haber hecho hace mucho tiempo. Y avalaríamos el funcionamiento en fecha incierta de un transporte que no se encontraría contemplado por nuestra legislación”, agregó el concejal opositor.

“Se está reconociendo que hay falencias en la planificación e implementación del servicio. Sancionar la norma sería una negligencia legislativa insalvable”, remató Martínez Kerz.

Las palabras no alcanzan más que las mayorías: habrá dos años de plazo para planificar cómo regular el tren.